PRESENTACIÓN indice

El Salvador ha experimentado transformaciones profundas en los últimos años. Por una parte, la reforma económica permitió salir del prolongado estancamiento registrado durante la década de los ochenta y crear un marco institucional que favorece el desarrollo del país dentro de los principios en que descansa la libre iniciativa.

La firma del Acuerdo de Paz creó nuevas condiciones para avanzar progresivamente hacia la consolidación democrática real, cuya característica esencial es el respeto al pluralismo ideológico.

Los logros en el campo económico y en el ámbito político, son parte de un proceso histórico que rebasa los límites estrechos bajo los cuales la sociedad salvadoreña había tratado anteriormente de propiciar el cambio, los cuales no han estado exentos de dificultades.

Sin embargo, los frutos del esfuerzo son evidentes y se expresan claramente en el surgimiento de nuevas formas de convivencia social, que permiten progresivamente el desarrollo económico y social en un ambiente de mayor libertad y cultura democrática.

Con todo, el país no ha podido, al igual que la mayoría de países en desarrollo, escapar de las condiciones emergentes que ha impuesto el nuevo orden económico internacional. De hecho, el reacomodo de la realidad nacional al fenómeno de la globalización ha incidido de manera determinate en los aspectos económicos, con exigencias adicionales al proceso de reformas.

No ha sido fácil para el país enfrentar las exigencias del mercado global, tanto por la rapidez y profundidad de los acontecimientos, como porque las reformas en el sistema económico no terminan de consolidarse, afectadas por los rezagos propios del proceso y por la presencia en los últimos años de factores externos sobre los cuales el país no tiene control.

A partir de 1996, la economía nacional ha perdido dinamismo, aunque los principales agregados macroeconómicos se han mantenido estables. Las bajas tasas de crecimiento le han restado fuerza a la tendencia de reducción de la pobreza en los últimos años de los noventa.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), preocupada por la situación económica prevaleciente y fiel a su compromiso de contribuir permanentemente al desarrollo económico y social del país, en el marco de los principios del sistema de libre empresa, ha tomado la iniciativa de formular la presente PROPUESTA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL: UN COMPROMISO DE TODOS.

El objetivo de esta PROPUESTA es ofrecer un conjunto de acciones y medidas que contribuyan de manera efectiva a la reactivación de la economía nacional, congruente con una estrategia de largo plazo, con un sector externo – vía exportaciones e inversión productiva – que sea la base de un crecimiento alto y sostenido, indispensable para la reducción de la pobreza de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.

En el esfuerzo para elaborar esta PROPUESTA, y presentarla en el Primer Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2000, se ha contado con la participación directa y entusiasta de las gremiales empresariales que pertenecen a ANEP y de otras entidades del sector privado que comparten la visión que el desarrollo nacional, es una tarea de todos los salvadoreños.

De la misma manera, la PROPUESTA ha tomado en consideración esfuerzos en la misma dirección, como la Nueva Alianza que sirve de marco a la gestión del actual gobierno, los postulados y planteamientos contenidos en el Plan de Nación a cargo de la Comisión Nacional de Desarrollo, y el estudio Crecimiento con Participación: una Estrategia de Desarrollo Para el Siglo XXI, preparado por FUSADES.

PRIMERA PARTE

MARCO DE REFERENCIA

I. SOBRE LOS PRINCIPIOS indice

La visión de la realidad nacional y la superación de los problemas económicos que vive la sociedad salvadoreña, están íntimamente ligados a los principios fundamentales que guían el quehacer de los empresarios.

En lo fundamental, la PROPUESTA parte del reconocimiento que el empresario es un actor determinante en el proceso económico, social y político, y no simplemente un organizador de producción o servicio, y en consecuencia, debe participar activamente en el logro del bien común.

Fiel a este postulado, ANEP ratifica en esta oportunidad los siguientes PRINCIPIOS, que también sirven de base a la PROPUESTA, los cuales se resumen a continuación:

1. El principio y fin de la economía es el bienestar de la sociedad. Por tanto, la actividad empresarial no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr tal bienestar.

2. La actividad empresarial responde a una función social que trasciende el objetivo del lucro.

3. El desarrollo económico es parte esencial para alcanzar el progreso social, cuyo fin último es elevar el nivel y calidad de vida del ser humano y dignificarlo como persona y como parte de la sociedad.

4. La economía de mercado puede verse como un sistema complementario con la democracia social, política y jurídica que los pueblos buscan como sistema de vida; por tanto su gestión y desarrollo no debe centralizarse, dirigirse o planificarse por parte del Estado, sino dar libertad para conocer, regular y coordinar su actividad, para evitar abusos y lograr el bien común.

5. El sistema jurídico debe garantizar la propiedad privada, regulando su uso, inspirándose siempre en las exigencias dadas por el bien común.

6. El Estado tiene que desempeñar un papel crucial como facilitador de la actividad privada, para contribuir a incrementar la inversión nacional y extranjera, reducir costos de operación y aumentar la competitividad, así como evitar la competencia desleal y las acciones que violenten los principios del mercado.

7. Sólo el esfuerzo conjunto, coordinado y armónico de los sectores gubernamental, empresarial, laboral y de las diferentes formas de expresión de la sociedad civil, pueden conducir a un verdadero y estable desarrollo económico y social.

III. CONTEXTO ACTUAL indice

El país ejecutó durante los años noventa una serie de reformas económicas básicas, o de primera generación, para la estabilización y el ajuste, que permitieron reducir los desequilibrios macroeconómicos preexistentes y asentar las bases para la reactivación de la economía.

Posteriormente se ejecutaron algunas reformas complementarias, o de segunda generación, que permitieron mejorar la eficiencia general con que funciona el aparato económico.

En la primera etapa se implementaron importantes reformas en los ámbitos comercial, tributario y financiero, mientras que la segunda etapa atendió aspectos como la modernización del Estado, incluyendo la privatización de varias empresas públicas y las reformas en la educación, la salud y la seguridad social, que con diferentes grados de avance actualmente se llevan a cabo.

Los resultados del proceso de reforma económica y social han sido en general positivos. En el campo económico se contempla una macroeconomía ordenada y estabilizada, con inflación entre las más bajas del continente y desequilibrios macro esencialmente reducidos y bajo control.

En el campo social, los logros mayores se reflejan en la reducción de la pobreza, desde un 60% de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en los años 1991-92, hasta cerca de un 48% en 1997, según publicaciones de Naciones Unidas.

También desde el punto de vista de la equidad, la distribución del ingreso reporta mejoras en este período, según mediciones a partir del índice de concentración de Gini.

