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a - Educación |
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b - Salud |
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c - Medio Ambiente |
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a - Política Fiscal |
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d - Política Laboral |
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c - Sector Turismo |
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f - Sector Bancario |
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g - Marco Bursátil |
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 CONGRESO ENADE 2001 |
 Ing. Benjamin Trabanino Sector Constructor |
 Ing. Federico Colorado Sector Educación / Vivienda |
 Ing. Gustavo Belimelis Sector Bancario |
 Ing. Napoleón Guerrero Sector Industrial |
 Lic. Carlos Delgado Sector Turismo |
 Lic. Carlos Martinez Sector Empresario |
 Lic. Mo. Salaverria Sector Agropecuario |
 Lic. Vilma de Calderón Sector Comercial |
 Sr. Rolando Duarte Mercado Bursátil |
 Sr. Elías Antonio Saca Macroeconomía |
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POLÍTICAS SECTORIALES
Las políticas sectoriales contenidas en la presente propuesta son:
A. Sector Agropecuario.
B. Sector de la Micro, pequeña y mediana empresa
C. Sector Turismo
D. Sector Construcción
E. Sector Industria
F. Sector Bancario
G.
Sector Bursátil.
De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2001, uno de los principales problemas de la economía salvadoreña es que el crecimiento registrado a lo largo de la década de los noventa no ha sido parejo. Prueba de ello es que mientras algunos sectores, como los servicios financieros y la maquila, crecieron a tasas promedio anuales mayores al 10%, el sector agropecuario sólo lo hicieron a una tasa promedio de 1.2%.
Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que fuera del área metropolitana de San Salvador, el sector agropecuario continúa siendo el más importante generador de empleos, absorbiendo el 65% de la población económicamente activa rural. De ahí que todos los estudios realizados sobre la pobreza en El Salvador coincidan en afirmar que este problema es predominantemente rural.
Por ejemplo, para 1999 el 61.2% de la población rural del país se encontraba en pobreza, contra un 37.6% en las áreas urbanas. De 1991 a 1999 el único sector en el que la incidencia de la pobreza aumentó fue el agropecuario, al pasar de una tasa de 72.5% en el primer año a 75.6% en el último, permaneciendo además, como la tasa más alta en términos sectoriales. Además, en 1999, el ingreso promedio rural sólo representaba el 40% del ingreso promedio urbano.
De lo anterior se deduce que la reactivación del sector agropecuario y la revalorización de los espacios económicos rurales constituyen dos aspectos prioritarios para el desarrollo de El Salvador.
1. Alcanzar y mantener un sector agropecuario y agroindustrial sostenible, rentable y competitivo.
2. Reducir de manera sostenida la pobreza rural.
3. Garantizar la seguridad alimentaria.
1. Retomar las propuestas del sector agropecuario de ENADE 2000.
2. Establecer contingentes de desabastecimiento para otros rubros, y convenios de comercialización entre productores agrícolas y agroindustriales, e introducir mejoras a los vigentes, a fin de asegurar el pleno logro de sus objetivos.
3. Elaborar un marco regulatorio para la administración de los contingentes de desabastecimiento agropecuario y armonización del mismo a nivel centroamericano.
4. Elaborar los reglamentos complementarios requeridos para una administración transparente y adecuada de las disposiciones contenidas en los acuerdos comerciales vigentes.
5. Que exista un manejo transparente y legal con participación del sector privado de las exclusiones y administración de los diferentes tratados de libre comercio suscritos con los diferentes socios comerciales.
6. Introducir reformas a la Ley Represiva del Contrabando y Defraudación de la Renta de Aduanas, a fin de aumentar la recaudación fiscal y combatir la competencia desleal.
7. Invertir recursos públicos y privados en obras físicas para afrontar el problema de la sequía, como distritos de riego, reservorios, pozos y otros.
8. Establecer una tarifa eléctrica conveniente para el fomento y desarrollo del sector agropecuario.
9. Incorporar a las asociaciones de regantes en la consulta y discusiones que se desarrollen con relación a la propuesta de Ley de Aguas.
10. Desarrollar técnicamente el cultivo de granos básicos para cubrir la demanda nacional incluyendo lo necesario para la alimentación animal, y para la exportación.
