|
|
|
|
|
a - Educación |
|
|
b - Salud |
|
|
c - Medio Ambiente |
|
|
a - Política Fiscal |
|
|
d - Política Laboral |
|
c - Sector Turismo |
|
|
f - Sector Bancario |
|
|
g - Marco Bursátil |
|
|
 CONGRESO ENADE 2001 |
 Ing. Benjamin Trabanino Sector Constructor |
 Ing. Federico Colorado Sector Educación / Vivienda |
 Ing. Gustavo Belimelis Sector Bancario |
 Ing. Napoleón Guerrero Sector Industrial |
 Lic. Carlos Delgado Sector Turismo |
 Lic. Carlos Martinez Sector Empresario |
 Lic. Mo. Salaverria Sector Agropecuario |
 Lic. Vilma de Calderón Sector Comercial |
 Sr. Rolando Duarte Mercado Bursátil |
 Sr. Elías Antonio Saca Macroeconomía |
|
|
|
|
|
|
POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
Las políticas macroeconómicas que contienen la presente propuesta son:
A. Política fiscal.
B. Modernización del estado.
C. Política comercial.
D.
Política laboral.
A más de un año de ENADE 2000, es relativamente poco el avance que se observa en materia de política fiscal con relación a las medidas propuestas. De hecho, el único resultado visible es la aprobación del Código Tributario y del Registro de Importadores, aun cuando se tienen en estudio otras iniciativas como la Ley del Régimen Simplificado del Tributo Único, que es una versión integral y amplia del régimen simplificado del IVA que se propuso el año pasado.
Frente a esta situación, hoy en día el panorama fiscal es más crítico que un año antes. El mismo lento crecimiento de la economía no ha permitido cumplir con las metas de ingresos, mientras que los compromisos en materia de gasto se han visto incrementados como consecuencia de los terremotos y del traslado de la deuda del Banco Central de Reserva al Ministerio de Hacienda a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria.
Algunas estimaciones oficiales señalan una brecha fiscal que puede llegar al 5% del PIB durante el presente año, coeficiente que puede ampliarse significativamente en los próximos años por las obligaciones que han adquirido el Estado con la privatización de los fondos de pensiones y la transferencia de recursos que requiere el mantenimiento del régimen de pensiones del ISSS y del INPEP.
La presencia de un déficit fiscal en aumento también está asociado a un ritmo de expansión del gasto corriente que supera significativamente el crecimiento de los ingresos tributarios. No ha habido en este caso, un esfuerzo serio de austeridad para ir cerrando por esta vía la brecha entre ingresos y egresos corrientes, como medio para apuntalar financieramente la inversión pública.
Por el contrario, lo que se observa es una marcada tendencia a mantener intactas las prácticas que potencian la expansión del gasto. Ejemplos típicos son la renovación constante y el uso irresponsable del parque vehicular propiedad del Estado, la proliferación de plazas de "asesores" con elevados salarios, el alto costo de publicidad, el excesivo gasto en alquileres para albergar oficinas, los cuantiosos recursos que se gastan en viajes al exterior, en misiones de dudoso beneficios para el país y otros. Recientemente han existido esfuerzos e intenciones para disminuir el gasto corriente del ejercicio 2002.
Del lado de los ingresos, sólo hasta recientemente se ha notado un esfuerzo para aumentar las recaudaciones a través de una mejor administración de los impuestos vigentes, orientadas a reprimir el contrabando y a ejercer un mejor control sobre el comercio que deliberadamente evade los impuestos, a partir de la vigencia del Código Tributario y del Registro a los Importadores.
No obstante, esto no es suficiente para hacer frente al creciente deterioro del déficit fiscal. El sector privado presenta una serie de medidas que apuntan en la dirección correcta que creemos debe seguir el fisco salvadoreño.