Estos resultados permiten afirmar que las reformas económicas y sociales emprendidas hasta ahora en el país han sido exitosas, entregando mayor crecimiento, menor pobreza y mayor equidad, elementos indispensables para enfrentar con mayores posibilidades de éxito los desafíos de la globalización.

Sin embargo, el alentador panorama de los primeros cinco años de los años noventa cambió radicalmente a partir de 1996.

El reducido dinamismo de la actividad económica observado desde entonces, evidencia que la economía encara problemas estructurales que limitan su crecimiento, y que constituyen una amenaza que puede revertir los logros alcanzados.

Así pues, mientras en el período 1991 – 1995 el crecimiento promedio del PIB en términos reales fue del 6.2%, en los cuatro años siguientes se redujo a sólo 3.0%, con fuertes oscilaciones entre un año y otro.

Es cierto que durante toda la década de los noventa se registró estabilidad en términos de precios internos y tipo de cambio, lo mismo que un ascendente nivel de reservas internacionales; sin embargo, el menor crecimiento de los últimos años ha estado marcado por otros fenómenos como la ampliación de la brecha comercial, el deterioro de la situación fiscal, la reducción de la tasa de crecimiento del crédito al sector privado, un significativo incremento de la cartera vencida del sistema financiero, y el cierre de muchas empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

El cambio de tendencia en el crecimiento global de la economía en 1996, es atribuido al debilitamiento progresivo de las fuerzas que definieron el dinamismo inicial - finalización del conflicto, abastecimiento de la demanda insatisfecha, reformas económicas, reactivación del Mercado Común Centroamericano y otras- y la postergación de algunas reformas de segunda generación a raíz de los sucesivos replanteamientos en la política macroeconómica.

Este proceso se ha visto reforzado en los últimos años por fenómenos naturales (sequías e inundaciones), por la caída en los precios de los principales productos de exportación, por el aumento de los precios del petróleo y, en alguna medida, por la crisis financiera internacional.

Sin embargo, existe una percepción generalizada que los elementos mencionados no explican del todo el prolongado período de lento crecimiento y la pérdida de dinamismo que evidencian las actividades productivas.

Un argumento para buscar otros elementos explicativos, es el mejor desempeño de otros países de similar tamaño y estructura productiva, que han enfrentado problemas similares y, que en cambio, han registrado tasas de crecimiento más elevadas que El Salvador, a pesar de no contar con el mismo nivel de respaldo financiero que al país ofrece el flujo de recursos asociado a las remesas familiares.

Esta realidad permite inferir que el patrón de crecimiento se ha visto afectado por el excesivo énfasis que la política económica pone en el mantenimiento de un nivel bajo de inflación y un nivel alto de Reservas Internacionales Netas, en circunstancias en que se presenta un aumento del déficit fiscal.

Por otro lado, el acceso al crédito se ha visto afectado por el deterioro de la cartera de los bancos y los mayores niveles de reservas que se han constituido.

Si bien es cierto que las tasas de interés nominal y real promedio han disminuido en los últimos meses, y que el BCR ha tomado acciones recientes en la misma dirección, falta por ver si esta tendencia continuará, considerando los aumentos de las tasas de interés en dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos desde junio de 1999.

El problema de la mora crediticia ha obligado a la adopción de acciones difíciles por parte de los intermediarios, como son constitución de reservas por créditos morosos, las recapitalizaciones, y las fusiones entre algunos intermediarios financieros.

Un tema importante al hacer un examen general de la situación económica, es el efecto que ocasiona en el ánimo de los empresarios y de la ciudadanía en general, el incremento de la delincuencia.

Este clima de inseguridad, ayuda a explicar los bajos niveles de inversión extranjera directa que registra el país, indicando que no son suficientes las credenciales de estabilidad financiera y de libertad económica para atraer inversionistas.

Con todo, el panorama actual muestra que existen varias señales positivas, aunque su potencial para la reactivación económica es probable que se haya sobredimensionado.

Por ejemplo, los resultados de los recientes acuerdos comerciales y de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son importantes para cambiar la tendencia de la economía, pero su aprovechamiento depende de manera crucial de la capacidad del país para competir con el resto de países que han recibido las mismas facilidades por parte de Estados Unidos y México.

Adicionalmente, los resultados del programa de inversiones públicas que inició el Gobierno desde hace unos meses en los diferentes sectores y regiones del país, están condicionados y limitados por la tradicional baja capacidad de ejecución de las autoridades, y por las dificultades para obtener recursos de contrapartida en moneda nacional, dada la difícil situación fiscal.

En síntesis, aunque existen algunos eventos positivos que ayudarían a revertir el lento crecimiento, la situación económica del país se percibe como caracterizada por un tipo de estabilización que ha dificultado el crecimiento y la generación de empleo, lo que podría desembocar en mayores problemas en el sistema financiero y desequilibrios en el área fiscal, así como una reversión de los logros alcanzados en el área social.

IV. RUMBO DE LA ECONOMÍA. indice

Para salir de la fase de lento crecimiento, es necesario redefinir la política económica y crear las condiciones para darle consistencia a una estrategia global basada en objetivos de crecimiento de mediano y largo plazo. Esto implica conciliar el objetivo de la estabilidad, con las posibilidades que tiene la economía para entrar en una nueva dinámica a partir del potencial que ofrece el sistema económico para producir bienes y generar servicios destinados al mercado interno y al mercado internacional.

El objetivo debe ser reactivar la economía para que conduzca a una mayor generación de empleos de calidad, por medio de elevar la productividad, lo que ha de conducir a incrementar la remuneraciones de los trabajadores.

Debe reconocerse que desde un punto de vista estratégico, el país no tiene muchas opciones. Tratándose de una economía pequeña, tiene grandes limitaciones que hoy día son agravadas por la evidente pérdida de autonomía en materia de política económica, provocada por el fenómeno de la globalización, que demanda a los países apertura, estabilidad, libertad y democracia, como principales características del nuevo orden mundial que se está estructurando.

Lo único que resulta claro es justamente la sujeción del desarrollo del país a la evolución del mercado global, por lo que toda acción o medida de política debe estar orientada a mejorar el grado de inserción del país en la economía internacional.

De allí la importancia de eliminar todo obstáculo o restricción que impida el desarrollo empresarial, la expansión de la producción y el aumento y diversificación de las exportaciones.

Una premisa es que el esfuerzo nacional debe estar orientado a mejorar el nivel de competitividad global, para potenciar las exportaciones, al mismo tiempo que se compite en el mercado interno con las importaciones.

El aporte de la inversión extranjera directa se vuelve crucial, ya que complementa el ahorro nacional, facilita la transferencia tecnológica y contribuye a la inserción internacional.