11. Incrementar la producción hortícola vía tecnología para abastecer la demanda interna.
12. Institucionalizar los programas de apoyo a los pequeños productores agrícolas como los de entrega de insumos: semillas certificadas, fertilizantes y otros.
13. Implantar una red nacional de agro mercados de la producción agrícola nacional para el consumo interno y como plataforma para la búsqueda de opciones en el ámbito internacional.
14. Para permitir el desarrollo de proyectos agrícolas y agroindustriales en gran escala, es necesario eliminar el límite máximo de tenencia de la tierra para personas naturales o jurídicas, sin afectar lo establecido para las asociaciones cooperativas, comunales campesinas y beneficiarios de la Reforma Agraria.
15. Establecer programas de diversificación agropecuaria y agroindustrial orientados a promover la producción a escala comercial de nuevos cultivos con oportunidades de mercado nacionales e internacionales y a dar mayor valor agregado a los productos y subproductos derivados de los cultivos tradicionales.
16. Apoyar mecanismos de comercialización a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios.
17. Impulsar un programa de vivienda rural.
El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, representa más del 90% del total de empresas en El Salvador, como en cualquier otro país, y significan una fuente importante de generación de empleo y de valor agregado decisivo para nuestra economía.
Sin embargo, este sector, por su debilidad es de los más sensibles cuando la economía de un país entra en la fase de desaceleración, como sucede en El Salvador desde hace 5 años. Más aún, los terremotos de inicio de año afectaron directamente a miles de micro empresas, que tienen características de pequeños negocios que funcionan en el mismo lugar de habitación, el cual fue destruido por los sismos.
Con el proceso de apertura, la fuerte competencia en los mercados locales, el lento crecimiento de la economía, especialmente de los no transables y los efectos de los terremotos, las micro, pequeñas y medianas empresas han caído en un franco deterioro, y muchas de ellas han tenido que cerrar por quiebra.
Ciertamente en el sector de las MIPYME existen rigideces par adaptar sus procesos productivos, incorporar nueva tecnología, entre otras razones por la escasez de información, por la falta de acceso al crédito y por la falta de recursos humanos para impulsar estos cambios.
1. Procurar un mayor grado de formalización para las micro, pequeñas y medianas empresas.
2. Preparar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante los retos de la apertura comercial y la globalización.
1. Crear y promulgar la Ley para el Fomento del sector de la micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República.
2. Simplificar los requisitos legales para la formalización y registro de la micro y pequeñas empresas.
3. Crear una banca de desarrollo para el sector MIPYME con participación del sector privado en su Junta Directiva.
4. Implantar programas para mejorar el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas.
5. Reformar la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios en lo relativo a las exigencias de reservas.
6. Propiciar la creación de instrumentos financieros tales como:
a. Sociedades de Garantías Recíprocas
b. Ley de Garantías Reales
c. Leasing
d. Capital de Riesgo, promoviendo la asociatividad de empresas para aprovechar montos mínimos de financiamiento
e. Titularización
7. Establecer líneas de crédito especiales y cobertura de seguro de cobranza para el comercio exterior.
8. Promover la asociatividad entre las empresas de un mismo rubro, que les permita negociar insumos, establecer canales de distribución locales y en el extranjero, aprovechando economías de escala.
9. Capacitar a las MIPYME en programas de acceso a mercados, competitividad, calidad y transferencia de tecnología, para potenciar los beneficios de la apertura con los tratados comerciales.
10. Aprobar la Ley de Aprendizaje.
11. Crear conjuntamente con COMURES, gobierno central y alcaldías, mecanismos para desarrollar proyectos y servicios locales en los municipios y asociaciones de municipios con participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
12. Apoyar el desarrollo de las artesanías locales como un complemento del turismo, a través de la formación de centros de acopio, el fomento de ferias y la modernización de los mercados de artesanías entre otros.
13. Que las gremiales representativas del sector participen en el diseño, ejecución y seguimiento de programas integrados que CONAMYPE promueve para la Capacitación y Asistencia Técnica, a fin de lograr una acción efectiva en el desarrollo de la MIPYME.