1. Controlar la expansión del gasto corriente y hacer buen uso de los recursos públicos.
2. Aumentar la inversión pública.
3. Mantener el déficit fiscal en niveles razonables para la estabilidad del país en el largo plazo.
1. Concertar un acuerdo político para que fije un rango para la expansión del gasto corriente en relación al PIB.
2. El porcentaje del gasto corriente en relación del PIB no debería exceder al porcentaje establecido en el año anterior.
3. La autorización de la inversión pública debería vincularse directamente a la ejecución de lo programado, para reducir a su mínima expresión el incremento en los costos por los desfases en la construcción de obras.
4. Los funcionarios titulares de las instituciones públicas y municipales deben rendir informes anuales de la inversión, comparando lo programado contra lo ejecutado, y presentando las respectivas justificaciones de dichas diferencias.
5. La inversión pública debe realizarse a partir de una cartera de proyectos de corto y mediano plazo, sin que los ajustes fiscales afecten las prioridades establecidas.
6. Reorientar el gasto público priorizándolo hacia las carteras de educación, salud e infraestructura básica para mejorar el nivel de vida de la población.
7. Ejercer un control efectivo en materia de licitaciones, contrataciones y adquisiciones, incorporando auditores externos en las comisiones técnicas evaluadoras.
8. Transferir recursos a las alcaldías sobre la base de una cartera de proyectos cuya ejecución real debe ser verificada y auditada por la Corte de Cuentas.
9. Una alcaldía no podrá recibir la totalidad del 6% de la asignación de los FODES para el próximo período, si en el ejercicio anterior no ejecutó las inversiones programadas.
10. Combatir de manera firme la evasión tributaria y aumentar la base de contribuyentes.
11. Aprobar e implantar el Régimen Simplificado de Tributo Único.
12. Financiar al sector público a través de la emisión de títulos de deuda de largo plazo en el mercado local, aprovechando especialmente los recursos de los Fondos de Pensiones que administran las AFP.
Con el fin de aumentar la recaudación tributaria y combatir la competencia desleal se propone:
13. Introducir reformas a la Ley Represiva del Contrabando y Defraudación de la Renta de Aduanas.
14. Crear un marco regulatorio y estándar para la importación y comercialización de repuestos nuevos y usados.
15. Asegurar que los servicios de fletes realizado por transportistas no salvadoreños realicen el tributo correspondiente.
Consideramos esencial impulsar a corto plazo las reformas institucionales tendientes a crear un estado moderno y eficiente para enfrentar el nuevo entorno internacional caracterizado por importantes cambios económicos y tecnológicos.
Se plantea la necesidad de impulsar reformas económicas cuyo eje central debe ser la Modernización del Estado, entendida como un proceso orientado al logro de los siguientes objetivos:
- Mejorar la administración y la eficiencia en el gasto público central y municipal
- Impulsar una política de descentralización y desconcentración.
- Reducir la pobreza.
En la discusión sobre el rol del Estado, se debate sobre lo que debería ser su papel y el del mercado en un momento determinado. Por un Estado moderno nos referimos a uno pequeño pero fuerte. Debe limitarse el área de acción del Estado a un número reducido de funciones que ni el sector privado ni la sociedad civil pueden abordar en forma efectiva.
Sin embargo, no todo puede dejarse al mercado, debido a que existen imperfecciones, por ello un rol importante del Estado es participar como promotor de la competencia propiciando un marco regulatorio apropiado que alcance el objetivo de la eficiencia y eficacia de las instituciones y el mercado.
La función propia del Estado es regular y controlar. Sin embargo, la intervención del Estado esta cada vez mas orientada a perfeccionar el funcionamiento de los mercados y convertirse en un facilitador de la iniciativa privada y a intervenir cada vez menos en el funcionamiento de los mercados.
Resulta crucial definir claramente los roles para tener claridad en las competencias o atribuciones y recursos que permanecen en la esfera del Gobierno Central, y sobre aquellas funciones o atribuciones que se transfieran a otras instancias como las Municipalidades, y sobre aquellas que salen de la esfera de lo público para ser transferidas al sector privado.
