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a - Educación |
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b - Salud |
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c - Medio Ambiente |
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a - Política Fiscal |
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d - Política Laboral |
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c - Sector Turismo |
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f - Sector Bancario |
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g - Marco Bursátil |
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 CONGRESO ENADE 2001 |
 Ing. Benjamin Trabanino Sector Constructor |
 Ing. Federico Colorado Sector Educación / Vivienda |
 Ing. Gustavo Belimelis Sector Bancario |
 Ing. Napoleón Guerrero Sector Industrial |
 Lic. Carlos Delgado Sector Turismo |
 Lic. Carlos Martinez Sector Empresario |
 Lic. Mo. Salaverria Sector Agropecuario |
 Lic. Vilma de Calderón Sector Comercial |
 Sr. Rolando Duarte Mercado Bursátil |
 Sr. Elías Antonio Saca Macroeconomía |
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SEGUNDA
PARTE
POLÍTICAS SOCIALES Y
COMPETITIVIDAD
Ahora más que nunca, la competitividad económica requiere que los países se apoyen en una población altamente productiva. Existe evidencia empírica que muestra que la inversión en más y mejor educación y salud constituye la óptima inversión que podemos hacer para garantizar tanto la capacidad productiva de los salvadoreños, como su posibilidad real disfrutar de una mejor calidad de vida. Por eso mismo son fundamentales también los esfuerzos y la inversión dirigidos a dotar a los salvadoreños del presente y del futuro de un ambiente sano y sostenible.
La revolución científico-tecnológica ha puesto el conocimiento en un primer plano en la economía mundial. Como lo subraya el Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2001, la educación es un medio privilegiado de intervención sobre la realidad social, porque de ella depende en gran medida la capacidad de los miembros de la sociedad para integrarse a los procesos económicos, políticos, sociales y culturales.
Por esa razón, un sistema que promueva la igualdad de oportunidades educativas garantiza que una sociedad puede avanzar hacia mayores niveles de equidad. En el contexto actual de globalización, donde la creación de valor agregado, los aumentos en productividad y la competitividad de los países aparecen directamente ligados a las capacidades, habilidades y destrezas técnicas de sus habitantes, el papel de la educación es decisivo. De la misma manera, la situación de salud de un país determina en gran medida la capacidad de generación de ingresos de sus individuos y familias y el crecimiento económico.
En El Salvador han habido avances importantes desde inicios de los 90 en los indicadores sociales, los cuales tiene todavía retos importantes. El habitante promedio no cuenta con educación primaria completa, el 18 por ciento de la población mayor de 10 años no sabe leer ni escribir, la calidad de la educación es muy deficiente, y se refleja en los bajos rendimientos obtenidos en las distintas pruebas que lleva a cabo el Ministerio de Educación. A esto se añade el hecho que la educación tecnológica y superior se encuentran altamente desligada de las necesidades que surgen en la economía real.
En cuanto a la salud, casi la cuarta parte de la población que se enferma no busca ninguna atención, proporción que aumenta a más de la tercera parte entre las personas más pobres. La mayor parte de esta población se encuentra dispersa en las zonas rurales y en las urbanas marginales y no ha existido una estrategia efectiva para hacerle llegar servicios de salud. Paradójicamente, se han venido asignando recursos crecientes a intervenciones de alto costo y baja efectividad, sobre todo en aspectos curativos al ampliar servicios a los que tiene acceso un limitado conjunto de la población, mientras aún no se garantiza que otro segmento tenga acceso a las intervenciones más elementales.
Otro de los factores fundamentales para contribuir a elevar el nivel de vida de la población y para promover el crecimiento económico y la competitividad es el desarrollo de infraestructura física, que incluye la dotación de servicios básicos y la infraestructura de transporte que facilite el acceso a los distintos mercados. La competitividad externa y la integración a la economía global tienen que estar basadas en la creciente integración interna de todas las regiones del país, y en el desarrollo de la economía local.