14. Solicitar a CONAMYPE que desarrolle proyectos de fomento a las pequeñas y medianas empresas a través de entidades privadas como la Fundación para el Desarrollo Sostenible de la Pequeña y Mediana Empresa, FUNDAPYME.
15. Mejorar el funcionamiento de CENTROMYPE con acciones concretas que permitan una real ejecución de incremento de negocios, como el conocimiento y desarrollo de mercados de los estados del sur de México.
Históricamente, la actividad turística ha representado una fuente importante de ingreso de divisas y generación de fuentes de empleo directo e indirecto. El dólar turístico tiene un alto nivel multiplicador para la economía nacional, caracterizado por fuerte intercambio de bienes y servicios con una amplia participación de la empresa privada.
Luego de un impulso inicial en la década de los 70, la actividad turística de los últimos veinte años, ha padecido las consecuencias del conflicto armado y el hecho de nos ser considerada una prioridad en la inversión publica.
A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la industria sé esta reacomodando con nuevas inversiones, tanto en las regiones tradicionales de hosteleria y restaurante, como en actividades alternativas como turismo de montaña, recreación cultural y deporte extremo.
El entorno actual del país presenta una economía en estancamiento, desempleo, inseguridad ciudadana, turbulencia financiera internacional, incidencia local en la desaceleración de los principales socios comerciales, creciente déficit fiscal y necesidad de recursos para reconstruir el país.
El turismo es una actividad económica que todos los gobiernos han incorporado en sus planes estratégicos con diferentes matices, y la creación de la Corporación Salvadoreña de Turismo, CORSATUR, es una muestra del interés del gobierno por facilitar la actividad turística.
A pesar de los anterior, no existe legislación que fomente el turismo nacional ni la inversión local y extranjera en el sector; hay una ausencia de apoyo financiero para el sector, a pesar que puede generar una cantidad importante de empleos en armonía con el medio ambiente.
En ese sentido es importante darle seguimiento a las propuesta presentada en ENADE 2000, sumada a las que se presentan a continuación.
1. Recuperar el turismo como elemento de desarrollo integral con fuerte participación en el empleo y en el intercambio permanente de bienes y servicios.
2. Integrar el turismo salvadoreño al posicionamiento regional centroamericano, para lograr un mercadeo viable de la industria ante los países emisores de turistas, como Estados Unidos de Norte América, Europa y otros.
3. Impulsar el turismo por ser una fuente generadora de divisas y empleo.
1. Aprobar y hacer efectivo el cumplimiento de la Ley Nacional de Turismo de consenso entre el gobierno y el sector privado, que incluya incentivos fiscales para la inversión turística nacional e internacional.
2. Adoptar una Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico 2001-2008 con el objetivo fundamental de promover el turismo, como actividad estratégica para alcanzar las metas de desarrollo económico y social del país.
i. Fortalecer institucionalmente a través de CORSATUR y las gremiales y asociaciones del sector.
ii. Desarrollar el turismo receptivo por medio del apoyo constante del gobierno.
iii. Desarrollar el turismo interno.
iv. Fomentar el turismo vacacional de playa, de montaña, de ciudades y cultural.
v. Desarrollar actividades turísticas alternativas a las tradicionales del país.
vi. Promover el recurso turístico entre el gobierno y la empresa privada, por medio de campañas institucionales bien dirigidas para el turismo receptivo y el turismo interno.
vii. Participar en ferias turísticas y congresos especializados y alianzas estratégicas con mayoristas.
viii. Capacitar el recurso humano, en aspectos tales como: liderazgo empresarial, organización y administración de negocios turísticos y servicios al cliente, y en aspectos especiales como hosteleria, guías de turismo e idiomas.
ix. Promover la inversión turística.
x. Incorporar a la mediana y pequeña empresa para ampliar la oferta y calidad de los servicios turísticos.
xi. Educar y hacer conciencia a la población acerca de las bondades económicas del sector.
3. Modificar la Ley de Aeronáutica Civil, para que permita mayor accesibilidad del turismo internacional hacia nuestro país.
4. Posicionar la Imagen del país por medio de una Identidad Única de Nación, como son los volcanes y la historia nacional de nuestros lugares turísticos que se derivan de ellos.