En esa perspectiva, es urgente la adopción de políticas económicas que otorguen prioridad a la recuperación del crecimiento económico, sin que ello signifique el abandono del objetivo de estabilidad.

Adicionalmente, no es realista que el aparato productivo nacional pueda enfrentar la competencia internacional, si permanecen inalteradas las precarias condiciones que se observan en materia de educación y salud. Por tanto, el país debe redoblar sus esfuerzos para atacar la pobreza estructural, con el soporte que brinda una economía que se recupera.

En el corto plazo, también hay que actuar en el mejoramiento de la infraestructura, en reducir los elevados costos por la ineficiencia del sector público, aquellos generados por la inseguridad ciudadana y jurídica, y las pérdidas de eficiencia asociadas a algunas imperfecciones del mercado.

Dentro de las condiciones actuales de la economía salvadoreña, es muy difícil diseñar una estrategia capaz de lograr un crecimiento robusto y sostenido en el tiempo, si previamente no se define con suficiente liderazgo un rumbo que permita dar consistencia al conjunto de políticas gubernamentales.

El rumbo de la economía se entiende aquí como la orientación en las relaciones que establece el país con la economía mundial, a partir de un marco de políticas seleccionado deliberadamente para liderar el crecimiento económico y la eficiente asignación de los recursos.

La experiencia indica que durante la segunda mitad del siglo veinte, resultaron más exitosas y duraderas las estrategias basadas en un sector exportador fuerte, que aquellas fundamentadas en la sustitución de las importaciones.

La primera opción ha tenido como soporte, en todos los casos, un fuerte crecimiento del flujo de la inversión extranjera directa, especialmente en los sectores secundario y terciario.

Lo anterior es cierto para cualquier tipo de economía, pero en especial para las pequeña y con escasos recursos, como la salvadoreña, que es tomadora de precios en los mercados mundiales.

De ahí que se estime que el rumbo a seguir durante los próximos años debe estar guiado por dos ejes complementarios: la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa.

V. REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. indice

Los países que han tenido éxito en la edificación de un sector exportador sólido y logrado atraer fuertes volúmenes de inversión extranjera directa, han realizado enormes esfuerzos, concentrados en cumplir ciertos requisitos sin los cuales, dichos objetivos aunque deseables por todos, no pasan de ser ilusorios. Algunos de los requisitos más importantes son los siguientes:

1. Que el país cuente con una visión de futuro. Es decir que se haya identificado claramente un horizonte que permita direccionar el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales asociadas al desarrollo.

2. Los diferentes sectores deben estar en sintonía y comprometidos con la visión de futuro y el rumbo asumidos por el país. Concretamente se requiere de:

i. Lideres políticos visionarios y honestos.

ii. Empresarios convencidos de la necesidad inminente de prepararse para poder competir en el exterior.

iii. Trabajadores conscientes que la única manera realista de aumentar de manera sostenida el poder adquisitivo de su salario es incrementando la productividad.

iv. Burocracia eficaz y comprometida con su papel protagónico para transformar la administración pública en un factor de competitividad y no en una carga más que pesa en los costos de producción.

3. Reconocimiento de los posibles factores de ventajas competitivas. La visión de futuro y los planes de desarrollo que se elaboren para acercarse a ella, deben partir de un claro reconocimiento de la realidad salvadoreña.

En tal sentido, es importante tener presente lo limitado del territorio nacional y la escasa dotación de recursos naturales, y que las mejores posibilidades para desarrollar ventajas competitivas se expliquen por el capital humano y la relativa proximidad al mercado más grande del mundo (Estados Unidos).

4. Fortalecimiento Institucional. Es necesario restar espacio a la improvisación y cederlo a la previsión de mediano y largo plazo, fortaleciendo y consolidando las instituciones que conforman el Estado, proveyéndolas de un aparato burocrático altamente calificado.

5. Reducción de los costos de producir en el país, para avanzar firmemente en un proceso de desarrollo exportador competitivo. Para esto es esencial que operen eficientemente bajo estándares internacionales sectores estratégicos, como son el de agua, puertos y aeropuerto, caminos y carreteras, energía eléctrica telecomunicaciones, transporte colectivo, sistema financiero y transferencia de tecnología.

Lo usual es que estos sectores ofrecen bienes y servicios de calidad inferior y a precios superiores a sus equivalentes en las naciones que compiten con El Salvador en los mercados internacionales.

Las razones de ello son variadas y entre ellas se encuentran marcos legales obsoletos, gestión interna ineficiente, interferencia política, insuficiente competencia y protecciones escondidas, controles de precios y/o estructuras inadecuadas de tarifas, tecnologías de producción y comercialización obsoletas, y bajo nivel de autonomía de las instituciones responsables de su regulación, supervisión y control.

Como resultado de estas circunstancias, algunos de estos sectores, pese a su importancia para incrementar la competitividad del país, se encuentran sumergidos en un círculo vicioso de ineficiencia creciente, o mantienen ciertos privilegios, cuya factura es pagada por la sociedad en su conjunto en términos de menores tasas de crecimiento, de inversión, empleo, ingreso y consumo.

Para reducir los costos de producir en el país y aumentar la competitividad global de la economía, es indispensable introducir reformas en el marco regulatorio de estos sectores, a fin de ampliar el espacio a la competencia y dotar de transparencia los mercado en que operan.

También es importante despolitizar y fortalecer técnicamente los organismos responsables de su regulación, supervisión y control, y privatizar todas aquellas operaciones donde existan alternativas privadas socialmente aceptables y con posibilidades de competencia.

6. Estabilidad macroeconómica. Esta PROPUESTA reconoce que la estabilidad macroeconómica es un requisito necesario para el crecimiento sostenible, pero no es suficiente. El Gobierno no debe ceder en su empeño por mantenerla, pero debe buscar el equilibrio entre esta estabilidad y las necesidades que demanda un proceso de crecimiento más elevado, que permita combatir con decisión los niveles de pobreza que afectan al país.

7. Políticas de ahorro para financiar inversiones en infraestructura de calidad, y el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo que faciliten la movilización productiva de los crecientes recursos acumulados en los fondos de pensiones.

8. Atraer inversión extranjera directa, adoptando medidas que permitan satisfacer los principales requisitos tomados en cuenta por las empresas transnacionales en sus decisiones de inversión.