Sólo así se logrará un desarrollo más equilibrado y equitativo, y se frenará la creciente migración del campo a la ciudad en busca de mayores y mejores oportunidades de ingreso, principalmente al Área Metropolitana de San Salvador. El déficit de infraestructura productiva y de transporte es más agudo en el área rural, en donde el hogar promedio se encuentra a media hora de la carretera pavimentada más cercana, y sólo el 56 por ciento de los hogares tiene acceso a electricidad y solo un tercio tiene acceso a agua potable.
Los desastres naturales ocurridos durante el 2001 han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la población salvadoreña y la necesidad de invertir en las áreas sociales. Es importante seguir aumentando la proporción del presupuesto dedicado a los sectores sociales y hacer un mejor uso de los recursos con el fin de mejorar la situación de la población a la vez que se aumenta la capacidad productiva del país.
Otro aspecto que disminuye la competitividad del país y frena el aumento de la inversión productiva es la inseguridad jurídica y ciudadana. La inestabilidad en el marco jurídico establecido y discrecionalidad en su aplicación por parte de los jueces crea dudas y temores en los inversionistas, los cuales también están expuestos a riesgos personales y sus costos de operación se ven incrementados por los altos gastos en seguridad que deben proporcionar a sus empresas. Las autoridades han avanzado en solucionar los problemas jurídicos y ciudadanos, sin embargo, las dificultades son de tal magnitud, es necesario redoblar esfuerzos y realizarlos de manera coordinada los actores que les corresponde por ley con el apoyo de la sociedad civil.
La parte que corresponde a las Políticas Sociales y Competitividad contiene propuestas las siguientes áreas:
B. Salud.
C. Medio ambiente.
D. Seguridad jurídica y ciudadana.
E. Infraestructura y transporte.
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El mundo moderno está basado en conocimiento y los países que mejor produzcan y tenga acceso al mismo, lograrán ventajas considerables sobre aquellos que viven de explotar la mano de obra barata y de producir materias primas y productos de escaso valor agregado. Hoy en día, la aplicación de conocimiento a la producción de bienes y servicios es una necesidad impostergable si se quiere mejorar el nivel de vida y aumentar la riqueza de los países. El conocimiento tiene una ventaja sobre los demás factores de la producción, ya que se puede utilizar simultáneamente por otros y en lugares distintos, y aquellas sociedades que desarrollen capacidades para absorber y utilizar el conocimiento existente, pueden lograr ventajas insospechadas. |
Ing. Federico Colorado / Sector Educación |
El sistema educativo juega un rol de primer orden en este proceso y la educación superior, un papel estratégico en el corto plazo, pues es innegable que todos debemos aprender a conducirnos en este nuevo mundo y no hay mucho tiempo. Nuestras debilidades actuales son demasiadas y sólo uniendo esfuerzos podemos minimizarlas.
La empresa y la academia deben integrarse en un ambiente de ganar &endash; ganar, en el cual los recursos de la empresa ayuden a generar conocimiento por parte de la segunda y que éste pueda ser aplicado a la producción de bienes y servicios, retribuya el esfuerzo y genere una espiral de desarrollo y bienestar nacional. Al Estado le corresponde alentar el proceso y facilitar condiciones y recursos para el inicio de este proceso.
Existen zonas de coincidencias importantes entre los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y los de Educación Superior. La calidad de la educación en todos los niveles, es uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico del país.
La base educacional de la sociedad, es el motor que genera la capacidad científica y tecnológica y esto incluye todas las modalidades y todos los niveles de educación formal de parvulario, básico, medio, centros vocacionales o de capacitación técnica y el nivel superior, así como la formación no formal, y las diversas modalidades de educación continua.
La importancia del conocimiento de la ciencia y de la técnica como herramientas de desarrollo y competitividad, deben ser parte fundamental de las prioridades para encarar el futuro de la nación, para lo cual deben establecerse: las políticas nacionales que incentiven la formación del recurso humano calificado y del entorno favorable para la utilización del conocimiento al servicio de la sociedad, y los fondos necesarios para apoyar los respectivos programas y estrategias.
