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Resultados ENADE 2001

Segunda Parte
ENADE 2002
1a. Parte I. REQUERIMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
A. EDUCACIÓN
  B. SALUD
C. MEDIO AMBIENTE
D. SEGURIDAD JURÍDICA Y CIUDADANA
E. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
F. POLÍTICA LABORAL
G. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
H. POLÍTICA FISCAL
I. POLÍTICA COMERCIAL
II. REQUERIMIENTOS DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
A. SECTOR EXPORTADOR
B. SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
C. SECTOR BANCARIO
D. SECTOR BURSÁTIL
E. SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
F. SECTOR TURISMO
G. SECTOR CONSTRUCCIÓN
H. SECTOR INDUSTRIAL
AGENDA LEGISLATIVA
RESULTADOS DE ENADE 2001


SEGUNDA PARTE

Esta Segunda Parte del documento presenta las políticas públicas que el sector empresarial propone y se compromete a apoyar para su pronta consecución, porque ellas contribuyen decididamente al logro de la visión de nación planteada por el sector privado. Estas se complementan con las políticas sectoriales que se plantean como necesarias, cuya responsabilidad de su ejecución recae, en casos, en el sector público y otras dentro de los sectores productivos, que tendrán la responsabilidad de hacerlas realidad.



I. REQUERIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Las demandas de políticas públicas que plantea el sector empresarial incluyen nueve campos de gestión, que tiene como fin lograr cuatro grandes objetivos nacionales, congruentes con la visión de nación planteada:

+ Incrementar el capital humano, como recurso fundamental para elevar el nivel y calidad de vida de la población y condición básica para convertir a El Salvador en país de oportunidades para progresar.

+
Profundizar y acelerar el libre comercio, la integración latinoamericana y, en especial, la centroamericana, concurrente con los esfuerzos de ser más competitivos.

+ Consolidar una institucionalidad acorde con el sistema de libertades y apertura de El Salvador al mundo globalizado, que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho, la seguridad ciudadana y la estabilidad socioeconómica y política.

+ Compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la recuperación y protección del medio ambiente.

A. EDUCACIÓN

La educación es la herramienta más potente para aumentar el capital humano y potenciar las posibilidades de incrementar la productividad y la competitividad del país y, por tanto, de elevar el nivel y calidad de vida de la población y generar igualdad de oportunidades para progresar.

OBJETIVOS

Comprometer al Estado a asignar mayores recursos y promover las reformas educacionales e institucionales que permitan elevar de manera sistemática la calidad del recurso humano salvadoreño, mediante la oferta de educación de calidad, acorde con las demandas del mundo globalizado y capaz de incorporar al conocimiento de las personas las nuevas herramientas que ofrece el acelerado progreso científico y tecnológico del mundo. Ampliar la cobertura escolar, abatir la repitencia escolar y elevar el número de años de escolaridad de la población, así como el acceso a la educación vocacional, tecnológica y universitaria; y fomentar la investigación científico-tecnológica y la capacitación y actualización de la fuerza laboral.

PROPUESTAS EN EDUCACIÓN NO FORMAL


1. Establecer un Régimen Administrativo Especial para el INSAFORP, para acelerar la ejecución de programas de capacitación y actualización técnico profesional.

2. Reformar la Ley de Formación Profesional, para hacer más eficiente la administración y acceso a los recursos de INSAFORP.

3. Acelerar la puesta en marcha del Centro de Formación de San Bartolo.

4. Apoyar el establecimiento del Sistema Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

PROPUESTAS EN EDUCACIÓN FORMAL


1. Incrementar sostenidamente el presupuesto de educación de acuerdo a estudios realizados por FUSADES.

2.
Sustituir gradualmente el actual esquema de subsidio educativo a la oferta por un esquema de subsidio directo a la demanda, en el cual los padres deciden donde matricular sus hijos, con una apropiada información sobre la calidad de las escuelas.

3. Diseñar y poner en práctica un programa piloto de subsidio monetario directo a las familias que envían a sus hijos a estudiar primaria, que pertenecen al 20% de la población más pobre y que viven en los departamentos de menor desarrollo.

4. Aumentar la inversión en educación pre-escolar por ser la etapa de más desarrollo intelectual y de mayor rentabilidad para la sociedad.

5. Generalizar en los programas de educación primaria y secundaria nuevas herramientas para el conocimiento global como contenidos empresariales básicos, inglés, manejo de computadoras, lógica, aplicaciones de conocimientos científicos y tecnológicos.