5. Proteger y conservar las zonas turísticas existentes, y desarrollar inversión pública de infraestructura en servicios básicos, comunicaciones y saneamiento ambiental, con énfasis en la no-proliferación de la basura y contaminación.
6. Priorizar el fortalecimiento de los polos turísticos existentes como Apaneca y la Ruta de las Flores, Sihuapilapa, Suchitoto, La Palma, Jaltepeque, el Puerto de La Libertad, entre otros, capitalizando así la inversión realizada en ellos.
7. Desarrollar nuevos lugares turísticos como Isla de Tasajera, Península San Juan del Gozo, Bahía de Jiquilisco y Bola de Monte.
8. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas turísticas para que tengan acceso a líneas de crédito para financiar sus proyectos, a través de la banca y/o la Bolsa de Valores.
9. Preparar y mejorar las condiciones para que nuestro país sea destino de barcos turísticos que tienen recorridos por las costas americanas del Océano Pacífico.
10. Concesionar los turicentros que actualmente opera el ISTU.
11. Crear el instituto de recreación de los trabajadores del sector privado.
La Propuesta para la Reactivación de la Economía Nacional, presentada por el sector privado organizado del país, en el marco de ENADE 2001, incorpora un conjunto de acciones que el sector de la construcción había venido sometiendo con insistencia a consideración de las autoridades gubernamentales pertinentes, a fin de superar problemas críticos que han afectado a la industria durante los últimos años, mismas que fueron propuestas en ENADE 2000.
Sin embargo, un año después, los avances logrados en materia de reactivación del sector son imperceptibles y más bien lo que se observa, es una profundización de la crisis que se viene registrando desde hace algunos años. Esto, a pesar de la importancia que al menos en teoría le otorga el gobierno de la república a la industria de construcción, de cuyo dinamismo depende en gran medida el crecimiento del resto de actividades productivas.
Detrás de la preocupante evolución que ha venido mostrando la industria de la construcción, subyacen factores de naturaleza institucional que dificultan revertir el proceso. Esto se ha podido constatar a raíz de los sismos. A pesar del potencial que tiene el sector para sumarse, y sacar ventaja del proceso de reconstrucción, ya que posee una capacidad instalada para construir más de 20 mil unidades habitacionales completas por año, poder construir o reconstruir todo tipo de proyectos de infraestructura, sus propuestas no han sido incluidas dentro de dicho proceso. Es preocupante pues que a la fecha todavía no se observa un impacto significativo en el empleo ni en la activación de la capacidad instalada en el sector.
En cuanto al subsector vivienda, persiste un elevado inventario de unidades habitacionales terminadas y en proceso de construcción, y en igual situación se tienen un considerable número de lotes urbanizados, a pesar de la reducción que han experimentado las tasas de interés en el Fondo Social para la Vivienda como consecuencia de la aplicación de la Ley de Integración Monetaria, implementada por el gobierno, en enero de este año. Esto constituye una muestra palpable de que hay otros factores que están incidiendo en las decisiones de aquellas familias de bajos recursos, que teniendo necesidad de adquirir una vivienda, se ven excluidas por el mismo sistema de financiamiento, por la inflexibilidad que le caracteriza aún en situaciones de crisis.
La rutina institucional sigue igualmente afectando los procesos constructivos y consecuentemente elevando los costos de la vivienda de interés social. El Trámite Rápido, que supuestamente iba a contribuir a agilizar esos procesos, todavía no rinde los resultados esperados.
En lo concerniente al subsector de infraestructura, la situación ha tendido a mejorar un poco a partir del esfuerzo realizado en materia de rehabilitación de las vías de comunicación afectadas por los sismos. Sin embargo, las empresas nacionales continúan enfrentándose al problema del poco acceso que tienen a los contratos gubernamentales, por las supuestas exigencias de los organismos internacionales que financian los proyectos, en cuanto a capacidad técnica y financiera, sin reconocer el apoyo que los mismos gobiernos otorgan a las empresas extranjeras radicadas en el país.
En este campo, también debe señalarse el poco éxito alcanzado con la aprobación del Fondo Vial. El sector de la construcción, había fincado grandes expectativas alrededor de este proyecto, convirtiéndose en la práctica en su principal abanderado. Sin embargo, al no habérsele garantizado una fuente permanente de financiamiento, la figura se debilitó desde su inicio, corriendo el riesgo de volverse inoperante conforme pase el tiempo.