El futuro próximo del país depende de la trilogía educación, sector productivo y gobierno y debemos integrarla y hacerla funcionar. La propuesta del sector privado en educación se divide en tres niveles complementarios: educación formal, educación no formal y ciencia y tecnología.
1. Acelerar la provisión y dotación de capital humano a la población salvadoreña, para alcanzar en el menor plazo posible los mejores niveles de recursos calificados de América Central.
2. Lograr que la educación alcance el máximo desempeño como mecanismo para otorgar igualdad de oportunidades a los salvadoreños de aumentar sus niveles de ingreso.
3. Promover capital humano de acuerdo a las características que demandan los mercados globalizados, como resultado de la mayor integración a la economía internacional.
4. Crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de la contribución personal a la sociedad y la satisfacción por cumplir las tareas que nos corresponden.
5. Propiciar la formación sistemática de recurso humano calificado de alto nivel para la generación de investigación estratégica científica y/o tecnológica.
6. Impulsar en el corto y mediano plazo el sistema de financiamiento al desarrollo científico y tecnológico orientados a las actividades productivas y al desarrollo de recursos humanos.
1. Apoyar el establecimiento del Sistema Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
2. Poner en funcionamiento a la brevedad posible el Centro de Formación de San Bartolo, transfiriéndolo al INSAFORP para darlo en concesión a los privados.
3. Reformar los artículos 70 y 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y establecer un Régimen Administrativo Especial para el INSAFORP.
4. Reformar la Ley de Formación Profesional, orientando el INSAFORP hacia la formación continua.
5. Ampliar la cobertura del modelo de aprendizaje empresa-centro que realiza el INSAFORP con los Centros Acreditados y con las empresas voluntarias.
1. Aumentar la inversión en educación pre-escolar por ser la etapa de más desarrollo intelectual y de mayor rentabilidad para la sociedad.
2. Incluir en los programas de primaria y secundaria nuevas herramientas para el conocimiento global como: contenidos empresariales básicos, dominio del idioma inglés, manejo de computadoras y lógica, aplicaciones prácticas de física y química, entre otras.
3. Incorporar en los planes de estudio de bachillerato unidades valorativas de acuerdo a las competencias que los alumnos quieran adquirir como mercadeo, publicidad y otras.
4. Incluir seriamente programas encaminados a la enseñanza de valores, de ética, de moral, y a la formación integral a los niños que asisten a las escuelas.
5. Desarrollar programas continuos de formación y actualización a los maestros, y tomar periódicamente una PAES a los mismos, como una medida de su capacitación y actualización.
6. Evaluar con una PAES a los aspirantes a maestros y establecer una nota mínima para ser aceptados en el escalafón de la carrera docente.
7. Fortalecer financieramente el desarrollo de Institutos Nacionales de formación tecnológica bajo el esquema de APREMAT.
8. Crear un cluster de educación universitaria.
9. Reorientar la educación universitaria en función de la demanda de competencias en el mercado y de los principales ejes que se definan para el desarrollo del país.
10. Modernizar la Universidad de El Salvador para mejorar la calidad de su enseñanza.
11. Orientar los recursos educativos regionales en función de las propuestas de las Acciones Territoriales del Plan de Nación.
1. Establecer programas de becas para estudios de doctorados y maestrías de alto contenido tecnológico en el exterior en función de los ejes de desarrollo del país.
2. Agilizar la coordinación entre el gobierno, las embajadas de países amigos, el sector privado y las universidades, para aprovechar las oportunidades de becas que ofrece al país la cooperación internacional.
3. Promover el retorno al país de investigadores salvadoreños radicados en el extranjero.
4. Establecer políticas, programas y estrategias nacionales para descubrir y desarrollar jóvenes talentos.
5. Iniciar el Sistema de Financiamiento de la Investigación y Desarrollo con un aporte anual del Estado de US $ 1.5 millones de dólares y fortalecerlos a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con US $ 10 millones de dólares, los cuales serán asignados mediante el mecanismo de fondos concursables por empresas y/o universidades en proyectos de investigación y apropiación tecnológica.