6. Asignar los recursos que garanticen el funcionamiento de los 22 Institutos Nacionales que operan bajo el esquema de formación tecnológica de APREMAT, buscando participación de las autoridades locales y el sector productivo, y ampliarlo hacia aquellos institutos que se consideren necesarios.

7.
Orientar los recursos educativos regionales en función de las propuestas de las Acciones Territoriales del Plan de Nación.

8. Incrementar de manera sostenible el apoyo gubernamental al ITCA, para potenciar las áreas tecnológicas como el desarrollo de software, electrónica, logística, agro empresas, turismo, gestión de calidad y control numérico computarizado, entre otras.

9. Promover un proceso de reforma de la educación superior, que garantice recursos humanos con capacidades y conocimientos que eleven la competitividad del país. Esto deberá incluir la enseñanza generalizada de nuevas herramientas para el conocimiento global como son: contenidos empresariales básicos, idioma inglés, manejo de computadoras, lógica, aplicaciones de ciencia y pensamiento científico y tecnológico.

10. Impulsar un programa gradual para establecer un vínculo formal de cooperación entre las universidades y las empresas.

11. Hacer cumplir lo establecido en la Ley de Educación Superior a las universidades del país, en particular en lo referente a la investigación y a la proyección social, a través de la respectiva vigilancia por parte del Ministerio de Educación.

12. Consolidar y apoyar el programa “Escuela 10” en busca de la excelencia académica.

13. Capacitar a directores y subdirectores como Administradores Escolares, con habilidades para evaluar y supervisar los procesos de modernización y la calidad de la educación que se brindan a la escuela.

14. Desarrollar programas continuos de formación y actualización a los maestros, y aplicar periódicamente una prueba equivalente a la PAES a los mismos, como una medida de su calidad, capacitación, actualización y asenso profesional.

15. Incorporar en los planes de estudio de bachillerato unidades valorativas de acuerdo a competencias, vinculando la formación técnica profesional con el sector productivo.

16.
Promover la diversificación de la educación media y superior para facilitar la compatibilidad entre la oferta y la demanda de trabajo.

17. Institucionalizar la enseñanza de valores, de ética y de moral en las escuelas públicas.

PROPUESTA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. Fortalecer financieramente a CONACYT, para que pueda tener un rol preponderante en el mejoramiento y apropiación tecnológica, innovación, investigación y desarrollo.

2. Ampliar el programa para jóvenes talentos que desarrolla el MINED en coordinación con la Universidad de El Salvador, para facilitar su integración a la educación superior, al sistema de investigación y desarrollo y a los sectores productivos.

3. Introducir en los tratados comerciales que negocia el país, programas de cooperación para transferencia y adaptación de tecnología por los firmantes.

4. Difundir la información sobre patentes, por parte del Centro Nacional de Registros.

5. Agilizar la coordinación entre el gobierno, las embajadas de países amigos, el sector privado y las universidades, para aprovechar las oportunidades de becas que ofrece al país la cooperación internacional.

6. Generalizar la enseñanza y difusión del uso del Sistema Internacional de Unidades de Medida en todos los niveles de la educación formal, por los beneficios que tiene su utilización para el libre comercio y la actividad exportadora.

B. SALUD

La provisión de un adecuado y eficaz servicio de salud contribuye a la calidad del recurso humano y actúa como complemento de la inversión en educación, al tiempo que evita las pérdidas como sociedad y dentro de la empresa por ausentismo y deficiencias que limitan la adopción de nuevas tecnologías y la obtención y actualización de conocimientos y capacidades.

OBJETIVOS

Mejorar la transparencia, calidad, cobertura y eficiencia y eficacia de los servicios de salud, con énfasis en el nivel preventivo, para asegurar un derecho que contribuye a elevar el bienestar y calidad de vida de la familia salvadoreña; y mejorar sistemáticamente los indicadores de salud. Con este fin, se buscará modernizar el marco legal, asegurar su cumplimiento e incentivar la participación privada en la prestación de los servicios de salud.

PROPUESTAS

1. Crear una Comisión Presidencial Interdisciplinaria, que proponga las reformas necesarias para la modernización del ISSS.

2. Reestructurar el sector salud considerando las propuestas presentadas por los diferentes sectores.

3. Dar en concesión los servicios de apoyo de salud, como alimentación, vigilancia, limpieza, lavandería y otros.

4. Homogeneizar los requisitos de licitación para los laboratorios nacionales y extranjeros y simplificar las bases de estos procesos, para la adquisición de productos farmacéuticos, según lo establecido en la legislación y ser uniformes, en lo posible, para el ISSS, los Hospitales Nacionales y el Ministerio de Salud Pública.