9. Gobierno concentrado en la consecución de un número reducido de objetivos de alto contenido estratégico. Para optimizar la contribución del Gobierno al desarrollo es necesario que concentre su atención en:

i. Transformarse en un facilitador de la actividad privada como condición fundamental para reducir los costos de operar.

ii. Mejorar su efectividad como ente regulador, supervisor y fiscalizador.

iii. Proveer servicios de educación y salud a la población.

iv. Proveer seguridad jurídica y ciudadana al país.

v. Construir la infraestructura necesaria para promover el desarrollo del país y disminuir los costos de hacer negocios en El Salvador.

vi. Promover y facilitar las condiciones adecuadas para la creación de empleo para la mayoría de la población. La mayor parte de la mano de obra posee un perfil educativo muy bajo y no tiene calificación, y su simple traslado de actividades informales a formales sería un logro considerable para que el país inicie una nueva etapa de desarrollo.

SEGUNDA PARTE

PROPUESTAS DE POLÍTICA

I. SECTORES SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE indice

Esta PROPUESTA reconoce la necesidad de avanzar de manera simultánea en los campos económico y social para el logro de mejores niveles de bienestar poblacional.

Los aspectos macroeconómicos y las áreas de desarrollo se encuentran estrechamente vinculados a los sectores sociales y el medio ambiente. La medida en que las propuesta económicas conduzcan a la reactivación, está directamente relacionado con las características sociales de la población y su entorno.

A mejor nivel social y ambiental, mayores resultados de las medidas económicas en el crecimiento y el empleo, y por tanto, el gobierno dispone de mayores recursos para invertir en educación, salud, medio ambiente, seguridad jurídica y ciudadana, generando un círculo virtuoso.

En este capítulo se presentan propuestas para las áreas sociales y medio ambiente, con la claridad que estos temas requieren un mayor tratamiento y profundización y que sus soluciones abarcan una mayor cantidad de medidas y estrategias en el largo plazo.

En consecuencia, en lo que sigue se presenta una serie de acciones del ámbito social que se consideran indispensables y relevantes para la reactivación en el contexto de esta PROPUESTA.

A. EDUCACIÓN indice

La inversión en capital humano es una forma de disminuir los niveles de pobreza que experimenta el país y es esencial para que la sociedad enfrente de manera adecuada los retos que impone la globalización.

El Salvador necesita mejorar sustancialmente sus índices de alfabetización, de cobertura y de aumento continuo de la calidad de la educación, tanto a nivel primario, secundario, técnico como universitario.

OBJETIVOS

1. Acelerar la provisión y dotación de capital humano a la población salvadoreña, para alcanzar en el menor plazo posible los mejores niveles de América Central.

2. Lograr que la educación alcance el máximo desempeño como mecanismo para el alivio a la pobreza y la desigualdad.

3. Proveer capital humano en correspondencia con el tamaño y características de la demanda de trabajo, que resulta de la mayor integración a la economía internacional.

4. Elevar la calidad del recurso humano.

PROPUESTAS

1. Incrementar gradualmente el Presupuesto asignado a Educación como porcentaje del PIB, para alcanzar en el mediano plazo los niveles más elevados de América Central.

2. Entregar educación básica a la población, de manera prioritaria a los grupos de menores ingresos, diseñar y hacer uso de mecanismos como la entrega de subsidio monetario directo a las familias que envían a sus hijos a estudiar, y que pertenecen al 20% de la población que recibe menos ingresos.

3. En la actualidad el subsidio se entrega por medio de la oferta, asignando un presupuesto a las escuelas para su funcionamiento. El Gobierno debe avanzar hacia esquemas de subsidio a la demanda, donde los padres del niño deciden con suficiente información de calidad de las escuelas, matricularlo en un centro educativo determinado.

4. Otorgar incentivos monetarios y no monetarios a los maestros según su desempeño, con énfasis a los que atienden áreas rurales.

5. Aumentar la cobertura y hacer mejoras continuas en la calidad de la enseñanza, revisar los planes de estudios y las metodologías de la enseñanza, así como proveer una constante capacitación a los docentes.

6. Promover la diversificación de la educación media, superior universitaria y no universitaria, con un criterio que facilite la compatibilidad entre la oferta y la demanda de trabajo en los sectores público y privado.

7. Incrementar la capacitación técnica, la calidad y competitividad de los trabajadores, entregándola en función de estudios de mercado sobre la demanda existente y de los cambios resultantes de la globalización, que se espera sucedan en el país en los próximos años.

B. SALUD indice

OBJETIVOS

1. Lograr una mejora sustancial en los indicadores de salud, con el propósito de alcanzar los mayores niveles en América Central.

2. Estimular de manera particular la acción preventiva en materia de salud, sin dejar de atender la parte curativa.

PROPUESTAS

1. Incrementar gradualmente el Presupuesto asignado a Salud como porcentaje del PIB, para alcanzar en el mediano plazo los niveles más elevados de América Central.

2. Modernizar y reestructurar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS.

3. Focalizar la entrega y atención de los servicios de salud preventiva y curativa en los grupos de menores recursos económicos.

C. MEDIO AMBIENTE indice

El deterioro del medio ambiente ocupa un lugar prominente en todo tipo de iniciativas políticas, económicas y sociales que se gestan en el sistema de Naciones Unidas, en especial los esquemas de cooperación de los países desarrollados al resto del mundo.

El Salvador destaca a nivel internacional  por las características dramáticas del entorno ambiental, por la deforestación, altos niveles de contaminación de los recursos hídricos, incremento de la contaminación del aire en los centros urbanos y la presencia de enfermedades respiratorias que deterioran la calidad de vida, especialmente de los sectores más vulnerables de la población.

Las acciones emprendidas por el gobierno son insuficientes, en comparación con la magnitud del problema, lo que demanda un esfuerzo concertado entre todos los sectores para hacer frente, detener e idealmente revertir, el deterioro ambiental del país.

OBJETIVOS

1. Contribuir a reducir el deterioro ambiental del país, cumpliendo leyes, normas y otras disposiciones administrativas que garanticen su recuperación y conservación.

2. Propiciar el desarrollo de una verdadera y efectiva cultura ambiental y ecológica, para asegurar el desarrollo sostenible del país.

3. Acelerar la adopción y aplicación de todas aquellas metodologías y procesos tecnológicos que permitan a la producción nacional del país cumplir al menor costo posible, con los requisitos que en materia ambiental se encuentran en las nuevas normas del comercio internacional.

PROPUESTAS

1. Armonizar toda la legislación relacionada con la conservación, protección y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales.

2. Diseñar un sistema de créditos e incentivos ambientales y los mecanismos financieros para programas de compensación ambiental.

3. Aprobación de normas y estándares de calidad acordes a la realidad del país.

4. Crear programas de financiamiento para proyectos de reconversión ambiental que incentiven la utilización de producción más limpia.

5. Aprobar a la brevedad posible la Ley Forestal, que incluye incentivos e instrumentos que permitan remunerar la producción de servicios ambientales, por ejemplo, certificado de abono forestal, certificado para protección de bosque, certificado de carbono, bonos por contribución a regulación de ciclo hidrológico y la biodiversidad.