6. Generalizar la enseñanza y difusión del uso del Sistema Internacional de Unidades de Medida en todos los niveles de la educación formal, destacando los beneficios que significa su utilización para la actividad exportadora.
La buena salud de una población es fundamental para estar en condiciones de tener un mayor crecimiento económico y mejorar el bienestar de toda la sociedad. Las características de nuestro sistema nacional de salud corresponden a un país en vías de desarrollo, con bajos niveles de inversión por parte del sector público y con amplios sectores descubiertos de la prestación del servicio.
De acuerdo al documento presentado por el Consejo de Reforma del Sector Salud presentado en diciembre de 2000, los principales retos que se presentan para realizar la reforma del sector son:
- Falta de equidad y cobertura insuficiente de los servicios de salud.
- Poca calidad y limitada eficiencia.
- El marco legal no se aplica adecuadamente.
- Segmentación e insuficiente coordinación entre los diferentes actores en salud.
- Centralismo en las instituciones públicas de salud.
- Poca participación social.
1. Lograr una mejora sustancial en los indicadores de salud, con el propósito de alcanzar los mayores niveles en América Central.
2. Estimular de manera particular la acción preventiva en materia de salud, sin dejar de atender la parte curativa.
3. Mejorar la transparencia, la cobertura, la calidad y la eficiencia de los servicios de salud.
4. Actualizar el marco legal y asegurar su cumplimiento.
5. Incentivar la participación de la comunidad en la prestación de los servicios de salud.
1. Dar seguimiento a la Propuesta de Reforma Integral de Salud presentada por el Consejo de Reforma del Sector Salud, en aquellos aspectos que beneficien a la población. En particular se retoman las siguientes propuestas:
i. Consolidar un Sistema Nacional de Salud, y establecer un modelo de gestión basado en un ente rector.
ii. Consolidar un modelo de provisión mixta y en la atención basado en la promoción, la prevención y la atención primaria de salud.
iii. Institucionalizar la participación social y la descentralización como ejes transversales del sistema de salud, como la toma de decisiones por la comunidad en el proceso de planeamiento de la salud.
iv. Invertir en los recursos humanos para la salud como elemento central del cambio y gestión del sistema, incluyendo profesores extranjeros que capaciten en el país los cuadros médicos, subespecialistas, promotores de salud, enfermeras y otros.
v. Fortalecer la intersectorialidad en la respuesta social organizada a los retos en salud. Ejemplo: agua potable, saneamiento, educación.
vi. Garantizar servicios esenciales de salud a toda la población.
2. En caso de ser necesario, que el sistema de salud compre y/o contrate servicios de igual o mayor calidad que los propios, con la debida regulación y transparencia.
3. Establecer mayor control sobre los esquemas de pensionado que los hospitales del sector público prestan a la población.
4. Solicitar los mismos requisitos tanto a los laboratorios nacionales como a los extranjeros en los procesos de licitación, considerando la realidad de la industria local.
5. Las bases de licitación pública de productos farmacéuticos deben simplificarse, estar de acuerdo a lo establecido en la legislación pertinente y ser uniformes en la medida de lo posible tanto para el ISSS, los Hospitales Nacionales y el Ministerio de Salud Pública.
Para modernizar y reestructurar el ISSS se propone lo siguiente:
1. Actualizar el marco legal de la Institución.
2. Crear un equipo específico multidisciplinario que identifique y dé seguimiento a los campos en que la Institución debe y puede modernizarse para conducirla a una exitosa reorganización.
3. Continuar con la descentralización de la administración y del primer nivel de atención a través de clínicas empresariales, comunales, consulta alternativa modificada y otros esquemas similares.
4. Nombrar coordinador específico para los proyectos de construcción o reconstrucción que realice la Institución. En especial, nombrar un coordinador del Proyecto del Hospital General, que de seguimiento al proyecto y facilite la gestión.
5. Para lograr transparencia en la gestión, contratar una consultoría externa que formule los términos de referencia en áreas como infraestructura, compras, servicios y medicamentos.