5. Modernizar y agilizar el registro de medicamentos que actualmente ejecuta el Consejo Superior de Salud Pública, dotándolo de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.

6. Aprobar el nuevo Código de Salud en consenso con el sector privado.

7. Establecer, por medio de un comité técnico, un Cuadro Básico Nacional de Medicinas a ser usado por el Ministerio de Salud Pública, el ISSS y los Hospitales Nacionales.

8. Establecer mayor control sobre los esquemas de pensionado que los hospitales del sector público prestan a la población.

C. MEDIO AMBIENTE


La responsabilidad de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales recae primordialmente sobre el Gobierno, pero involucra y promueve la participación de las empresas, de los consumidores y de cada miembro de la sociedad. Esta visión se basa en que el progreso del país debe armonizar el crecimiento económico con las leyes del medio ambiente y la estabilidad social como fundamento para que las actuales generaciones satisfagan sus necesidades sin comprometer el bienestar y las posibilidades de las futuras generaciones.

OBJETIVOS

Crear una sociedad con cultura ambiental y ecológica, para que la conservación del entorno humano se convierta en una herramienta que viabilice y promueva un desarrollo integral, sostenible y sustentable de la sociedad, mediante el uso equilibrado de los recursos naturales, la prevención y mitigación de riesgos ambientales, ecológicos y estructurales y la protección y recuperación del medioambiente, evitando contradicciones que limiten o entorpezcan el desarrollo presente y el futuro.

PROPUESTAS


1. Agilizar las reformas a la Ley de Medio Ambiente que permita conciliar la preservación del medio ambiente con el crecimiento económico

2. Agilizar la entrega de los permisos ambientales que son responsabilidad del MARN, de acuerdo a los procedimientos técnicos y legales adecuados.

3. Aprobar las normas de Aguas Residuales Descargadas a un Cuerpo Receptor.

4. Reformar el Reglamento Especial de Aguas Residuales.

5. Aprobar la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

6. Aprobar la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

7. Aprobar las normas de Emisión de Fuentes Fijas, de Emisión de Fuentes Móviles y de Ruido Ambiental.

8. Establecer un programa de compensación ambiental utilizando mecanismos de mercado.

9. Establecer un sistema para que las auditorias ambientales sean realizadas por empresas privadas previamente certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

10. Impulsar la unificación del marco regulador en materia ambiental.

11. Diseñar una Política Nacional de Producción más Limpia.

12. Definir e impulsar una estrategia nacional de medio ambiente.

13. Establecer una política nacional de prevención y mitigación de desastres articulada con el Sistema Nacional de Emergencia, municipalidades, comunidades y sector privado.

D. SEGURIDAD JURÍDICA Y CUIDADANA


La seguridad jurídica es la piedra angular de la institucionalidad de una sociedad, que dependiendo de su calidad y predictibilidad, se transforma en un requisito ineludible para generar credibilidad y confianza en los inversionistas, en particular, y en la sociedad, en general. A esto se suma la necesidad de garantizar el mayor grado de seguridad ciudadana, para garantizar la propiedad privada y la vida de las personas. Esto cobra mayor relevancia aún, cuando se busca internacionalizar la producción y el comercio del país y estructurar alianzas regionales y empresariales, que requieren de un orden donde impere y todos estén sometidos a un pleno Estado de Derecho.

OBJETIVOS

Consolidar un moderno régimen-sistema de ordenamiento legal y de administración de justicia que sea garantía de seguridad jurídica, para que impere un pleno Estado de Derecho, por ser caracterizado por impartir una pronta y cumplida justicia, a través de la aplicación objetiva e imparcial del ordenamiento jurídico, y estar conformado por jueces, magistrados y abogados de notoria honradez, moral y conducta impecable. Similarmente, contar con un sistema policial moderno, depurado, con capacidades y medios efectivos para desarrollar y ejecutar estrategias de combate del crimen organizado y la delincuencia común, y que en esta función, encuentren la debida respuesta en el sistema judicial y cuente con instrumentos de prevención de la delincuencia, especialmente dirigidos hacia los jóvenes.