Como se ve, el panorama para el sector continúa siendo crítico y así lo revelan los estudios sobre el comportamiento de la economía, que lo sitúan entre los más afectados por la crisis. No obstante, el mismo proceso de reconstrucción ofrece grandes posibilidades para su reactivación, tal como lo sostiene el propio gobierno. Sin embargo, esto pasa igualmente por una mayor atención a los factores de naturaleza estructural e institucional que afectan su desempeño, sin ignorar los efectos positivos que su recuperación tendría en el resto de la economía.
1. Crear las condiciones financieras e institucionales para la reactivación del sector, dentro de una estrategia global de desarrollo.
2. Contribuir a la reducción del déficit habitacional histórico y minimizar el impacto causado por los sismos en la vivienda de interés social.
3. Potenciar el desarrollo y modernización de la infraestructura física, en un ambiente de sana competencia.
4. Contribuir al ordenamiento territorial y a la mitigación de riesgos.
Como planteamiento general, en este subsector se mantiene la propuesta incluida en el documento de ENADE 2000, a fin de garantizar efectivamente el acceso al financiamiento para vivienda por medio de LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE VIVIENDA que incluya elementos económicos y elementos técnicos.
1. Hacer efectivos los acuerdos de ENADE 2000 con relación a los cambios en el reglamento del Fondo Social para la Vivienda:
i. Dar validez a los avales familiares y de convivientes para quienes no cumplan con requisitos de capacidad de pago.
ii. Apertura para financiar a todos los trabajadores, sin restricción de ingresos máximo.
iii. Para viviendas arriba de ¢85,000, permitir pago de prima del 3% en las primeras tres cuotas.
iv. Considerar los ingresos adicionales de las familias en concepto de horas extraordinarias, comisiones, bonificaciones, hasta un 100%.
v. Incorporar como sujetos de crédito a segmentos no cotizantes a las AFP, como los sectores informales y el sector rural.
2. Centralizar las gestiones de financiamiento y subsidio de vivienda de interés social en el Fondo Social para la Vivienda.
3. Establecer un Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda Popular, como un subsidio directo y permanente a la compra de vivienda de interés social.
4. Aprobar el Sistema de Garantías Recíprocas para habilitar al sector no cotizante como sujeto de crédito hipotecario a largo plazo en la banca privada.
5. Implantar un mercado secundario de hipotecas que garantice la disponibilidad de recursos en el largo plazo para el financiamiento de vivienda.
1. Hacer realidad el funcionamiento de la ventanilla única para evitar trámites burocráticos en las diferentes instituciones, los cuales generan costos innecesarios a las viviendas.
2. Flexibilizar las Normas Técnicas para disminuir los costos de construcción y abaratar los precios de las viviendas.
3. Promover una Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que contenga elementos legales, ambientales normativos e institucionales, y que permitan su correcta aplicación.
En este subsector la propuesta es básicamente, el planteamiento de los acuerdos de ENADE 2000, en lo referente al Fondo Conservación Vial, aunque la Ley fue aprobada, se busca en este segundo encuentro la sostenibilidad financiera de dicho Fondo.
1. Establecer un mecanismo de financiamiento permanente para el Fondo de Conservación Vial, acompañado de acciones que fomenten la creación de pequeñas empresas locales especializadas en el mantenimiento de la red vial.
2. Eliminar el trato discriminatorio a las empresas constructoras nacionales en obras financiadas con recursos externos y facilitar su participación en licitaciones financiadas con recursos internos, mediante reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las reformas deben incluir además, un sistema único de calificación de las empresas constructoras que participan en las licitaciones del gobierno, de acuerdo a su historial de desempeño y capacidad instalada.
3. Continuar la reestructuración del Ministerio de Obras Públicas, para convertirlo en una entidad responsable de la planificación, contratación y supervisión de las obras públicas.
El sector industrial representa el principal punto de apoyo para el futuro crecimiento de nuestra economía. Tal y como en varias ocasiones se ha expresado, este aporta el 23% de nuestra producción, y genera cerca de 300 mil empleos permanentes, siendo a la vez el sector que realiza la mayor contribución fiscal, y de prestaciones laborales.
