Para facilitar el logro de la visión de nación que propugna el sector empresarial es indispensable trabajar para construir la necesaria institucionalidad, que sea compatible con un sistema de libertades y el ejercicio de la libre empresa y alcanzar el más alto grado posible de gobernabilidad en democracia, como contraparte para ampliar la confianza de los agentes, que mediante la inversión generan riqueza y empleos. Institucionalidad y gobernabilidad se convierten en factores determinantes para crear ventajas competitivas como país y ganar competitividad como empresas, factores fundamentales para potenciar las posibilidades de progreso socioeconómico.

Por otro lado, la institucionalidad que se construya también debe ser compatible con las demandas del nuevo orden internacional, de modo de facilitar la inserción del país a las cadenas de producción y de comercialización mundiales y a los grandes mercados, que en el actual contexto internacional se abren, especialmente, por medio de los tratados de libre comercio y la necesidad de responder con la integración centroamericana efectiva, para ofrecer un mercado regional que sea atractivo a las grandes inversiones y aspiraciones comerciales que demanda el mundo globalizado.

A. INSTITUCIONALIDAD

La sociedad moderna desarrolla sus actividades por medio de instituciones o reglas del juego, que son en sí modelos de relaciones humanas, de distribución y ejercicio de posiciones, funciones y papeles, que sirven para estructurar o formalizar relaciones concretas en la sociedad. En este contexto, las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones y personas son los jugadores.

La institucionalidad puede construirse para establecer una relación autocrática o democrática, las cuales, igualmente, darán espacio para ganar mayores o menores niveles de gobernabilidad. En la pugna entre la autocracia y la democracia, el futuro de esta última dependerá en gran medida si ella nace y evoluciona para sustentarse en el consenso y el compromiso de las fuerzas vivas de la sociedad con los principios, valores, conceptos y mecanismos que caracterizan la efectividad de un régimen-sistema democrático. Por tanto, si la institucionalidad que se desea construir para regir la vida de la sociedad es de concepción y fundamentos democráticos, entonces la institucionalización del régimen debe constituir un proceso de adopción y fijación de normas y reglas que requiere la generación de consenso, legitimación y legalización, para su correspondiente sustentabilidad.

La empresa privada salvadoreña reitera su posición de trabajo a favor y en defensa inclaudicable de un régimen-sistema democrático, cuyo marco institucional debe asegurar la vigencia de los cinco principios fundamentales que deben sustentar al mercado: libertad, amplitud, transparencia, profundidad y flexibilidad. El cumplimiento y respeto de estos principios constituye un requisito ineludible para que los jugadores crean y tengan confianza y, así, puedan tomar las mejores decisiones posibles, que nacen de la certidumbre institucional, esto es, de la garantía que las reglas del juego son predecibles, que no cambiarán arbitrariamente y que se aplicarán en igualdad de condiciones para todas las entidades, ya sean individuales o colectivas.

Hay estudios que muestran que los países con mayores niveles de ingreso, inversión y tasas de crecimiento se caracterizan por tener: (i) instituciones gubernamentales efectivas, honestas y meritocráticas; (ii) una regulación limitada, pero clara frente al mercado; (iii) un sistema legal que se aplica de manera justa y equitativa; y (iv) una sociedad civil que junto a los medios de comunicación desarrollan funciones de contraloría social frente a la acción pública.

En los noventa, El Salvador impulsó importantes reformas políticas, económicas y sociales, con satisfactorios resultados entre 1990 y 1995. La economía creció a una tasa promedio anual de 6.1%, se logró una sólida estabilidad macroeconómica y la pobreza se redujo de 65.7% a 52.9%. Aunque a menor ritmo, de 1996 a la fecha, la pobreza continuó disminuyendo y la cobertura de servicios sociales básicos siguió aumentando.

Lamentablemente, el crecimiento se desaceleró a partir de 1996, principalmente por factores externos, y el país se volvió menos competitivo, generando poco a poco un ambiente de mayor escepticismo e incertidumbre, que requiere modificarse para no perder los logros económicos y sociales alcanzados.