D. SEGURIDAD JURÍDICA y CIUDADANA. indice

Un país que pretender desarrollarse necesita la cultura del respeto irrestricto al orden jurídico establecido.

Cuando un país se acostumbra a no respetar las leyes, cambia la escala de valores de la sociedad y se violentan las normas de conducta más elementales que harían posible la confianza y seguridad entre los ciudadanos.

Esto trae consigo espacios para la corrupción, la competencia desleal, el tráfico de influencias, diferentes formas de delincuencia y otros males sociales que inciden en el desarrollo.

Si bien los avances logrados en esta materia son importantes, los niveles de seguridad jurídica aun no son compatibles con los desafíos que tiene el país para desarrollarse dentro de los nuevos parámetros que exige el contexto internacional y la dinámica interna.

Por tanto, el país no se ubicará en estadios superiores de desarrollo, mientras exista un clima de delincuencia que distrae la atención del esfuerzo productivo, aleja la inversión y mantiene virtualmente sometida a toda la ciudadanía.

OBJETIVOS

1. Velar permanentemente por el perfeccionamiento de la institucionalidad democrática del país.

2. Contribuir a garantizar el goce efectivo de las libertades, deberes y derechos individuales consignados en la Constitución de la República y en las leyes secundarias.

3. Perfeccionar la democracia en el país por la contribución que hace posible la vigencia de un Estado de Derecho.

4. Defender el derecho a la propiedad, la libre contratación y la promoción de una efectiva competencia en los diferentes mercados.

5. Aumentar los niveles de seguridad ciudadana.

PROPUESTAS

1. Fortalecer el marco jurídico e institucional que permita el debido proceso y la aplicación de pronta y cumplida justicia.

2. Universalizar y endurecer las sanciones y penas por delitos contra la propiedad privada, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y el aprovechamiento abusivo de la autoridad.

3. Depurar el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

4. Enfrentar de manera integral el combate represivo a la delincuencia en el país, desde el accionar profesional de la PNC, pasando por la aplicación eficiente de la justicia, hasta los programas integrales de resocialización de los delincuentes que cumplen penas en las cárceles del país.

5. Establecer programas de readaptación de los salvadoreños deportados de los Estados Unidos de América.

6. Impulsar y ampliar progresivamente el Proyecto de Tranquilidad Ciudadana en el Área Rural, incluyendo la intensificación de los patrullajes disuasivos de la Fuerza Armada y un programa de fortalecimiento de la inteligencia policial.

7. Introducir modificaciones sustantivas a los Códigos Penal y Procesal Penal, con el objeto de eliminar las excesivas garantías que gozan los delincuentes y agilizar los procedimientos en beneficios de las víctimas.

8. Combatir con fuerza el contrabando y la subfacturación, aplicando de manera eficiente la legislación aprobada sobre los controles aduaneros.

9. Reprimir con la fuerza necesaria los asaltos y el robo de furgones.

10. Crear corredores de seguridad en las zonas turísticas, como en la playa, las montañas y las ciudades.

11. Aprobar y poner en funcionamiento el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores.

12. Liderar la implementación a nivel regional del Tratado Centroamericano para la prevención, el robo y la circulación de vehículos.

II. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

A. POLÍTICA FISCAL Y DE GESTIÓN PÚBLICA. indice

El Estado debe disminuir sus tareas ejecutoras, trasladándolas a los privados, y dedicarse a facilitar el proceso de desarrollo, estableciendo reglas claras y velando porque se cumplan.

En el marco de la reforma económica que privilegia el mercado, se han hecho avances significativos en la tarea de reducir la pesada carga, resultado a la excesiva e ineficiente participación del gobierno en la movilización de los escasos recursos del país.

La reprivatización del sistema financiero, el traspaso al sector privado de servicios claves como las telecomunicaciones, las distribuidoras de la energía eléctrica y el sistema de pensiones, han dado muestras de los beneficios de sustraer al Estado de la provisión de estos servicios y encargar el suministro a productores privados.

Es preciso reconocer que en algunos aspectos, se requiere fortalecer el marco normativo y regulador, para garantizar plenamente la sana competencia, evitando todo intento de prácticas monopólicas y oligopólicas en los servicios privatizados y en otras áreas que sigan este proceso.

De igual manera, es importante señalar que la viabilidad financiera del Estado y del país pasa necesariamente por el compromiso serio y responsable del gobierno para combatir a todas aquellas personas naturales o jurídicas que amparadas en vacíos de la ley y utilizando ilegalidades, evaden y eluden el pago de sus impuestos.

El incremento de la base tributaria, obligando a todos a pagar sus impuestos, debe ser tarea constante del gobierno.

OBJETIVOS

1. Limitar las acciones del Estado a aquellas funciones y actividades que no puedan ser desarrolladas de manera efectiva por el sector privado y otras organizaciones de la sociedad civil2. Aumentar la eficiencia y eficacia del gobierno en la ejecución presupuestaria.

3. Fortalecer las finanzas públicas incrementando la carga tributaria, mediante el aumento de la eficiencia en la recaudación de impuestos y la ampliación de la base tributaria.

4. Aumentar la inversión pública prioritaria.

5. Garantizar la sana competencia en los distintos mercados.

PROPUESTAS

1. Aprobar e implementar el régimen simplificado del IVA.

2. Cambiar el requisito de edad para pensionarse: pasar de 60 a 65 años de edad para los hombres y de 55 a 60 años para las mujeres, disminuyendo presiones al déficit fiscal.

3. Aprobar un adecuado Código Tributario.

4. Sustituir el actual impuesto a los activos por un impuesto municipal eficiente.

5. Fortalecer el marco normativo e institucional para mejorar la acción reguladora y supervisora de las entidades responsables de velar por el ejercicio de una sana competencia.

6. Continuar el proceso de Modernización del Estado, con acciones como las siguientes:

i. Fusionar el INPEP con la Unidad de Pensiones del ISSS.

ii. Fortalecer la Dirección de Protección al Consumidor y las diferentes Superintendencias, aumentando su grado de autonomía, capacitando su personal y dotándolo de los recursos tecnológicos necesarios para cumplir las funciones encomendadas.

iii. Implementar un programa fiscal que mejore la eficiencia en la recaudación tributaria con un sistema fiscal de amplia base, reglas simples y bajas tasas tributarias.

iv. Implementar los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones, y crear una institución técnica y autónoma que asegure una adecuada priorización de cada obra de inversión pública de acuerdo a la rentabilidad social, económica y ambiental, cuando corresponda. Esto requiere elaborar una Cartera de Proyectos Públicos de Inversión para el largo plazo, y el compromiso que cualquier ajuste fiscal no se realizará vía disminución de la inversión pública.

v. Concesionar la administración del Puerto de Acajutla, el Aeropuerto Internacional, Zoológico Nacional, Correos, Lotería Nacional de Beneficencia, Turicentros, Sitios Arqueológicos, Radio Nacional, Imprenta Nacional y Ferrocarriles.

vi. Establecer y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los empleados públicos, y vincular los ajustes salariales a los méritos.

vii. Establecer un sistema de competencia para la contratación y promoción de ascensos de empleados en el sector público.

viii. Flexibilizar las reglas que norman el empleo en el sector público, buscando un punto intermedio entre la protección absoluta del empleo y la libertad amplia de despido, mediante reformas a la Ley de Servicio Civil.