Para promover una economía de mercado con equidad en nuestro país los principales componentes de esta estrategia son: el Estado como facilitador del desarrollo económico y social, fortalecer su papel regulador, promover la modernización tributaria, racionalizar el gasto público, profesionalización del sector público, reformar del Sistema de Control de la Administración Pública, garantizar las condiciones de libre competencia, impulsar políticas de descentralización y desconcentración, y crear un Sistema Nacional de Estadísticas.
1. Mejorar la administración y la eficiencia en el gasto público central y municipal.
2. Impulsar una política de descentralización y desconcentración.
3. Contribuir a reducir la pobreza.
Para racionalizar el gasto público se propone:
1. Aprobar e implantar el Sistema Nacional de Inversiones y que cada obra se ejecute de acuerdo a la rentabilidad social y económica, para priorizar los proyectos de inversión publica.
2. Establecer una Unidad Ejecutora de la Inversión Pública, encargada de realizar y dar seguimiento a la inversión aprobada anualmente en el Presupuesto General.
3. Reducir el número de entidades públicas a través de la eliminación de dependencias, reducción de su tamaño y/o fusión.
4. Concesionar el Puerto de Acajutla, los Ferrocarriles, el Aeropuerto Internacional, la Imprenta Nacional, los turicentros y los Correos de El Salvador.
5. Reformar la Ley de Servicio Civil y la Ley de Salarios.
Para profesionalizar el Sector Público se recomienda:
6. Crear la carrera de Administración Pública y establecer la política orientada a todo el personal del Estado, en donde se defina con claridad los mecanismos de selección, contratación, actualización, evaluación y estímulo.
7. Modernizar y profesionalizar el servicio exterior.
Para la reforma del Sistema de Control de la Administración Publica se propone:
8. Convertir la Corte de Cuentas en un verdadero ente contralor de la administración pública, despartidizando el nombramiento de sus funcionarios.
9. Hacer eficiente el sistema de formulación, ejecución, y liquidación del Presupuesto General de la Nación.
Para que el Estado cumpla su papel de facilitador del desarrollo económico y social se propone:
10. Simplificar los tramites administrativos que las empresas por Ley están obligadas a realizar para el desarrollo de sus actividades y que encarecen innecesariamente los costos.
11. Facilitar la infraestructura básica que demanda el desarrollo económico y social.
12. Poner a disposición del público todos los anteproyectos de ley.
13. Inscribir todos los contratos del Estado en un registro público de la correspondiente entidad estatal y estar accesible a la población.
14. Reformar y fortalecer el marco regulatorio que permita un funcionamiento eficaz de la Superintendencia del Sistema Financiero, de Valores, de Pensiones, SIGET, Dirección de Protección al Consumidor, y limitar su actuación discrecional.
15. Crear el Instituto Nacional de Estadísticas como una entidad autónoma encargada de compilar y generar información económica y social.
16. Promover la eficacia de la política tributaria a través de ampliar la base, facilitar el cumplimiento con reglas simples y moderados porcentajes de impuestos.
Para impulsar políticas de descentralización y desconcentración se recomienda:
17. Establecer un organismo rector del proceso de descentralización.
18. Reducir el número de municipios que actualmente tiene el país para fortalecerlos y mejorar su capacidad gerencial.
19. Establecer mecanismos ágiles y transparentes de rendición de cuentas sobre la manera como los concejos municipales invierten los recursos públicos y dan seguimiento a los proyectos.
20. Contratar a la empresa privada para la ejecución de obras y la prestación de servicios.
21. Las tasas municipales deben reflejar los costos por la prestación de los servicios que reciben las personas y empresas en su territorio, considerando precios de mercado.
22. Utilizar de manera eficiente los ingresos y las transferencias del gobierno central en proyectos de inversión en beneficio de la población.
23. Fortalecer la capacidad de formulación, evaluación y gestión de proyectos por parte de los gobiernos locales, de acuerdo a criterios de rentabilidad e impacto social.