Una de las principales causas del cambio en el clima de negocios radica en que las instituciones no continuaron cambiado con la celeridad que se han manifestado las transformaciones en El Salvador. Se ha tenido éxito en impulsar un proceso de paz y democratización y en instaurar un sistema económico de libre mercado, donde el Estado ha cedido terreno al sector privado. Pero se ha rezagado en la difícil tarea de crear o de hacer funcionar eficazmente las instituciones requeridas por la nueva estrategia económica y la naciente democracia, imponiéndose ahora la necesidad de generar un nuevo proceso de trasformaciones.

En este nuevo proceso de reformas institucionales destacan: la administración tributaria, la supervisión financiera y de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, la legislación laboral, la calidad del servicio público, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la eficacia del poder judicial y el establecimiento de un auténtico sistema de pesos y contrapesos. Se requiere avanzar en estas áreas para capitalizar adecuadamente los beneficios del proceso de liberalización y apertura comercial que ha impulsado nuestro país. El Estado debe ser pequeño, aunque también fuerte, con un sistema jurídico formal que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho, así como con la capacidad de someter al mismo Estado a las leyes y abstenerse de actuar arbitrariamente.

La concepción moderna nos dice que las ventajas competitivas de las naciones no están sustentadas en la abundancia relativa de determinado factor de producción, tampoco en la existencia de más o menos mercado, sino en aquellas economías con instituciones de mercado que generan incentivos a la productividad, creatividad y eficiencia. La riqueza de las naciones no depende tanto de la dotación de recursos, sino de la calidad de sus propias instituciones y políticas públicas, así como de la productividad de sus aparatos de producción.

Si bien es fundamental la institucionalidad en el ámbito nacional y el local, también lo es la institucionalidad empresarial, que en armonía con el libre mercado y el ejercicio responsable de la libertad, requiere el desarrollo de la moralidad empresarial, relativa al negocio, su credibilidad y el orgullo en la calidad, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la sana competencia y el respeto por el medio ambiente. Todo esto sin desmedro del ejercicio de la libertad con responsabilidad, en cuanto a que las ganancias y las pérdidas son privadas.

B. GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad es una situación en las relaciones de la sociedad que permite alcanzar mayor grado de cohesión social, en el contexto de un determinado régimen-sistema político, en donde (i) el régimen político concierne al conjunto de instituciones y normas jurídico-legales que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político; y (ii) el sistema político se refiere al conjunto de relaciones y prácticas de poder que existen efectivamente. Por tanto, la gobernabilidad concierne directamente al ejercicio del poder político y de los entendimientos y compromisos que implica tal ejercicio, el cual transcurre dentro de un contexto socioeconómico y político determinado y se expresa fundamentalmente en la definición y ejecución de decisiones públicas.

Existen dos grandes tipos de gobernabilidad: la autocrática y la democrática. Como la sociedad salvadoreña ha optado por un sistema de libertades, es requisito ineludible y fundamental gobernar democráticamente y trabajar para consolidar el régimen-sistema democrático, en congruencia con la conformación de la economía de mercado.

Desde la aprobación de la Constitución de El Salvador en 1983, se inicia un período de transformaciones, que se aceleraron en la década de los años noventa, en un esfuerzo para construir una nueva institucionalidad acorde con un sistema de libertades y un modelo de economía de mercado.

En ese contexto, el mantenimiento del mayor grado posible de gobernabilidad concierne a todos los miembros de la sociedad, ya que todos contribuimos, de una manera u otra, a ese fin necesario para facilitar el progreso y la relación armoniosa que anhelamos. Son determinantes de la gobernabilidad cinco factores principales: la capacidad de gobernar, la naturaleza y contenido del proyecto de gobierno adoptado, la dotación efectiva de recursos, la índole y condiciones de la sociedad que se gobierne, y la índole y condiciones de las fuerzas opositoras.

Dado esto, quienes ostentan el poder político deben construir y fortalecer sistemáticamente dos grandes fundamentos, si desean ganar y mantener un alto grado de gobernabilidad: la aceptación de la autoridad gubernamental y la calidad, respeto a la institucionalidad, honestidad y trasparencia de la gestión de gobierno.