7. Utilización de los fondos de la privatización. La situación económica actual exige recurrir a recursos extraordinarios para acelerar el ritmo de crecimiento económico y la generación de empleo. Por ello se enfatiza la importancia de incrementar los niveles de inversión pública.

Para financiar este esfuerzo de inversión adicional pueden utilizarse a corto plazo recursos provenientes de las privatizaciones, y destinarlos a proyectos de inversión pública de mejora de la infraestructura económica. Con esta medida se logran dos objetivos: 1) ofrecer a corto plazo nuevas fuentes de empleo y 2) elevar a mediano plazo el grado de competitividad de la economía.

La utilización de los recursos estaría además coordinada con el Presupuesto de la Nación para complementar el financiamiento de proyectos de inversión pública. El uso de los fondos, tal y como lo estipula la Ley de Privatización, deberá destinarse a inversiones en el área social y de infraestructura.

En el segundo tema se podrían ejecutar proyectos de gran envergadura, como por ejemplo, la construcción del Anillo Periférico, la carretera longitudinal del Norte, la ampliación de la carretera Panamericana a Oriente, caminos rurales, y el tratamiento a las cuencas del Río Lempa y el Río Grande.

Se debe evitar elegir un proyecto con avanzadas negociaciones de financiamiento con algún Gobierno amigo o con Organismos Multilaterales; pero en caso de ser necesarios fondos de contrapartida, como los US $ 15 millones que se requieren para el Puerto de Cutuco, es indispensable la utilización de los Fondos de las Privatizaciones.

B. POLÍTICA LABORAL indice

El deterioro de la actividad económica ha venido acompañado por el debilitamiento del sistema económico para absorber la creciente oferta laboral y por un incremento del desempleo.

Resultado de la fuerte competencia en el intercambio de bienes y servicios, y de los altos niveles de desempleo prevalecientes incluso en los países desarrollados, la tendencia mundial apunta hacia la flexibilización del mercado laboral.

Incluso la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tradicional e incondicional defensora del derecho de empleo de los trabajadores, progresivamente ha aceptado la necesidad de flexibilizar los términos de contratación, resultado de los efectos de la globalización sobre los niveles de empleo.

La politización del tema en El Salvador, debe dar paso a una consideración realista y seria de la escasa viabilidad económica y social que se tiene de mantener invariable las instituciones y normativas que regulan el mercado laboral, particularmente por la incidencia que tiene en el grado de competitividad del país.

De ahí la necesidad de conciliar el objetivo de reactivación económica, con el propósito social de mejorar los ingresos y ampliar las fuentes de ocupación, bajo nuevos parámetros que posibiliten un intento de inserción en el mercado global.

1. 2. 3. 4. PROPUESTAS

Definir la jornada ordinaria en un número determinado de horas por semana, y no en horas por día. Se deberá establecer un recargo mínimo por hora trabajada fuera de la jornada ordinaria. Esto permitirá flexibilizar la jornada de trabajo y resultará beneficioso particularmente para las trabajadoras, al disponer de una opción para concentrar las horas trabajadas en un menor numero de días.

Modificar la norma que establece salarios mínimos por jornada parcial. Si la jornada de trabajo es menor de ocho horas, la remuneración será proporcional al tiempo trabajado. Los horarios de trabajo menores de ocho horas quedarían a la libre negociación entre las partes, y el salario tendría que ser igual o superior al mínimo, como si el mínimo fuera fijado por hora.

Reformar la norma que impide el uso de contratos de trabajo por tarea o por tiempo definido, ya que restringe la flexibilidad laboral que puedan requerir ciertos tipos de empresas debido a las características inestables de su demanda o de sus procesos productivos. Se recomienda que la ley contemple la libertad de las partes a celebrar contratos de trabajo de mutuo acuerdo.

Masificar la capacitación técnico – vocacional, a través de un programa integral auspiciado por el INSAFORP.

5. Apoyar los esfuerzos del Observatorio del Mercado Laboral, que permitirá acercar la oferta y la demanda de trabajo.

C. POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA indice

La política financiera y crediticia creó condiciones que facilitaron una rápida expansión del crédito, sustentada en un fuerte incremento de los depósitos, como reflejo de altas tasas de interés reales positivas.

Sin embargo, después de esta expansión del crédito, y dadas las condiciones prevalecientes en la realidad del país, los bancos se vieron en la obligación de adoptar políticas crediticias más conservadoras, al tiempo que la economía se desaceleró.

Esto creó una situación difícil para muchas empresas y personas naturales que sobredimensionaron su capacidad de endeudamiento y potencialidad de pago, ocasionando dificultades a clientes y bancos.

Los primeros han tenido que reducir utilidades, entrar en procesos de refinanciamiento y reducción del tamaño de las empresas. Los segundos, a procesos de incrementos de reservas, pérdidas operacionales y la necesidad de hacer mayores aportes de capitales para mantener la solvencia institucional y evitar problemas sistémicos como los vividos en muchos países de Latinoamérica.

OBJETIVOS

1. Reducir los factores que elevan el costo del dinero y el costo de intermediación, para el  logro de tasas de interés competitivas.

2. Crear condiciones favorables para que existan suficientes recursos financieros, a ser utilizados para el apoyo de un mayor nivel de actividad económica, con estabilidad.

3. Crear condiciones favorables para incentivar el ahorro con tasas de interés suficientemente atractivas, para que sean compatibles con la demanda de los inversionistas y los usuarios del crédito

4. Evitar la politización de la formulación de las políticas cambiaria y la crediticia por cualquier órgano del Estado y dar mayor libertad de acción al mercado.

5. Evitar el crecimiento de la mora en el sistema bancario y entre empresas.

6. Mantener un sistema con instituciones financieras sanas, solventes y competitivas.

7. Crear mecanismos que hagan más accesible el crédito productivo y la inversión a largo plazo.

PROPUESTAS

1. Definir claramente la política cambiaria que seguirá el país, eligiendo entre el estado actual, caja de convertibilidad, dolarización o flotación.