PROPUESTAS EN SEGURIDAD JURÍDICA

1. Finalizar la depuración de los jueces y abogados con títulos falsos, a través de la destitución de los primeros y de la revocatoria de la autorización para el ejercicio de la profesión de los segundos, respetando el debido proceso en cada uno de los casos.

2. Fortalecer la Unidad de Investigación Profesional y Judicial de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto que las mismas resuelvan con prontitud las denuncias hacia jueces, magistrados y abogados.

3. Continuar impulsando medidas a corto plazo para resolver el problema de la mora judicial.

4. Cumplir las recomendaciones del Consejo Nacional de la Judicatura a la Corte Suprema de Justicia, sobre irregularidades en las actuaciones de jueces y magistrados y reconocer el trabajo de aquellos que resulten satisfactoriamente evaluados.

5. Impulsar por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa las reformas respectivas a la Ley Orgánica Judicial, para incorporar requisitos más rigurosos para la autorización de abogados y notarios.

6. Promover la discusión y aprobación del proyecto de Ley General de Procedimientos Administrativos.

7. Promover consultas por parte de la Asamblea Legislativa con los distintos sectores, antes de la aprobación de un proyecto de ley o de modificaciones a una ley existente.

PROPUESTAS EN SEGURIDAD CIUDADANA


1. Implantar un plan estratégico a través del Ministerio de Gobernación, con acciones concretas para la prevención de la delincuencia y la violencia social.

2. Continuar y reforzar el combate al crimen organizado, con acciones estratégicas de la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO), en coordinación con la Fiscalía General de la República, especialmente en lo relativo a delitos de secuestro, narcotráfico y lavado de dinero.

3. Coordinar las estrategias para el combate al crimen organizado con las instituciones policiales de la Región, principalmente en lo relativo a delitos de contrabando, narcotráfico y secuestro.

4. Apoyar a la Policía Nacional Civil en el combate de la delincuencia común, especialmente en las zonas de mayor concentración de población, dotándola con mayores recursos financieros y técnicos y para la capacitación y actualización policial de la PNC y a la Academia Nacional de Seguridad Pública.

5. Conformar un sistema que permita dar una atención eficaz y diligente por parte de la Fiscalía General de la República, la PNC y el Órgano Judicial a los casos de contrabando de productos agropecuarios a nivel nacional.

6. Reforzar presupuestariamente a la Dirección General de Centros Penales, para impulsar planes de readaptación de los internos para evitar que fomenten la delincuencia.

E. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE


Una buena infraestructura es indispensable para facilitar la integración interna y externa del país y es, a la vez, condición básica para tener mejor acceso a los mercados por parte de toda la población y beneficiarse del libre comercio. También es un requisito para reducir los costos de producción de bienes y servicios, algo inherente a la búsqueda de mayor competitividad como empresas y como país.

OBJETIVOS

Lograr una infraestructura integradora desde el más remoto lugar al interior del país hasta con lugares de acceso a los grandes mercados regionales y del resto del mundo, como medio para reducir los costos de operar, hacer más competitivo al país e incrementar el acceso a los beneficios del libre comercio. De esta manera, se busca convertir a El Salvador en un país altamente atractivo para la inversión y el comercio, dada su ubicación geográfica, por contar con una infraestructura de alta calidad, una eficaz y predecible institucionalidad, capital humano calificado y con alta calidad empresarial.

PROPUESTAS


1. Fortalecer la capacidad de regulación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y revisar el respectivo marco regulatorio.

2. Implantar una efectiva política energética nacional y continuar con la modernización del sector de energía eléctrica hasta obtener precios competitivos.

3. Finalizar la rehabilitación de las líneas de transmisión en el occidente del país y la interconexión eléctrica con Honduras y el resto de Centroamérica, en el marco del Plan Puebla Panamá.

4. Aprobar el préstamo para el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, SIEPAC.

5. Dar seguimiento a las reuniones y eventos preparatorios de cara a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se celebrará en 2003 en Ginebra y en 2005 en Túnez.

6. Concesionar los servicios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, los Ferrocarriles de El Salvador y el Puerto de Acajutla, aprobando la legislación correspondiente dentro de un marco de competitividad.

7. Construir la infraestructura complementaria al Puerto de Cutuco: el by pass en la ciudad de La Unión, la planta de tratamiento de aguas residuales y el acceso a electricidad.