1. La aceptación de la autoridad gubernamental

La aceptación de la autoridad gubernamental es un fundamento de la gobernabilidad, la cual depende básicamente de: (i) la índole y condiciones de la cohesión de la sociedad y los principios y valores que ella tenga; (ii) el nivel y condiciones prevalecientes de la cultura política de la sociedad; (iii) la eficiencia y eficacia del gobierno para encauzar y atender las demandas del público-ciudadano; y (iv) las condiciones socioeconómicas prevalecientes en la sociedad.

Entre esos requisitos resalta la necesidad de tener una adecuada cultura política, como mecanismo para ganar mayores grados de gobernabilidad. Aquí el sector político enfrenta un gran desafío, pues requiere una mejoría significativa para contribuir con mayor decisión al progreso nacional. Por esto, es necesario revisar tanto el sistema electoral como el de partidos políticos, para darles mayor transparencia, así como certidumbre y claridad al electorado sobre sus opciones. Asimismo, es urgente transformar el régimen municipal atomizado, que potencia la desarticulación del Estado, fomenta el empleo deficiente de los recursos y limita el desarrollo integral del país. Esto último, no apunta a debilitar los gobiernos municipales sino a fortalecerlos y modernizarlos, para facilitar la descentralización y desconcentración de funciones y recursos públicos.

También destaca como factor para garantizar la gobernabilidad la necesidad de mantener un nivel mínimo de condiciones socioeconómicas y culturales, que nacen de la responsabilidad subsidiaria del gobierno y las políticas públicas, como de la acción solidaria que sustenta la función de la empresa. En la medida que la población mejora el nivel y calidad de vida, tiene oportunidades para continuar progresando, vive en un pleno Estado de Derecho que garantiza la libertad y la seguridad y se fomenta la inclusión, se tendrá mayor gobernabilidad. Por tanto, el acatamiento voluntario de la autoridad gubernamental presupone que las fuerzas sociales y políticas relevantes perciban de modo positivo o al menos tolerable el desempeño del gobierno y de la situación socioeconómica predominante, lo cual promueve una gran vinculación entre gobernabilidad y percepciones.

2. Calidad, respeto a la institucionalidad, honestidad y trasparencia de la gestión de gobierno

Como la gestión de gobierno es un hecho objetivo, su ejercicio debe buscar continuamente la calidad, mantener un estricto respeto a la institucionalidad y mostrar honestidad y trasparencia en cada acto, ya que este modo de ejercer el poder es premisa esencial de la gobernabilidad. La construcción de este segundo fundamento de la gobernabilidad impone ciertos requisitos, entre los que destacan: (i) la capacidad de adoptar decisiones oportunas, adecuadas e identificables ante problemas que requieren la intervención gubernamental; (ii) la capacidad, honestidad, transparencia y efectividad en el manejo de los fondos públicos; (iii) la racionalidad del plan de gobierno y su aceptabilidad por las fuerzas sociales y políticas relevantes; (iv) la eficiencia y eficacia de las políticas públicas; y (v) el nivel y condiciones de cumplimiento de la oferta electoral.

El sector empresarial considera que es fundamental mejorar la institucionalidad, respondiendo principalmente a: la urgente necesidad de transformar la Corte de Cuentas en una verdadera Contraloría, donde imperen criterios técnicos en toda su estructura, como garantía del buen uso de los recursos del Estado; mantener la política de racionalización del tamaño del Estado, especialmente mediante concesiones basadas en criterios de eficiencia y eficacia, como son los casos de los servicios portuarios, aeroportuarios, de aduanas y sistema vial, entre otros; y modernizar el marco normativo que gobierna las relaciones económicas, de acuerdo a las demandas del libre comercio y el modelo de economía de mercado, como es el caso de las superintendencias del sistema financiero, de pensiones, de valores y de electricidad y telecomunicaciones.