Bajo esta óptica, y dada la fuerte caída del crecimiento económico tal como se puede comprobar analizando las tasas de crecimiento del PIB, se hace necesario definir estrategias claras, que le den impulso a este sector con el propósito de contribuir a la expansión que en los próximos años debe tener nuestra economía, manteniendo niveles de empleo crecientes y generando mayor valor agregado en beneficio de todos los salvadoreños.
Para lograr lo anterior, se requieren políticas definidas que permitan el adecuado funcionamiento de los mercados, y que ataquen directamente problemas como la competencia desleal, el contrabando, y otra serie de problemas a los que se enfrenta nuestro sector. De la misma manera se hace necesario estimular la producción con medidas que generen mayor competitividad de nuestros productos en el mercado internacional.
Un aspecto importante para la industria, es lograr que nuestro sistema económico, genere condiciones de competencia y evite las posiciones dominantes en el mercado que tiendan a generar los oligopolios y los monopolios.
1. Crear un ambiente favorable para las inversiones en el sector industrial.
2. Fortalecer las empresas del sector para que puedan ser competitivas en el mercado mundial.
3. Promover la libre competencia en los diferentes mercados para evitar prácticas poco transparentes en detrimento de la industria.
4. Impulsar la puesta en práctica de sistemas de calidad que nos den mayor eficiencia y productividad.
1. Implantar una Política Energética que incluya:
i. Continuar con la reforma del sector de energía eléctrica.
ii. Promover competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica.
iii. Fomentar la generación de energía eléctrica con recursos renovables.
iv. Fomentar inversiones en la transmisión.
v. Fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica.
vi. Fomentar la información al usuario sobre sus derechos y sus obligaciones.
vii. Revisar la legislación de las entidades responsables de penalizar a los proveedores como a los consumidores del servicio de energía eléctrica.
viii. Definir la institución responsable de la planificación del sector de energía eléctrica.
ix. Definir la institución responsable de promover la competencia en el sector.
2. Gestionar medidas específicas del gobierno, para que dentro del marco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, pueda darse preferencia a la compra de productos nacionales en igualdad de calidad y suministros, con precios adecuados y satisfactorios.
3. Propiciar condiciones para impulsar nuevos polos de desarrollo, tales como la construcción de parques industriales y zonas francas fuera del área metropolitana, apoyando estos proyectos con financiamiento especial.
4. Preparar y participar conjuntamente el sector público y privado en las negociaciones ante la OMC para solicitar la prórroga de los regímenes de zona franca y de la devolución del 6%, así como diseñar el nuevo mecanismo de apoyo a los exportadores.
5. Definir un nuevo mecanismo regional que establezca las condiciones para otorgar salvaguardas en el marco de la integración centroamericana.
6. Continuar las gestiones para que los organismos regionales puedan poner en vigencia el reglamento de solución de controversias para beneficio del comercio regional.
7. Coordinar con las distintas instituciones financieras del gobierno, banca privada e instituciones de control, la creación de programas crediticios de apoyo al sector industrial y agroindustrial.
8. Combatir la competencia desleal:
i. Evitando el contrabando.
ii. Combatiendo las prácticas de dumping.
iii. Evitando la subvaluación de los productos que se importan, a través de la valorización aduanal.
iv. No permitiendo la importación de productos que no cumplan las normas técnicas nacionales.
v. Cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias.
9. Fortalecer los diferentes programas de mejora en calidad y competitividad de manera que puedan ser un instrumento de apoyo para las pequeñas y medianas empresas industriales.
10. Unificar y armonizar la política arancelaria de Centro América.
En la década de los años 90's se produjo una fuerte expansión de las actividades financieras, donde los depósitos aumentaron de 34.9% del PIB en 1990 a 46.6% en 2000, reflejando mayor confianza del público y el pago de tasas de interés reales positivas; y una expansión de crédito al sector privado de 23.5% en 1990 a 41.2% en 2000, que muestra el incremento del vínculo de la banca con los sectores productivos y mayor aporte al progreso económico del país.