24. Sustituir el actual impuesto a los activos por un impuesto municipal eficiente.
25. Para avanzar en la descentralización de servicios en el sector de agua, la red vial, y en educación y en salud, es necesario armonizar la legislación existente para eliminar duplicidad de funciones, de responsabilidades y de competencias, y llenar los vacíos existentes.
Los terremotos de principios de año han incidido en la agenda del gobierno y las prioridades del Plan de Nación en alguna medida se han visto modificadas. Sin embargo, es conveniente retomar con la mayor brevedad los programas de mejoras del entorno macroeconómico que dan apoyo a la actividad exportadora, a efecto de potencializar los resultados de crecimiento, tanto de la producción de exportación como servicios conexos que generan mano de obra y divisas.
En este punto es necesario indicar que el avance en la ejecución de las medidas y acciones del componente de política comercial propuestas el año pasado en ENADE 2000, ha sido limitado. Siendo uno de los elementos importantes el Seguro de Crédito a las Exportaciones, a pesar de los esfuerzos realizados, no se aprobó.
La ratificación del Tratado de Libre Comercio con México, la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Administración de Tratados Comerciales y el significativo avance en las negociaciones comerciales con Panamá han sido los logros más relevantes en la parte comercial. El aprovechamiento de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ha logrado implementar las acciones básicas, superando dificultades iniciales, tales como el manejo de cuotas.
Es de reconocer los esfuerzos que se han desarrollado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en brindar información y asesoría sobre el proceso y oportunidades comerciales para las exportaciones.
En el tema de Integración Centroamericana no se anotan logros importantes finalizados. Por una parte, el proceso de modernización de las aduanas a nivel regional avanza lentamente, y en materia de política arancelaria regional, los acuerdos han sido escasos y el poco avance logrado tropieza con acciones unilaterales de algunos países, evidenciando la ausencia de instrumentos que aseguren el pleno cumplimiento de los acuerdos por parte de todos los países de la región.
Algunas pautas se han logrado establecer, tal es el caso del acuerdo ministerial mediante el cual deberán llevarse a una lista todos los casos de salvaguardia vigentes. No se ha definido una política tributaria regional y en cuanto a la política comercial agropecuaria solamente existen algunos compromisos iniciales adoptados en las reuniones ministeriales recientes.
El ritmo de negociación de una Unión Aduanera entre Guatemala y El Salvador muestra rezagos respecto del calendario inicial. La incorporación de Honduras y Nicaragua a este esfuerzo regional es importante y requiere de un mecanismo adecuado de incorporación, incluyendo un calendario que asegure los avances y consolide los acuerdos alcanzados. En ese sentido, no solamente es importante que se avance, sino también que no se retroceda en los acuerdos tomados.
1. Alcanzar la meta de exportaciones para el año 2005 de US $ 5,000 millones.
2. Incrementar, diversificar y aumentar el valor agregado de las exportaciones, ampliar los mercados externos y atraer mayores flujos de inversión extranjera directa.
3. Establecer una agenda comercial definida conjuntamente por el gobierno y el sector privado.
4. Asumir el liderazgo en el perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano.
Para avanzar en la agenda comercial se propone:
1. Impulsar, con el liderazgo de El Salvador, la negociación del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica.
2. Diseñar y ejecutar una Agenda Comercial Compartida en la que participen plenamente los sectores público y privado; los puntos del accionar estratégico de la Agenda son los considerados en la presente propuesta.
3. Poner en funcionamiento la Comisión Nacional Administradora de Tratados Comerciales.
4. Agilizar las negociaciones del Tratado de Libre de Comercio con Panamá y con Canadá.
5. Facilitar la participación activa del sector privado en el Plan Puebla Panamá, a través de mecanismos formales.
6. Facilitar la participación activa del sector privado en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
7. Impulsar la realización de estudios y definir las áreas prioritarias del país ante las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, con énfasis en la Nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales (Doha, noviembre 2001).