6. Continuar el proceso de mecanización para el manejo de la información de compras, inventarios y necesidades de insumos, estableciendo una red con los Centros de Atención.
7. Abrir el sistema, dando toda la información a los proveedores, de ser posible a través de Internet y diseñar un mecanismo ágil de apelaciones que sea transparente y público.
8. Realizar evaluaciones periódicas para identificar la idoneidad del personal de acuerdo al perfil de cada cargo.
9. Fortalecer la capacitación del personal en áreas claves de gestión.
10. Abrir el sistema para generar transparencia y confianza en los nombramientos del personal.
11. Crear un centro de quejas que permita al usuario exponer sus dificultades en los servicios que recibe.
12. Ampliar la comunicación de los servicios que brinda la Institución.
El deterioro del medio ambiente ocupa un lugar prominente en todo tipo de iniciativas políticas, económicas y sociales que se gestan en el sistema de Naciones Unidas, en especial los esquemas de cooperación de los países desarrollados al resto del mundo.
El Salvador destaca a nivel internacional por las características dramáticas del entorno ambiental, por la deforestación, altos niveles de contaminación de los recursos hídricos, incremento de la contaminación del aire en los centros urbanos y la presencia de enfermedades respiratorias que deterioran la calidad de vida, especialmente de los sectores más vulnerables de la población.
Las acciones emprendidas por el gobierno son insuficientes, en comparación con la magnitud del problema, lo que demanda un esfuerzo concertado entre todos los sectores para hacer frente, detener e idealmente revertir el deterioro ambiental del país.
1. Contribuir a reducir el deterioro ambiental del país, cumpliendo las leyes, reglamentos y normas que garanticen su recuperación y conservación.
2. Propiciar el desarrollo de una verdadera y efectiva cultura ambiental y ecológica, para asegurar el desarrollo sostenible del país.
3. Acelerar la adopción y aplicación de todas aquellas metodologías y procesos tecnológicos que permitan a la producción nacional prevenir la contaminación al menor costo posible.
1. Promover un diseño de ordenamiento territorial de todo el país, tomando como base el uso potencial del suelo así como la prevención de desastres naturales.
2. Definir e impulsar la política nacional del medio ambiente, retomando los documentos presentado por el sector privado en 1999.
3. Adecuar la Ley de Medio Ambiente para que no sea un obstáculo al desarrollo del país.
4. Diseñar una Política Nacional de Producción Más Limpia, que incluya sistemas de créditos e incentivos ambientales, mecanismos financieros para programas de compensación y programas de financiamiento para reconversión ambiental.
5. Actualizar a la brevedad la Ley Forestal.
6. Establecer un programa de compensación ambiental utilizando mecanismos de mercado.
7. Aprobar normas y estándares de calidad acordes a la realidad económica del país. En particular, aprobar la propuesta de norma de aguas vertidas presentadas por el sector privado.
8. Realizar las auditorias ambientales por parte de empresas privadas, previamente certificadas por CONACYT.
9. Impulsar campañas permanentes de educación ambiental enfocadas a la concientización de los niños y de la población en general, de acuerdo a lo establecido en el marco legal.
10. Ejecutar programas que disminuyan el humo de los vehículos automotores.
Uno de los determinantes de la inversión es la calidad del clima de negocios, la que a su vez está estrechamente ligada con la seguridad jurídica. La inseguridad jurídica incide negativamente en la capacidad de los países del área en la efectividad con la que pueden atraer y mantener inversiones.
De acuerdo con el estudio Seguridad Jurídica e Inversiones elaborado por el INCAE, el PNUD y la Universidad Complutense de Madrid, el significado central de la seguridad jurídica "está asociado a la idea de suministrar certeza sobre lo que es derecho en cada momento y lo que previsiblemente será en el futuro".
La falta de seguridad jurídica proviene principalmente de las siguientes fuentes:
- Un sistema político inestable.
- Normas demasiado ambiguas y cambiantes.
- Actuación administrativa excesivamente discrecional.
- Una tutela judicial inefectiva.