8. Construir y reconstruir las carreteras identificadas como críticas para el desarrollo del país de acuerdo a las necesidades identificadas por el gobierno, el Plan de Nación y el Plan Puebla Panamá, como son: Longitudinal del Norte, carretera interoceánica desde nuestros puertos hacia el Atlántico, carretera a Santa Ana, carretera a Quezaltepeque, Panamericana a Oriente, la Litoral, de San Miguel a La Unión, de Santa Ana– Metapán-Anguiatú y el Anillo Periférico de San Salvador.

9. Continuar con la segunda etapa del proyecto “Caminos Rurales Sostenibles”, para el desarrollo de regiones poco comunicadas con el resto del país, como son: la vía de acceso de la Troncal del Norte al municipio de Las Pilas, Chalatenango; y el camino entre Ilopango y Santiago Texacuangos, que une la carretera Panamericana con la Autopista al Aeropuerto Internacional El Salvador, entre otros.

10. Aprobar una Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

11. Aprobar la Ley de Hidrocarburos.

12. Aprobar la Ley del Recurso Hidrológico.

13. Desarrollar la cuenca del Río Grande de San Miguel.

14. Ampliar la cobertura de agua potable a la población urbana y rural, y reparar la infraestructura de distribución.

15. Iniciar el proceso de descentralización del servicio de agua potable y alcantarillado.

16. Revisión, elaboración y actualización del marco jurídico del transporte terrestre de carga y pasajeros, creando condiciones de competencia en el sector.

17. Aprobar la Ley Especial del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores.

18. Crear y mantener un estudio sistemático de la legislación regional e internacional sobre transporte terrestre de carga, para armonizar la legislación local.

19. Establecer mecanismos de reciprocidad en el transporte terrestre de carga con los países centroamericanos y velar por su cumplimiento.

20. Desarrollar el proyecto original de la reforma del transporte colectivo de pasajeros.

21. Realizar las acciones necesarias para lograr precios de mercado, competitivos, en el transporte aéreo y marítimo, tanto de carga como de transporte de pasajeros.

22. Vigilar, por parte de la Sub-Dirección de Transporte de Carga del Vice Ministerio de Transporte, la operación interna del servicio de transporte de carga, para evitar la competencia desleal de transportistas procedentes de otros países.

F. POLÍTICA LABORAL


Una política laboral consecuente con los principios de libre mercado tiende a proveer mayores oportunidades para la generación de empleos, de acuerdo a diferentes formas de oferta laboral y demanda de mano de obra, a estimular los procesos de capacitación y actualización laboral y establecer relaciones obrero-patronales armoniosas, en la búsqueda de un objetivo común: el progreso sistemático de la empresa mediante el aumento de la productividad, para mantenerse en el mercado y ganar nuevos espacios comerciales, con lo que se aseguran los empleos y se facilitan mejores niveles y calidad de vida como individuos, familias y país.

OBJETIVOS


Modernizar el mercado laboral salvadoreño en consistencia con las demandas del mundo globalizado, de modo de materializar los beneficios que conlleva el libre comercio. Esto será fundamental para crear mejores condiciones para la generación de nuevos empleos, poniendo énfasis en la necesidad de disminuir las barreras de entrada que existen y que afectan particularmente a los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo, así como capacitar masivamente a la fuerza laboral con nuevas destrezas, en función de la mayor productividad que demanda el país.

PROPUESTAS

1. Fortalecer financiera y funcionalmente al Consejo Superior del Trabajo, para crear las condiciones que conduzcan al diálogo social permanente (Convenio 144 de la OIT); y respetar su institucionalidad para la participación de los diferentes sectores en las instancias tripartitas, sean nacionales e internacionales.

2. Identificar los requerimientos de capacitación por medio de un Observatorio del Mercado Laboral, para preparar a los trabajadores de las empresas cotizantes a enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la apertura comercial.

3.
Promover para su análisis y aprobación, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, armonizándola a nivel regional.

4. Someter los ante proyectos de Ley de Aprendizaje y Ley de Reactivación del Empleo a conocimiento del Consejo Superior del Trabajo, previo a la aprobación en la Asamblea Legislativa.

5. Crear la institucionalidad para desarrollar un centro de recreación para los trabajadores de la empresa privada, bajo la administración privada.

6. Mantener informado al Consejo Superior del Trabajo, sobre los avances de la negociación del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, y canalizar las recomendaciones del sector laboral sobre el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, hacia los negociadores oficiales a través del Consejo Empresarial Nacional.

7. Mejorar el apoyo institucional para el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo.

8.
Reformar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, para facilitar la entrega de los beneficios de pensión a los trabajadores a quienes les hacen falta registros de sus cotizaciones.

G. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO


El Estado, en el contexto de un sistema de libertades, democracia y economía social de mercado, debe ser eficiente y eficaz, transparente y descentralizado, garante de la institucionalidad y facilitador del progreso integral de la sociedad, para ganar legitimidad en sus funciones y contribuir a lograr los mayores grados de gobernabilidad posible. Todo esto se traduce en la formación de una sociedad que vive en paz social y ofrece atractivas condiciones para la inversión, la generación de empleos y riqueza, para progresar con dinamismo.

OBJETIVOS


Mediante un proceso de reformas, se busca modernizar al Estado para construir una institucionalidad predecible, acorde con los desafíos de un mundo globalizado, un sistema de libertades y de libre empresa y condiciones que demandan alcanzar altos niveles de competitividad como país. Esto demanda transformar al Estado, que si bien debe ser pequeño, también debe ser eficiente y eficaz, para: (i) facilitar la actividad privada y ser factor que contribuye a reducir los costos de operar y hacer atractivo al país para la inversión interna y externa; (ii) ejercer amplia capacidad normativa y supervisora y, así, garantizar la trasparencia del mercado y la sana competencia; (iii) contar con recursos humanos de alta calidad y enmarcados en un sistema que viabilice la carrera del servidor público; (iv) garantizar el buen y eficaz uso de los recursos públicos y prevenir la corrupción; y (v) facilitar la articulación entre el nivel regional, nacional y local. Por último, un Estado con capacidad para abordar los problemas de desigualdades sociales y territoriales y de desintegración socioeconómica, para contribuir a la generación de igualdad de oportunidades para todos.

PROPUESTAS PARA LOGRAR UN ESTADO TRANSPARENTE

1. Transformar la Corte de Cuentas en un eficiente y eficaz contralor de la administración publica, que genere credibilidad y confianza en todos los sectores, con plena independencia y firme en su objetivo de fiscalizar las entidades estatales y combatir la corrupción en las diferentes esferas de la administración pública: Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y municipalidades.

2. Institucionalizar la carrera del servidor público, para motivar, tecnificar y profesionalizar al sector laboral público, estableciendo claros mecanismos de selección, contratación, evaluación, promoción y estímulo.

3. Revisar y hacer cumplir la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

PROPUESTAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN


1. Desarrollar incentivos locales, por parte de las municipalidades, para contribuir a desconcentrar la actividad productiva, aumentar el empleo y la inversión, y contribuir al desarrollo equilibrado del país.

2. Reformar el sistema de división política-administrativa del país, para lograr gobiernos municipales eficientes, eficaces y con alta capacidad gerencial, de formulación, evaluación y gestión de proyectos de acuerdo a criterios de rentabilidad e impacto económico y social, así como para garantizar un transparente y eficaz uso de los recursos y ser efectivos promotores del desarrollo local, en un contexto que lleve al autofinanciamiento municipal.

3.
Establecer procesos de rendición de cuentas de los gobiernos locales, transparentes, periódicos y fundamentados en métodos y prácticas internacionales de contabilidad económica y financiera, para garantizarle a la población una clara visión de la gestión municipal. Esto, acompañado por una efectiva rendición de cuentas sobre la inversión y de seguimiento a los proyectos municipales por la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, cuando estén relacionados con transferencias del Gobierno Central.

4. Crear la Ley del Presupuesto Municipal, que entre otros aspectos, supedite la totalidad de la asignación de los FODES para el próximo período, si en el ejercicio anterior no ejecutó las inversiones programadas.

5. Revisar los diversos cargos y tarifas municipales que se aplican a empresas y personas naturales.

6. Reconvertir y modernizar los rastros municipales, permitiendo la inversión privada, con normas sanitarias adecuadas y su debida fiscalización.

PROPUESTAS PARA QUE EL ESTADO SEA FACILITADOR DEL DESARROLLO


1.
Mejorar la recaudación por medio de la ampliación de la base tributaria y una mejor administración tributaria.

2. Ampliar y profundizar el Sistema Nacional de Inversiones, para garantizar que cada obra de inversión pública sea consecuente con las prioridades en el marco de una visión de nación predeterminada y sustentada en proyecciones de rentabilidad económica y social y mecanismos técnicos de evaluación de gestión e impacto socioeconómico.

3.
Establecer acuerdos con países que tienen escuelas diplomáticas de reconocida calidad para profesionalizar el servicio exterior salvadoreño, con énfasis en la función de difusión económica y logro de alianzas comerciales que requiere un mundo globalizado.