2. Reducir la tasa de encaje legal en 500 puntos básicos en un plazo de diez meses a partir de septiembre de 2000, para dar mayor liquidez al sistema y contribuir a disminuir las tasas de interés.

3. Reducir el grado de intensidad de las colocaciones de títulos en el mercado por parte del BCR, concretamente de los CEM$ y CAM-D.

4. Reformar la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador para otorgarle mayor autonomía, con un presidente y demás miembros de la Junta Directiva elegidos para períodos mayores que el de la Presidencia de la República, y sustituciones de manera escalonada de los directores.

El presidente del BCR debería ser elegido de una terna de profesionales de reconocida capacidad y experiencia, presentada por la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa, quien decidirá por una votación calificada.

5. Promover líneas de crédito de desarrollo y una banca de fomento, con instrumentos de largo plazo, que posibiliten mayores tasas de inversión.

6. Diseñar, aprobar e institucionalizar un programa de prevención de insolvencia y de reestructuración financiera de empresas, con la participación de expertos en el tema, para ayudar a resolver los problemas de sobreendeudamiento y de mora de las empresas con el sistema financiero y con proveedores.

7. El gobierno debe acompañar este proceso con la creación de un Fondo destinado a financiar los programas de reestructuración financiera.

8. Ampliar los tramos de calificación de riesgos de acuerdo a lo anunciado por la Superintendencia del Sistema Financiero, mediante la creación de las categorías C1 y D1, para que la escala quede estructurada de la siguiente manera:

A   =    0% de reservas

B   =    1% de reservas

C   =  10% de reservas

C1 =   25% de reservas

D   =   50% de reservas

D1 =   75% de reservas

E   = 100% de reservas

9. Crear una banca de fomento, con recursos a largo plazo, complementada con líneas de crédito de desarrollo, que faciliten la reconversión industrial y productiva del país, así como la introducción de tecnologías de punta, para reducir costos de operación y elevar el nivel de competitividad desde las micro hasta la gran empresa.

10. Revisar el marco legal que permita simplificar los requisitos de los emisores para las colocaciones en Bolsa de Valores de títulos valores.

D. POLÍTICA COMERCIAL indice

A pesar que la reforma económica iniciada a partir del inicio de la década de los noventa se plateó como eje estratégico aumentar y diversificar las exportaciones, diez años después los resultados son limitados.

Entre los factores que han afectado el crecimiento económico está la apreciación cambiaria, la prestación ineficiente y costosa de los servicios portuarios, la precaria condición de las vías vitales de comunicación, el limitado acceso a fuentes de información actualizadas y sistemáticas sobre calidad, precios de productos y oportunidades de mercado, además de la falta de un programa institucional que acompañe a los empresarios.

Otros factores que han incidido de manera negativa son las prácticas de comercio desleal en los mercados de destino de las exportaciones, la falta de recursos que apoyen la labor comercial de las representaciones diplomáticas, la lentitud para hacer efectivo el reintegro a los exportadores, y fundamentalmente, la escasa oferta exportable.

1. Consolidar un sector exportador que permita el incremento y la diversificación de las exportaciones, ampliar los mercados externos y atraer mayores flujos de inversión extranjera directa.

2. Aumentar el valor agregado de las exportaciones, a través de mayor participación de materias primas y productos intermedios nacionales.

3. Desarrollar un sistema integral de información para el sector exportador, que facilite el acceso de los productos al mercado internacional.

4. Contar con una agenda de negociaciones comerciales internacionales estratégicas definida y priorizada conjuntamente por el Gobierno y el sector privado.

5. Asumir liderazgo en el perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano.

PROPUESTAS

1. Crear el Consejo de Comercio Exterior e Integración Económica conformado por representantes del más alto nivel del sector público y del sector privado. Este organismo tendrá las siguientes funciones:

i. Crear el mecanismo de apoyo a las exportaciones.

ii. Establecer un mecanismo para la Administración de los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales, con participación del sector privado en la Junta Directiva.

iii. Crear un mecanismo especial sobre medidas de salvaguardia y la defensa de la libre competencia, con participación del sector privado, para denunciar cualquier práctica comercial indebida (subfacturaciones, triangulaciones, mala clasificación arancelaria, incumplimiento de normas sanitarias, dumping, contrabando, etc.) con facultades para investigar y formular recomendaciones a las autoridades correspondientes.

iv. Crear un mecanismo de consulta para evaluar cualquier propuesta de modificación de los Derechos Arancelarios de Importación y las normativas fito y zoosanitarias, marcas, propiedad intelectual y otros, con participación del sector privado.

v. Dar seguimiento a la agenda de negociaciones comerciales internacionales, y asegurar la participación directa del sector privado en dichas negociaciones.

vi. Definir los lineamientos y las estrategias a seguir en los diferentes frentes de negociación que se abran, y en los foros comerciales regionales y mundiales.

vii. Perfeccionar la integración económica centroamericana.

2. Liderar el impulso de una nueva etapa del proceso de integración económica regional, que debería concentrarse en:

i. Renegociar el Arancel Externo Común Centroamericano y el establecimiento de una Unión Aduanera.

ii. Modernizar las aduanas centroamericanas.

iii. Definir una política tributaria regional.

iv. Definir una política agropecuaria, industrial y comercial de la región.

v. Poner en marcha un Reglamento Centroamericano de Solución de Controversias Comerciales.

3. Medidas de apoyo al sector exportador

i. Diseñar medidas complementarias de apoyo a las exportaciones en el marco de la OMC.

ii. Brindar las herramientas necesarias a las Representaciones Diplomáticas que faciliten la obtención y canalización de información comercial necesaria para el sector exportador.

iii. Concretizar el establecimiento del seguro de crédito a las exportaciones.

iv. Crear un fondo de apoyo a la Productividad y Diversificación de las Exportaciones destinado a financiar capital de trabajo para el desarrollo de nuevos productos.

v. Continuar los esfuerzos que realizan conjuntamente el gobierno y el sector privado, para crear las condiciones necesarias que permitan al país aprovechar al máximo los beneficios de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ICC, y asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

4. Otras medidas de política comercial.

i. Privilegiar Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea como frentes de negociación estratégicos para el país.

ii. Impulsar la aprobación a nivel de Centro América del CAUCA III.

iii. Agilizar la aprobación de los Reglamentos Comerciales relativos a la profundización y perfeccionamiento de la Integración de Centro América.

iv. Establecer un sistema de normas de etiquetado, definido conjuntamente entre las instituciones gubernamentales y el sector privado.

v. Institucionalizar mecanismos para prevenir y castigar prácticas de comercio desleal.

vi. Establecer un sistema de información de precios internacionales y volúmenes de importación con el objeto de definir un “precio usual de competencia” que inhiba la subfacturación, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO B, del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

III. ÁREAS DE DESARROLLO indice

Dadas las condiciones actuales de la economía, es necesario que el gobierno dirija sus esfuerzos hacia algunas áreas de desarrollo cuya actividad puede considerarse como vital para la reactivación económica. A continuación se presentan las más relevantes.