- Criminalidad
Un clima de negocios adecuado para las inversiones, se construye entre otras cosas, sobre la base de ciertas instituciones jurídicas y políticas que tienen que ver con lo siguiente:
- Libertad de establecimiento empresarial.
- Libertad de acceso a los mercados.
- Un sistema de derechos de propiedad privada y pública.
- Un derecho de contratos que facilite el intercambio reduciendo los costos de transacción.
- Un poder legislativo encargado de aprobar las normas y un poder ejecutivo y judicial encargados de hacer cumplir las leyes y las normas privadas.
En nada influyen aquellos esfuerzos que puedan realizarse en el campo económico y social, si por otro lado, tenemos un auge delincuencial que pone en riesgo la permanencia de la inversión local y la atracción de inversión extranjera.
Recientemente han sido hechas públicas declaraciones de los Estados Unidos, en la cuales se ha señalado a países de la región para que no llegue más inversión ni turismo, por el grado de inseguridad que presentan. No podemos permitir que en el caso de El Salvador, se llegue a esos extremos.
Lograr un clima de seguridad jurídica y ciudadana pasa por hacer entender a los actores políticos, gobierno central y órgano judicial, que es necesaria la estabilidad en las reglas del juego y que cualquier empresario busca la estabilidad y el retorno de su inversión, a través del cumplimiento del marco legal que desde un inicio ha conocido y que está dispuesto a cumplir, sin que durante el camino sufra cambios abruptos, los cuales son producto en muchas ocasiones de motivaciones políticas más que estratégicas.
La depuración permanente de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, así como el inicio de un proceso de depuración dentro de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es de vital importancia para reestablecer la confianza de la ciudadanía en estas instituciones, logrando con ello el fomento de la denuncia ciudadana y la participación más activa y agresiva de las organizaciones de vecinos que en coordinación con las autoridades pueden lograr la disminución de la situación delincuencial en sus respectivas ubicaciones geográficas.
De igual forma, actor clave en la estabilidad jurídica de un país es el Órgano Judicial. Aún falta mucho por hacer en este aspecto, con acciones como la capacitación de los funcionarios judiciales para que sus criterios de interpretación de la legislación sean objetivos, técnicos y académicos, así como la imposición de sanciones administrativas que pueden llegar al extremo de la remoción, para aquellos jueces a quienes después de un debido proceso, se les compruebe la arbitrariedad, la negligencia o lo que es peor, la mala aplicación de la ley.
De ahí la imperiosa necesidad de contar con un Órgano Judicial fortalecido, cuya credibilidad sobrepase las expectativas de los ciudadanos, que cumpla eficientemente su obligación de administrar justicia y que con independencia de criterio, guié a nuestro país, hacia el establecimiento de un estado de derecho.
1. Procurar un clima de tranquilidad en los inversionistas locales y extranjeros, con reglas claras que les aseguren un ambiente propicio para su desarrollo y obtener un retorno adecuado de su inversión.
2. Incrementar la confianza de la ciudadanía en general, en el sistema de administración de justicia, a través de medidas que la hagan eficaz y expedita.
3. Apoyar e impulsar los esfuerzos de las autoridades en el combate a la delincuencia.
4. Fomentar la denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades en la investigación del delito y la preparación de los casos a nivel judicial.
1. Elaborar una agenda de producción normativa en coordinación con la Asamblea Legislativa.
2. Incorporar las sugerencias que se propongan a los proyectos de ley, para evitar leyes que no funcionan o que deben ser modificadas rápidamente.
3. Analizar el número de tribunales existentes, su ubicación, recursos y necesidades y crear nuevos tribunales en zonas rurales.
4. Crear un software con la recopilación de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en todas las materias de su conocimiento, que sea de acceso gratuito para jueces y abogados en ejercicio.
5. Intensificar las campañas de divulgación sobre los tribunales existentes, ubicación, materia de su conocimiento y fomento de la denuncia ciudadana.Realizar exámenes más rigurosos para la autorización de notarios y abogados.