PROPUESTAS PARA LOGRAR UN ESTADO FUERTE Y EFICIENTE EN SU FUNCIÓN NORMADORA Y SUPERVISORA


1. Continuar con la reducción y/o cierre de entidades públicas que ya cumplieron su función, ya sea mediante la eliminación de dependencias, reducción de su tamaño, fusiones o absorciones.

2.
Fortalecer las instituciones fiscalizadoras: Superintendencias del Sistema Financiero, de Valores, de Pensiones, y limitar su actuación discrecional
.
PROPUESTAS PARA LOGRAR UN ESTADO MÁS EFICIENTE Y EFICAZ

1. Simplificar los tramites administrativos gubernamentales que las empresas necesitan realizar para el desarrollo de sus actividades y modernizar la gestión del gobierno con la utilización de la tecnología de información.

2.
Aprobar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y toda la normativa necesaria, para establecer claramente las bases de licitaciones, los requisitos técnicos y razones financieras con que se evaluarán las empresas en las licitaciones.

3.
Dotar a las instituciones públicas con sistemas informáticos en línea que divulguen transparentemente la información necesaria para participar en los procesos de compras gubernamentales.

4. Modernizar los procesos de logística en las aduanas y proveer a los centros de acopio de las aduanas con maquinaria y equipo y recursos humanos tecnificados, para agilizar el ingreso y despacho de las mercaderías.

5. Continuar y profundizar el combate al contrabando y al comercio desleal de productos.

6. Modernizar la gestión del gobierno mediante la utilización de la tecnología de la información.

7. Crear una ventanilla única para importaciones, en general, y de alimentos, medicamentos, productos agropecuarios, químicos, en particular, para centralizar las gestiones y simplificar las operaciones, utilizando medios electrónicos.

8. Implantar un sistema electrónico para efectuar los pagos de impuestos como el IVA, el pago a cuenta y los derechos arancelarios de importación.

9. Garantizar el efectivo cobro de los impuesto de IVA y renta por parte de los transportistas no salvadoreños que prestan servicios de fletes.

10. Aplicar adecuadamente la Ley de Marcas y Signos Distintivos.

11.
Revisar el régimen migratorio, creando facilidades para los inversionistas extranjeros con una visa de inversionista.

H. POLÍTICA FISCAL


La política fiscal debe generar condiciones que promuevan el crecimiento económico y el progreso social del país, así como ser garante de la estabilidad macroeconómica sostenible en el tiempo, requerida para estimular la inversión y la generación de empleos.

OBJETIVOS

Mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, generar sistemáticamente una gestión fiscal que resulte en ahorros corrientes de tal proporción que permita cubrir parte de la inversión pública anual y garantice el pago oportuno de la deuda pública. De este modo, complementariamente se busca mantener un dinámico nivel de inversión pública y limitar el déficit fiscal, para mantener la estabilidad macroeconómica en el tiempo y favorables calificaciones de riesgo país, como factores de atracción a la inversión y estímulo al crecimiento y desarrollo económico de El Salvador.

PROPUESTAS

1. Establecer un régimen de sostenibilidad fiscal de corto, mediano y largo plazo, adecuando los resultados de la gestión pública –límite del déficit fiscal y del endeudamiento público– a la predecible capacidad tributaria y financiera del sector público, a las crecientes demandas de servicios por parte del Estado y a la carga que impone el servicio financiero de la deuda en el tiempo.

2. Aprobar y poner en vigencia una Ley de Transparencia Fiscal, que garantice al público el acceso a la información sobre el uso de los recursos del Estado.

3. Supervisar las instituciones del sector público financiero, para prevenir desajustes en sus operaciones que requieren transferencias del gobierno.

4. Ejercer un estricto control sobre el gasto de las instituciones públicas, partiendo de criterios de prioridad nacional, austeridad, probidad y racionalidad; dando énfasis a la inversión social en educación, salud, vivienda e infraestructura vial.

5.
Revisar y ajustar el presupuesto de las diferentes instituciones gubernamentales, para reasignar los fondos hacia las actividades y los proyectos definidos como prioritarios en este documento.

6. Aprobar el Régimen Simplificado de Tributo Único.

7.
Hacer esfuerzos para la oportuna aprobación del Presupuesto General de la Nación 2003, con su respectivo financiamiento, así como de los préstamos externos para proyectos prioritarios de los sectores estratégicos.