La racionalización del gasto es fundamental para la sostenibilidad fiscal, así como el empleo más eficiente y eficaz de los recursos es clave para lograr la mayor rentabilidad social y económica de las políticas públicas. En este sentido, cobra mayor fuerza la necesidad que el gobierno tenga una política social de calidad, bien focalizada y priorizada hacia la educación, la salud y la provisión de los servicios básicos, especialmente hacia los más necesitados, en la medida que ellas contribuyen a mejorar el nivel y calidad de vida de la población y, por tanto, a generar condiciones favorables para la gobernabilidad.

Consecuentemente, para facilitar el logro de la visión empresarial de nación será fundamental ampliar la gobernabilidad en democracia, en armonía con el sistema de libertades y el libre comercio, con la aspiración de fortalecer la democracia, estimular el progreso y mantener el liderazgo en la integración centroamericana. Esto requiere concentrar esfuerzos para configurar condiciones socioeconómicas y políticas, al menos mediante los siguientes factores:

+ Estilo de gobernar basado en el respeto pleno del Estado de Derecho y a la autoridad establecida, alejado de prácticas anómalas para influir en las decisiones públicas.

+ Uso de mecanismos institucionalizados para canalizar y viabilizar las demandas de la población.

+ Existencia de un sistema de partidos de carácter pluralista, competitivo, estabilizado y transparente.

+ Mecanismos institucionalizados para una adecuada participación ciudadana en los asuntos públicos.

+ Disposición del régimen-sistema político al disenso y la tolerancia con las distintas posiciones políticas ante los problemas fundamentales del país.

+ Efectividad del sistema de reciprocidades socioeconómicas de la sociedad en general.

+ Internalización por parte de la población de valores y patrones democráticos de comportamiento.

De lograr esto, El Salvador estará construyendo el camino adecuado para convertirse en un país de oportunidades, abierto al mundo. De lo contrario, se corre el peligro que se degrade y deteriore el nivel y condiciones de la gobernabilidad, dando paso a la ingobernabilidad como situación problemática que genera condiciones que dificultan la viabilidad del gobierno para cumplir adecuadamente sus funciones, lo que también bloquea las actividades del resto de la sociedad. De esta manera, la ingobernabilidad se manifestará en: (i) el deterioro de la capacidad gubernamental para cohesionar a la sociedad, (ii) el debilitamiento del propio gobierno y, (iii) la pérdida de capacidades para generar condiciones que favorezcan el orden, la paz, la estabilidad y el progreso de la sociedad.

C. COMPETITIVIDAD

La libre competencia en un mundo que tiende a botar las fronteras, para crear un gran mercado global, se transforma en una gran amenaza para las empresas locales que no se preparen adecuadamente para competir bajo condiciones altamente demandantes en precios, cantidad, calidad, tiempos y grados de satisfacción que puedan ofrecer a los demandantes. Este nuevo ambiente comercial requiere de todo empresario comprender la urgente necesidad de hacer competitiva a su empresa y convertir el riesgo en oportunidad, para lo cual necesitará generar un proceso sistemático para construir, mantener, fortalecer y aumentar su competitividad empresarial.

Por un lado, el Estado tiene la responsabilidad de establecer una institucionalidad acorde con la libre empresa y el libre mercado, pues esto es un factor necesario para ganar competitividad y convertirlo en facilitador de la actividad privada, en la medida que contribuye a reducir los costos de producción y comercialización, y a generar recursos humanos bien calificados, que junto a un adecuado grado de gobernabilidad, estimula y ayuda a configurar un proceso revolvente de inversión privada, complementado con la inversión pública.

Por otro lado está la responsabilidad del mismo empresario, que debe internalizar que la competitividad es primordialmente función de la productividad de la empresa, que nace de la simbiosis de la mano de obra y el capital, estimulada por el conocimiento; así como de la reducción de todos los costos de producción y la eliminación de aquellos que no son propios de ningún proceso productivo de la empresa.