Si bien la primera mitad de la década fue de fuerte y dinámica expansión financiera, la segunda mitad de la referida década se vio afectada por políticas crediticias más conservadoras ante una economía que se desaceleraba, con lo que muchas empresas y personas naturales, que sobredimensionaron su capacidad de endeudamiento y potencialidad de pago, entraron en una difícil situación.
El año 2001 presentan nuevas reglas del juego para el sector financiero, en particular, y para toda la economía, en general, con la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria que dio libre curso legal con poder liberatorio al dólar.
La situación del mercado financiero también se ha visto afectada en los primeros ocho meses de 2001 por los recortes de las tasas de interés en los Estados Unidos de América y la disponibilidad de amplia liquidez, lo que ha causado que la tasa de interés activa a un año plazo, para los créditos nuevos haya caído a 9_% en agosto de 2001, menos de la mitad de lo que se cobra en cualquier país de Centroamérica y es la más baja de Latinoamérica.
Al mismo tiempo, se ha iniciado un proceso de reajuste paulatino de las tasas de interés de los créditos otorgados antes de diciembre de 2000, en concordancia con el ajuste de las carteras de depósito y otros instrumentos financieros de los bancos.
1. Reducir los costos de operación del sistema bancario, como complemento a su proceso sistemático de tecnificación financiera, para incrementar aún más su competitividad y eficiencia.
2. Hacer más fluida la calificación de los clientes como medio de reducir los costos de intermediación y facilitar la expansión del crédito.
3. Mantener un sistema solvente, seguro, moderno y competitivo, que esté en condiciones de incrementar sus vínculos con los diversos sectores productivos y apoyar el progreso económico y social nacional.
1. Gestionar ante el Órgano Judicial y demás instancias pertinentes, que se solvente la irregular situación que se presenta por jueces que no están aplicando adecuadamente la Ley de Bancos.
2. Gestionar ante la Superintendencia del Sistema Financiero la introducción de una mecánica técnico-financiera fluida que permita clasificar y desclasificar los clientes con saldos menores a $100,000.00.
3. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar el fiel cumplimiento de la reserva y confidencialidad bancaria, ante solicitudes de la Fiscalía y otras entidades estatales, que vienen sobrepasando los límites de su autoridad para pedir información clasificada como reservada y confidencial, excepto en casos delictivos.
4. Establecer un mecanismo de difusión pública de toda norma de la Superintendencia del Sistema Financiero que afecte directa o indirectamente los costos de intermediación de la banca o que afecte las tasas de interés, de modo que el público esté informado sobre estos factores administrativos o normativos que influyen en el precio del dinero.
5. Normar sobre el tipo de información estadística y de balances que se requieren de manera regular por la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, tanto pública como de uso interno, para evitar duplicidad y peticiones arbitrarias que elevan la carga de trabajo innecesariamente y, por ende, el costo de operar de los bancos.
6. Reducir el porcentaje de reserva de liquidez cuando los bancos captan a plazos mayores de un año.
7. Mejorar de la remuneración que fija el Banco Central de Reserva a los fondos de los bancos.
8. Acelerar la aprobación de la ley de LEASING.
9. Definir los contrato, políticas y procedimientos que normarán la operatividad entre el Fondo Social para la Vivienda y la banca, tanto respecto a la maquila de hipotecas como las políticas a mediano plazo de financiamiento para vivienda.
10. Establecer mecanismos favorables para la titularización de la cartera de vivienda de la banca.
11. Solicitar la pronta y efectiva entrada en vigencia del Documento Único de Identidad, como medio para reducir los fraudes que se hacen en contra de clientes o de los mismos bancos.
12. Ponderar los créditos hipotecarios de acuerdo a las garantías reales que ofrecen.
La Bolsa de Valores de El Salvador, en su afán por contribuir al desarrollo económico del país, plantea la necesidad de contar con el apoyo gubernamental en diferentes iniciativas, a manera de buscar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido.
El mercado financiero de una economía creciente, moderna y en plena iniciación del nuevo milenio, necesita del elemento fundamental de una sólida y dinámica bolsa de valores como ente protagonista de un mercado de capitales. En ese sentido, un mercado de capitales debe contar con una base legal que provea seguridad al inversionista institucional con fondos que pueden colocarse en instrumentos de largo plazo y con emisiones que presenten información completa y oportuna en cuanto a sus credenciales financieras, riesgos y estrategias.