Para avanzar en la integración centroamericana se propone:
8. Aprobar los reglamentos comerciales de alcance regional, especialmente el Reglamento Centroamericano para la Solución de Controversias Comerciales.
9. Consolidar el proceso de la Unión Aduanera entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
10. Unificar y armonizar la política arancelaria y la política agropecuaria comercial regional.
11. Poner en funcionamiento el mecanismo de solución de controversias regional.
12. Gestionar la implantación del CAUCA III.
13. Institucionalizar mecanismos para prevenir y castigar las prácticas de comercio desleal.
14. Armonizar los tratados comerciales suscritos por los países de la región con terceros.
Para construir una estrategia de corto y mediano plazo que incentive las exportaciones se propone:
15. Implantar en el menor plazo posible el Seguro de Crédito a las Exportaciones.
16. Mantener los incentivos brindados al sector exportador a través de la Ley de Reactivación de las Exportaciones y la Ley de Zonas Francas Comerciales y de Exportación, y utilizar el Sistema SICEX para facilitar el trámite de la devolución del 6% e IVA.
17. Establecer programas, subvenciones y medidas complementarias de apoyo al sector exportador congruentes y bajo la disciplina de la Organización Mundial del Comercio.
18. Desarrollar programas de apoyo en el área tecnológica, capacitación y educación para aumentar la productividad de las empresas.
19. Impulsar medidas que apoyen el desarrollo de la producción y diversificación de las exportaciones.
20. Fortalecer las representaciones diplomáticas clave para que brinden información al sector productivo exportador.
21. Reforzar e incluir en la agenda gubernamental acuerdos de cooperación y asistencia técnica para implantar requisitos medioambientales, Normas ISO y otros requisitos técnicos, en especial para la pequeña y mediana empresa.
El deterioro de la actividad económica ha venido acompañado por el debilitamiento del sistema económico para absorber la creciente oferta laboral y por un incremento del desempleo.
Resultado de la fuerte competencia en el intercambio de bienes y servicios, y de los altos niveles de desempleo prevalecientes incluso en los países desarrollados, la tendencia mundial apunta hacia la flexibilización del mercado laboral.
Incluso la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tradicional e incondicional defensora del derecho de empleo de los trabajadores, progresivamente ha aceptado la necesidad de flexibilizar los términos de contratación, resultado de los efectos de la globalización sobre los niveles de empleo.
La politización del tema en El Salvador, debe dar paso a una consideración realista y seria de la escasa viabilidad económica y social que se tiene de mantener invariable las instituciones y normativas que regulan el mercado laboral, particularmente por la incidencia que tiene en el grado de competitividad del país.
De ahí la necesidad de conciliar el objetivo de reactivación económica, con el propósito social de mejorar los ingresos y ampliar las fuentes de ocupación, bajo nuevos parámetros que posibiliten un intento de inserción en el mercado global.
1. Crear las condiciones para la generación de nuevos empleos en el país.
2. Disminuir las barreras de entrada que caracterizan el mercado laboral, y que afectan en particular a los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo.
3. Capacitar masivamente a la fuerza laboral, con nuevas destrezas, en función de la mayor productividad que demanda el país.
4. Modernizar el mercado laboral, adaptándolo a un mundo globalizado.
1. Promover para su aprobación el anteproyecto de Ley de Reactivación del Empleo, respetando la condición de género, previo análisis en el seno del Consejo Superior del Trabajo.
2. Discutir todos los aspectos de la modernización del mercado laboral que permitan la creación de nuevas fuentes de empleo.
3. Fortalecer la institucionalidad del Consejo Superior del Trabajo como ente tripartito creado al amparo del Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo.
4. Apoyar los estudios y esfuerzos para acercar la oferta y la demanda de trabajo.
5. Contribuir a la sensibilización y la inserción laboral de personas con discapacidad, fortalecer los programas de rehabilitación y descentralizar estos servicios, a través de la participación pública y privada.
6. Mejorar el apoyo institucional para el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