Esta es la forma de crear la ventaja competitiva indispensable para tener éxito en un ambiente de libre comercio entrelazado con el mundo globalizado que vivimos. Así, el compromiso de invertir en capital humano y en tecnología es fundamental para tener empleos altamente productivos, lo que abre oportunidades para ofrecer mejores remuneraciones sin afectar la competitividad de la empresa, con mejores ganancias para ella como mayor participación del valor agregado social para el trabajador, la sociedad y el país. De esta manera estaremos contribuyendo a lograr que la función económica sea de trascendencia humana, al tener como razón de ser, en su origen y fin, el bienestar de la persona.

Por tanto, en la vertiginosa carrera de la competencia mundial, se hace necesario remover los obstáculos que limitan el desarrollo de la competitividad, como son: el reglamentarismo, el burocratismo, el proteccionismo y el intervensionismo que nace de alianza entre intereses políticos y sectoriales en detrimento de toda la sociedad. Por el contrario, se deben construir premisas que contribuyan al desarrollo de la competitividad nacional y en el contexto de los tratados comerciales, como son:

+ Normas y reglas modernas y condiciones para reducir los costos de producción y de hacer negocios y hacer expeditos los trámites.

+ Marco legal que viabilice la inversión, la generación de empleo, la movilidad laboral y la productividad.

+ Mantener adecuados niveles de estabilidad macroeconómica y sociopolítica.

+ Baja inflación.

+ Sistema impositivo sencillo, competitivo y de bajo nivel respecto a los socios comerciales.

+ Sanidad fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica y financiera en el tiempo.

+ Generación de recursos humanos con adecuadas capacidades ante las demandas del rápido progreso científico-tecnológico de la humanidad.

+ Seguridad de las personas y del derecho de propiedad y del uso y usufructo de las utilidades y de las remuneraciones por el trabajo.

En el contexto de la globalización predominan los enfoques que dan prioridad al mercado y marginan la intervención estatal en el sistema económico, en donde el libre y amplio acceso a los mercados es esencial. Estos enfoques se concentran en la promoción de la competitividad, las exportaciones, la inversión privada extranjera y el Estado pequeño pero fuerte.

En el entorno globalizado es vital la búsqueda de la eficiencia productiva, para generar productos de apropiada calidad y a precios competitivos. Para lograr esto se requiere conjugar diversos componentes, entre los cuales destacan:

+ La incorporación sistemática de apropiada tecnología en los procesos de producción de bienes y servicios.

+ El mejoramiento sostenido de los coeficientes técnicos de producción.

+ La calificación sistemática de los recursos humanos.

+ La búsqueda y aprovechamiento sistemático de oportunidades de mercado.

+ La apertura interna y externa del país.

La apertura de un país genera mayores niveles de competencia y presiona para elevar la eficiencia, buscando escalar posiciones competitivas, de modernización productiva y de libertad. Escalar posiciones competitivas facilita la obtención de cuotas de participación en los mercados globalizados, lo cual da espacio y potencia el escalamiento de posiciones de modernización productiva, que depende del nivel y condiciones tecnológicas de la producción y del tamaño de su valor agregado. Por su parte, fortalece y estimula el escalamiento de esas dos posiciones el grado de libertad que logre el país, frente al resto de naciones en el mundo.

Los factores que inciden directa e indirectamente en el nivel y condiciones de competitividad de un país en desarrollo, son diversos y complejos. Sin embargo, esos factores se concentran en las siguientes veinte áreas básicas, también reconocidas por el Foro Global, para la respectiva acción estratégica:

1. Apertura, contracción y modernización del Estado

2. Apertura y eficiencia del mercado interno de bienes y servicios y su articulación al comercio mundial

3. Apertura y eficiencia del sistema financiero y su articulación al sistema financiero mundial

4. Estabilidad macroeconómica

5. Estabilidad socio política

6. Existencia de infraestructura moderna

7. Modernización científica y tecnológica vinculada al aparato productivo

8. Modernización de la gestión empresarial

9. Desarrollo de la capacidad de innovación empresarial

10. Integración de cadenas productivas

11. Calificación sistemática de los recursos humanos

12. Integración interna

13. Integración regional

14. Calidad y estabilidad de las instituciones o reglas del juego

15. Calidad y estabilidad de las organizaciones gubernamentales

16. Eficiencia y eficacia de las políticas públicas

17. Calidad y estabilidad de los partidos políticos

18. Calidad y estabilidad de las fuerzas sociales y económicas

19. Mejoramiento sistemático de la calidad de vida de la población

20. Plan de Nación, que implique una agenda común de acción concertada y de compromisos por las fuerzas económicas, sociales y políticas del país.