Una legislación de desmaterialización de títulos valores, por ejemplo, concibe la eliminación de valores físicos, para sustituirlos por valores representados por anotaciones en cuenta, dentro de un sistema de alta seguridad. Es un medio que ofrece al mercado de valores una opción de emisión de valores, de una forma ágil, segura y confiable, el mercado aumenta en seguridad y velocidad en la transmisión de datos, ahorro directo del costo de emisión y manejo de valores, eliminación de inventarios físicos de valores, minimización en costos de custodia (bóvedas y pólizas de seguro), y disminuye el riesgo de pérdida, falsificación o hurto de valores.
Otro ejemplo es una legislación sobre titularización, mecanismo a través del cual una entidad transfiere bienes a un patrimonio autónomo administrado por una sociedad especializada, y se efectúa la emisión de valores contra dicho patrimonio. La titularización es una alternativa de bajo costo para la financiación de proyectos de infraestructura y de servicios públicos.
El alto nivel de negociaciones de Euro bonos 2006 y 2007 en la Bolsa de Valores de El Salvador evidencia que existe una alta demanda de títulos, ya que el 66.8% de los títulos se encuentran depositados en nuestro país, mostrando que existe una potencial demanda de títulos y el gobierno podría contribuir a dinamizar el mercado de valores salvadoreño.
Por otra parte, el Estado podría utilizar varias figuras bursátiles para financiar importantes proyectos de reconstrucción del país, como la titularización. El Estado, pro ejemplo, puede realizar la concesión y administración de una obra como las carreteras por reconstruir, a una empresa privada quien construirá un fideicomiso contra los flujos futuro de los derechos de tránsito a cobrar a los conductores, financiando de esa manera la construcción de la carretera en mención.
El considerando III de la Ley de Integración Monetaria, decreto No. 201 dice: "Que a efecto de incorporar efectivamente a El Salvador al proceso de integración económica mundial, se vuelve necesario dictar las regulaciones que faciliten el intercambio comercial y financiero con el resto del mundo, en forma eficiente".
Para contribuir en la dirección de este considerando, es necesario que nuestro incipiente mercado de capitales cuente con las reformas adecuadas que le den mayor profundidad el sistema bursátil. Entre ellas destaca el facilitar la inscripción y negociación de valores extranjeros en nuestro mercado. Negociar títulos extranjeros en el mercado local es una consecuencia inmediata del proceso de dolarización, ya que implica la apertura del mercado bursátil hacia la diversificación de instrumentos bursátiles internacionales.
1. Fomentar la participación del mercado de capitales canalizando activamente los recursos de mediano y largo plazo de los inversionistas hacia los entes productivos.
2. Promover la profundización bursátil salvadoreña, entendiéndose ésta como la participación que tiene el crédito captado en bolsa dentro de la producción total de la economía.
3. Satisfacer las necesidades de capital del sector público, de la mediana y gran empresa del sector privado, mediante la aplicación de instrumentos financieros desarrollados de acuerdo a sus requisitos propios.
4. Modernizar la legislación del Mercado de Valores, ante el proceso de integración financiera mundial y los requerimientos establecidos por la globalización de los mercados.
5. Brindar al inversionista diversas opciones de inversión, con el fin de mejorar su rentabilidad y diversificar sus niveles de riesgo.
1. Reformar la ley vigente del Mercado de Valores.
2. Aprobar una nueva Ley de Mercado de Valores que se adecue a las exigencias que el sistema bursátil demanda.
3. Aprobar el anteproyecto de Ley de Fondos de Inversión, de manera que se puedan diversificar los depósitos del público en otras alternativas de inversión, mejorando la estructura financiera del país.
4. Aprobar la Ley de Desmaterialización de títulos valores para realizar emisiones ágiles, con mayor seguridad, efectuar operaciones internacionales estandarizadas y crear acceso a pequeños inversionistas.
5. Aprobar la Ley de Titularización, fomentando su adecuada utilización para el financiamiento de proyectos del Estado y empresa privada a través de la emisión de títulos valores en la Bolsa de Valores.