I. POLÍTICA COMERCIAL


El sistema de libertades y de libre empresa que ha adoptado El Salvador se potencia en la medida que la economía nacional se abre y amplía el mercado en libre competencia interna y externa y en armonía con las demandas del mundo globalizado y la integración centroamericana. El Salvador ha construido en los últimos 13 años sólidos fundamentos socioeconómicos y políticos y se ubica entre los países más libres del mundo. Esto, sumado a una política comercial agresiva, le ha facilitado las negociaciones de importantes tratados de libre comercio y tomar un importante liderazgo en el renovado proceso de integración económica centroamericana.

OBJETIVOS


Convertir a El Salvador en un centro comercial internacional, aprovechando su ubicación geográfica estratégica en el concierto mundial, y mediante la consolidación, a corto plazo, de los tratados comerciales con Canadá y los Estados Unidos y, posteriormente, con la Unión Europea. Similarmente, mantener un liderazgo para la integración centroamericana y la gestación de un solo gran mercado regional, abierto y de alta competitividad.

PROPUESTAS DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES


1.
Dar la mayor prioridad a las acciones, nacionales y regionales, para agilizar las negociaciones de un TLC entre Centroamérica y los Estados Unidos, dentro de un marco que garantice la salvaguarda de los intereses nacionales y centroamericanos y el fortalecimiento del proceso de integración regional.

2.
Intensificar y sistematizar el trabajo conjunto de gobierno y sector productivo por medio del Consejo Empresarial Nacional y Centroamericano y de la ODASP, para la preparación técnica y de estrategias de negociación que viabilicen la firma y entrada en vigencia de un TLC con Estados Unidos. Esto implica la necesidad de reforzar técnicamente a la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía.

3. Agilizar la ratificación del TLC suscrito entre Panamá y El Salvador por parte de las Asambleas Legislativas respectivas, para que entre en vigencia en 2002.

4. Consultar al sector productivo para definir las asimetrías, la profundidad y la amplitud de las concesiones a otorgar en las negociaciones de el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como los condicionamientos relacionados con el sector agropecuario y otros sectores sensibles.

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS COMERCIALES

1.
Cumplir, por parte del Ministerio de Economía, con las funciones otorgadas a la Comisión Nacional de Administración de Tratados Comerciales en su decreto de creación.

2.
Dotar de los recursos necesarios a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales, para cumplir su misión de brindar información, asesoría y apoyo a los sectores productivos nacionales en temas relativos a los acuerdos comerciales vigentes.

3. Promover en el corto plazo el uso de los mecanismos y procedimientos que ofrece el régimen legal de la Organización Mundial de Comercio, OMC, para evitar la subvaluación en las aduanas.

4.
En el marco de la administración de tratados comerciales, crear urgentemente dos unidades técnicas especializadas, para atender requerimientos por la vigencia de un mayor número de tratados comerciales: (i) Unidad Verificadora de Origen en el Ministerio de Hacienda; y (ii) Unidad para Combatir las Prácticas Desleales de Comercio en el Ministerio de Economía.

5. Poner en marcha las comisiones creadas en los tratados comerciales vigentes con México, República Dominicana y Chile e involucrar al sector productivo, como las gremiales y ODASP, en el trabajo y agendas de esas comisiones.

PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL


1. Poner en práctica el Reglamento Centroamericano para Medidas de Salvaguardia.

2. Ratificar a la brevedad posible por parte de la Asamblea Legislativa el Mecanismo Centroamericano de Solución de Controversias Comerciales, previa ratificación de las enmiendas al Protocolo de Tegucigalpa y de Guatemala.

3. Cumplir el calendario establecido en el Plan de Acción aprobado por los Presidentes de Centroamérica y de los Ministros de la Integración Económica Centroamericana, COMIECO.

4. Aprobar el Reglamento del CAUCA III.

5. Negociar una política agropecuaria común, que incluya reglas de reciprocidad comercial, previo al establecimiento de un régimen de unión aduanera para el comercio de productos agropecuarios.

6. Apoyar la ejecución del programa centroamericano de armonización de medidas fito y zoosanitarias y de las normas técnicas que facilitan el libre comercio regional.

PROPUESTAS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE POLÍTICA COMERCIAL


1. Iniciar los estudios y el trabajo preparatorio para alcanzar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, para cumplir con el calendario inicial adoptado por la Reunión Cumbre de Presidentes de Ibero América y la Unión Europea.

2. Rediseñar en el corto plazo programas de apoyo a las exportaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio, OMC.

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