7. Fortalecer la Unidad de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, coordinando su trabajo e iniciando de oficio las investigaciones que sobre actuaciones dudosas se hagan públicas a través de los medios de comunicación.Fomentar la especialización universitaria de postgrado para la formación de jueces y fiscales en diversas materias, con énfasis en el conocimiento de la filosofía empresarial.
9. Discutir métodos alternativos de resolución de conflictos, e impulsar la aprobación de la Ley de Arbitraje.
10. Promover la reforma integral de las leyes procesales civiles y mercantiles, fomentar la celeridad en los procesos e implantar un proceso oral en materias mercantiles y civiles.
11. Promover la aprobación de la Ley General de Procedimientos Administrativos.
12. Disminuir la mora judicial.
1. Revisar los principios que fundamentan la legislación salvadoreña penal, procesal penal y relacionada, para eliminar el excesivo garantismo a favor del imputado.
2. Continuar con la Depuración de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República.
3. Iniciar una depuración de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
4. Fortalecer la seguridad interna y externa en los centros penitenciarios, subcontratando seguridad privada en algunos casos y modificar la ley penitenciaria.
5. Crear corredores de seguridad en las zonas turísticas, como en la playa, las montañas y ciudades.
6. Intensificar el combate contra el delito del secuestro, en coordinación con los distintos sectores.
7. Coordinar esfuerzos con instituciones de la sociedad civil, para la implantación de programas de prevención del delito, rehabilitación del delincuente y su posterior reinserción en la sociedad.Intensificar la lucha frontal contra el crimen organizado, fortaleciendo las instituciones responsables e incentivando la participación ciudadana a través de la denuncia y la organización local.Implantar en la región el Tratado Centroamericano para la Prevención, el Robo y la Circulación de Vehículos.Crear un sistema de estadísticas confiable y creíble, que proporcione información independiente de las presiones de la autoridad respectiva, a través de una institución de la sociedad civil, como por ejemplo la Fundación Paz Ciudadana, que tenga como fuente todas las instituciones que investigan el delito y administran justicia.
La conectividad entre las distintas regiones del país y con el resto de países del área centroamericana es un requisito para alcanzar los niveles de desarrollo y de distribución del ingreso que deseamos para la población salvadoreña.
Actualmente en el país no existe un plan de ordenamiento y crecimiento territorial, y amplias zonas se encuentran aisladas del resto del territorio a pesar de tener una superficie apenas superior a los 20 mil kilómetros cuadrados. Lo anterior es consecuencia que las carreteras y las vías de comunicación han sido planeadas y desarrolladas a partir de conceptos centralistas, provocando una gran concentración de actividades productivas en las ciudades más importantes y una gran concentración de la pobreza en los lugares más alejados de dichas ciudades.
Existen esfuerzos importantes para desarrollar distintas regiones del país en función de sus características y alrededor de planes que permitan un crecimiento sostenido, generación de empleo, creación de nuevas pequeñas empresas locales, fomentar la capacidad empresarial y aumentar los niveles de educación y salud, así como conectar las distintas regiones entre sí, generando desarrollo local y disminuyendo la pobreza.
Las Acciones Territoriales del Plan de Nación identifican cuatro regiones que requieren para su desarrollo, entre otras cosas, estar conectadas a su interior y con el resto del país, ha planteado proyectos concretos para ser implantados.
Dado que las características de estas inversiones son de mediano y largo plazo, los recursos necesarios para ejecutar las Acciones Territoriales demandan voluntad política y requieren de esfuerzos importantes de coordinación entre las diferentes instancias del gobierno central, las municipalidades, las instituciones autónomas, los empresarios locales y las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el desarrollo local.
Proyectos de mediano y largo plazo exigen consensos entre los diferentes agentes para asegurar las sostenibilidad de la ejecución de las distintas etapas.
Recientemente el Plan Puebla Panamá presentó una gran variedad de proyectos en infraestructura, de vías de comunicación así como de transporte de energía eléctrica. En este punto, es importante que avancemos como país en alcanzar realmente un mercado competitivo que signifique al consumidor pagar un precio adecuado por su consumo.