Como se observa, institucionalidad, gobernabilidad y competitividad se entrelazan y potencian entre sí, ya que las dos primeras proveen mayores grados de confianza y credibilidad, necesarias para estimular la inversión, y la tercera difícilmente tiene posibilidades de materializarse sin inversión. Por tanto, la acumulación de capital fijo, el desarrollo de capital humano y la rentabilidad o ganancia constituyen pilares fundamentales del edificio de la competitividad empresarial y sectorial, que en suma contribuyen directamente a determinar la competitividad como país.

Lo anterior, muestra la necesidad irrenunciable que todas las fuerzas del país sean partícipes de una estrategia socioeconómica e institucional, para la creación y utilización efectiva de las ventajas competitivas y transformarlas en factores de desarrollo. Complementariamente, el país debe explotar sus ventajas comparativas, como son su ubicación geográfica y la condición especial de su recurso humano. Por tanto, el reto nacional debe orientarse y mantenerse en el sentido y dirección de desarrollar las ventajas competitivas y aprovecharlas conjuntamente con las ventajas comparativas que tiene El Salvador.

D. INTEGRACION CENTROAMERICANA

El proceso de configuración del nuevo orden mundial presiona a los países que buscan el desarrollo a establecer los necesarios fundamentos económicos, sociales, culturales, legales y políticos, que garanticen la libertad y la vigencia plena del Estado de Derecho, en todo orden de cosas, para poder participar adecuadamente en la globalización. También induce, como necesidad estratégica, la creación de bloques regionales para facilitar la competencia y estimular la competitividad en el contexto mundial y para ganar nuevos mercados y ampliar las fronteras productivas.
Esto demanda esfuerzos en dos dimensiones: (i) la gestación y consolidación de una apropiada institucionalidad y de condiciones propicias en cada uno de los países, para viabilizar la integración, tanto interna como externa; y (ii) la adopción y el desarrollo de responsabilidades e instituciones supranacionales, que se estructuren y funcionen con efectividad.

La experiencia de integración de Centroamérica muestra avances y retrocesos y aún no es una región cohesionada. Cuando el sector privado ha avanzado con mayor determinación, algunos gobiernos se han sentido amenazados de perder cuotas de poder y han frenado los procesos de integración. También, cuando los gobiernos han avanzado con mayor celeridad, algunos que han visto amenazados a sus mercados se han transformado en grupos de presión para mantenerlos cautivos, generándose un círculo vicioso que ha retardado el proceso efectivo de integración, el cual sigue avanzando como necesidad histórica, ahora presionado por los requerimientos de previsibles tratados comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea.

Si bien en la última década ha habido avances significativos, será fundamental comprender que la integración requiere establecer verdaderamente el mercado regional con libre movilidad de los factores productivos y no sólo sumar pequeños mercados que en la práctica mantienen barreras proteccionistas. Centroamérica será atractiva para la gran inversión extranjera si se logra convertir la región en un solo mercado conformado por cerca de 40 millones de personas y se ofrece una institucionalidad que dé seguridad al inversionista.

Todo esto implica generar un amplio movimiento, que debe ir más allá del proceso técnico burocrático, al crear y desarrollar como complemento una fuerza político empresarial dispuesta a que se estructure y funcione la integración centroamericana, a jugar con y a mantener reglas de juego de mercado, en un ambiente abierto, competitivo y sin discriminación. Si se toma conciencia sobre esto y existe una gran base de apoyo de las fuerzas políticas y sociales, se podrá construir una institucionalidad que efectivamente mueva a los países a formar una verdadera región económica, con mayor participación en el concierto internacional.