Los altos precios de la energía eléctrica que se experimentan desde principios del año pasado no solamente reflejan el alza en los precios internacionales del petróleo y un menor abastecimiento de agua para los embalses que generan a partir de fuerza hidráulica, sino que también ponen de manifiesto que la reforma al subsector eléctrico se encuentra incompleta.
La cantidad de buses del transporte colectivo que circulan durante varias horas del día con escasos pasajeros, con unidades en mal estado que contaminan fuertemente el aire que respiramos y que generan fuertes congestionamientos en varios lugares de la región metropolitana y a distintas horas del día, manifiesta la necesidad de realizar reformas importantes en este subsector.
La movilización diaria de miles de trabajadores, obreros, empresarios, estudiantes, vendedores, muchos de los cuales deben realizar largos recorridos y transbordar en más de una ocasión, con el consiguiente gasto en pasajes, requiere de los agentes que participan del transporte masivo de pasajeros de soluciones inteligentes, modernas y económicas.
1. Aumentar la competitividad de la industria, del agro, de las exportaciones y del turismo del país.
2. Mejorar la movilización actual del transporte colectivo de pasajeros.
3. Disminuir los costos de transporte de personas y de carga, tanto terrestre, aéreo como marítimo.
4. Apoyar el desarrollo de regiones al interior del país.
5. Garantizar el estado y el buen funcionamiento de la red vial.
1. Ejecutar las recomendaciones de los estudios que sobre el transporte colectivo de pasajeros han realizado empresas consultoras nacionales e internacionales, considerando sustituir el actual esquema de subsidio a la oferta por un subsidio a la demanda de transporte colectivo, e introducir un sistema de transporte colectivo masivo de alta eficiencia.
2. Realizar las acciones necesarias para disminuir los precios del transporte aéreo y marítimo, tanto de carga como de transporte de pasajeros, utilizando mecanismos de mercado.
3. Concesionar el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
4. Concesionar los Ferrocarriles de El Salvador.
5. Construir el Puerto de Cutuco, completando previamente el by pass de la ciudad de La Unión, la planta de tratamiento de aguas residuales y el acceso a electricidad.
6. Construir el Canal Seco que inicia en Puerto Cutuco hacia Honduras.
7. Concesionar a la brevedad posible el Puerto de Acajutla, para disminuir los altos costos de operación que en la actualidad tienen que pagar los consumidores y la pérdida de competitividad de las exportaciones.
8. Implantar una Política Energética Nacional y continuar con el proceso de modernización del sector de energía eléctrica.
9. Desarrollar el proyecto de interconexión eléctrica en el marco del Plan Puebla Panamá.
10. Reconstruir las carreteras identificadas como críticas para el desarrollo del país de acuerdo a Plan de Nación, especialmente la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, la carretera a Santa Ana, la carretera a Quezaltepeque, la carretera Litoral, la Panamericana a Oriente y la Troncal del Norte.
11. Establecer un mecanismo de financiamiento permanente para el Fondo de Conservación Vial, acompañado de acciones que fomenten la creación de pequeñas empresas locales especializadas en el mantenimiento de la red vial.
12. Poner en funcionamiento un adecuado Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores, de acuerdo a la legislación establecida.Concretar la construcción del Anillo Periférico de San Salvador y de la Longitudinal del Norte.
14. Continuar con el proyecto de los Caminos Rurales Sostenibles que permiten el desarrollo de regiones poco comunicadas con el resto del país.
15. Promover un diseño de ordenamiento territorial de todo el país, tomando como base el uso potencial del suelo así como la prevención de desastres naturales.
16. Desarrollar la cuenca del Río Grande de San Miguel y la cuenca del Río Lempa.
17. Finalizar la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002 en el campus de la Universidad de El Salvador para mejorar sus instalaciones.
18. Abastecer de agua potable a la población urbana y rural a través un proceso de descentralización.
19. Revisión, elaboración y actualización del marco jurídico del transporte de carga y pasajeros, creando condiciones de competencia en el sector.
20. Establecer mecanismos de reciprocidad en el transporte de carga con los países centroamericanos y velar por su cumplimiento.