Este es el desafío histórico fundamental de los gobiernos, empresarios y trabajadores centroamericanos. Esto implica como premisa esencial terminar de construir una nueva institucionalidad nacional y regional, que viabilice la integración, para facilitar el progreso de los pueblos centroamericanos y estimular la inversión nacional y la extranjera, que requieren cada vez mayor confianza y seguridad. Por tanto, se debe hacer esfuerzos para establecer una agenda mínima de largo plazo para la integración regional, que incluya:

+ Integración comercial y modernización productiva.

+ Armonización de políticas y legislación.

+ Modernización y ampliación de la infraestructura con sentido regional y un adecuado aprovechamiento energético.

+ Apertura y movilidad laboral.

+ Gestión regional del medio ambiente.

+ Integración social y reducción de la pobreza.

En la consecución de estas tareas nacen otros grandes desafíos para los gobiernos, las fuerzas políticas y el sector productivo. Los gobiernos tienen la responsabilidad y obligación de evaluar a profundidad a las instituciones públicas nacionales y regionales y eliminar los procesos que estimulan el burocratismo, elevan los costos de operación y dan espacio a la corrupción. Las fuerzas políticas deben entrar en una firme evaluación para terminar con las prácticas que dan espacio al favoritismo, el inmediatismo, el clientelismo político, el oportunismo y la corrupción. Los empresarios deben evolucionar en su enfoque y tomar conciencia de la función social de la empresa.

Por tanto, la nueva institucionalidad debe constituir un medio dinámico que facilite la integración interna y externa de los países. La integración interna de cada país demanda facilidades para conectar territorialmente los lugares de producción con los mercados locales y con los puertos que conducen a los mercados regionales y mundiales. También requiere integrar socialmente a todos los habitantes del país, lo que implica invertir masivamente en capital humano, para reducir sistemáticamente las inequidades que tienen marginada a una gran proporción de nuestras sociedades, que viven en estado de pobreza. Esto se debe corregir, de lo contrario se limitará el acceso de los beneficios que pueda traer la integración regional. Esto constituye uno de los mayores desafíos de los gobiernos de la región.

La integración externa se viabilizará si hay una fuerza político empresarial dispuesta a crear, hacer funcionar y respetar a instituciones regionales que ordenen y guíen el proceso de integración, con voluntad para ceder algunos grados de poder nacional en aras del progreso de sus pueblos. Además, ante las demandas de los tratados comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea, está el requisito ineludible de integrar mercados y de botar las fronteras comerciales.

Dentro de este nuevo escenario, el sector empresarial salvadoreño ve con optimismo los pasos que ya están dando los gobiernos centroamericanos para consolidar la integración regional. En particular, se ha valorado positivamente el “Plan de Acción” que se ha propuesto hasta 2003. A juicio del sector empresarial, de concretarse las medidas identificadas y con plazos predeterminados para su cumplimiento darán un renovado impulso al proceso. Es especialmente relevante la adopción de un mecanismo centroamericano para la solución de controversias comerciales, la armonización arancelaria y continuar avanzando rápidamente hacia la Unión Aduanera. En esa perspectiva, ENADE avala los compromisos adquiridos al más alto nivel, con el anhelo que exista una firme voluntad política de hacerlos realidad en los plazos establecidos.

Dada la realidad presente, es de importancia estratégica acelerar los procesos de coordinación y armonización de políticas, principalmente las cambiarias y tributarias, para crear un mercado único. Además, es preciso identificar proyectos regionales de infraestructura que potencien el proceso productivo, los cuales hoy se ven favorecidos por las iniciativas enmarcadas en el Plan Puebla-Panamá, tal como quedó planteado en la reunión de los presidentes de los países del Istmo Centroamericano y el presidente de México, en Mérida, Yucatán.

El sector empresarial salvadoreño considera que si se avanza con determinación en la conformación de la institucionalidad regional y en la ejecución de proyectos regionales, los países centroamericanos darían una clara y necesaria señal a la comunidad internacional, sobre su decisión y voluntad política de perfeccionar y consolidar el proceso de integración Centroamericana, en el marco de los desafíos y oportunidades que presenta el nuevo orden económico mundial.