A. CONSTRUCCIÓN indice

Tradicionalmente la industria de la construcción se ha caracterizado por ser de las más dinámicas dentro de la actividad productiva del país. De hecho, creció rápidamente durante la primera mitad de la década de los noventa, con tasas que superaron significativamente el ritmo de toda la economía.

La débil infraestructura física del país y el elevado déficit habitacional, explican la sensibilidad del sector ante los signos positivos o negativos que en determinado momento puedan influenciar el desarrollo global del país.

Este paralelo es notorio a partir de 1996, cuando la economía entró en una fase de lento crecimiento, y se refleja en un creciente inventario de viviendas de interés social, terminadas o en proceso de construcción, ocasionando un debilitamiento en la estructura financiera de las empresas constructoras, incidido en los saldos bancarios y sobretodo en el cierre de empresas y la pérdida de empleos de los trabajadores de la industria de la construcción.

Las oportunidades de las empresas nacionales del subsector de infraestructura para participar en el desarrollo de las obras a cargo de la administración pública han sido limitadas, tanto por las condiciones que imponen los organismos internacionales de financiamiento, como por la mayor capacidad tecnológica y financiera de las empresas competidoras del exterior, las que normalmente cuentan con el apoyo de sus gobiernos.

Encarar toda esta situación, implica remover las causas que impiden la reactivación de la industria de la construcción.

1. 2. 3. PROPUESTAS

En Infraestructura se propone:

1. Aprobar al más breve plazo la LEY DEL FONDO VIAL, trasladando a la empresa privada nacional el mantenimiento de la red de carreteras primarias y secundarias.

2. Incorporar en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, cláusulas que eviten un tratamiento discriminatorio contra empresas nacionales en obras financiadas con recursos externos, y que otorguen preferencias a las empresas nacionales en el desarrollo de proyectos y de obras financiadas con recursos internos.

Asimismo, incluir disposiciones para implantar un sistema único de calificación de las empresas constructoras que participan de las licitaciones del Gobierno, de acuerdo a su desempeño y a su capacidad real instalada.

3. Transformar el Ministerio de Obras Públicas en una entidad de planeamiento, contratación y supervisión de las obras públicas.

En Vivienda se propone la formulación y ejecución de una POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA que incluya entre otros, lo siguiente:

1. Aplicar políticas de subsidio directo a la demanda de vivienda de interés social, administrado por el FSV y FONAVIPO.

2. Crear un Fondo de Garantía para habilitar al sector informal como sujeto de crédito hipotecario (financiamiento a largo plazo de vivienda de interés social).

3. Implementar un sistema de titularización de la cartera hipotecaria, garantizando la disponibilidad de recursos en el largo plazo para el financiamiento de la vivienda de interés social.

4. Centralizar en una sola oficina todos los trámites que se encuentran dispersos para el desarrollo de proyectos habitacionales, a través de un mecanismo de ventanilla única (TRÁMITE RÁPIDO). Por ejemplo, los trámites que se efectúan en OPAMSS, VMVDU, MARN y ANDA.

5. Instruir a las entidades respectivas a asumir la responsabilidad de dotar la infraestructura de servicios básicos, tales como agua, drenajes y vías de acceso, para reducir el costo de la vivienda de interés social.

6. Modificar el Reglamento de constitución de reservas de saneamiento por activos de riesgo, reconociendo las garantías reales de los activos hipotecarios de conformidad al Acuerdo de Basilea.

B. AGROPECUARIO indice

El agro continúa siendo importante para la economía salvadoreña, su contribución al PIB, incluyendo la agroindustria es casi el 23%, y es el sector con mayores demandas recíprocas con el resto de la economía.

De igual manera, el agro proporciona ciertos servicios ambientales que no son incluidos en los cálculos económicos, tales como la regulación del ciclo hidrológico, la absorción de carbono y la conservación de la biodiversidad.

Adicionalmente, de la gestión de los recursos naturales del agro, también depende la conservación de paisajes provistos de enormes potencialidades para el desarrollo de la industria turística.

Finalmente es necesario tener en cuenta que el agro es fundamental para la sostenibilidad social y al estabilidad política del país, es la base de la seguridad alimentaria de los salvadoreños, en el viven el 45.4% de la población y genera más del 30% del total de empleos.

Estos elementos obligan a ubicar al sector en una nueva dimensión, donde el gobierno, a través de una estrategia de desarrollo agropecuario y en asocio con el sector privado, ayude a remover las causas que impiden su reactivación.

OBJETIVOS

1. Recuperar la rentabilidad y competitividad del sector.

2. Reducir de manera sostenida la pobreza rural.

PROPUESTAS

1. Aumentar los aranceles de las materias prima de origen agropecuario en los que exista producción local, a los niveles más elevados vigentes en otro país centroamericano.

2. Elevar los aranceles de los productos sensibles y con mercados internacionales distorsionados a los niveles consolidados de la OMC, cuando exista amenaza para la producción nacional (por ejemplo, lácteos, azúcar, carnes, maíz, arroz).

3. Establecer contingentes de desabastecimiento y convenios de precios y comercialización entre productores y agroindustriales que promuevan la producción nacional.

4. Aplicar oportunamente medidas de salvaguardia generales en rubros amenazados por variaciones drásticas en los precios internacionales ante fluctuaciones en la oferta y la demanda en los mercados internacionales, o por riesgos de desorganización de los mercados asociados a la apertura comercial.

5. Crear Fondos Privados de Apoyo a la Productividad y Diversificación Agropecuarias, destinado a financiar programas de desarrollo de nuevos cultivos, de incremento en la productividad de rubros estratégicos, y de capitalización de las unidades productivas.

6. Transformar el BFA en un Banco de Desarrollo Rural que permita ampliar los servicios financieros para los pequeños y medianos productores de las áreas rurales y ofrecer créditos en condiciones adecuadas para proyectos de largo plazo.

7. Crear Centros de Gestión Agro empresarial en áreas que concentren productores dispuestos a participar en programas de diversificación agrícola, o de mejoramiento de la competitividad en rubros estratégicos.

8. Reestructurar el CENTA mediante la asignación de un rol de coordinador de la política de Generación y Transferencia de Tecnología (GyTT), incluyendo el establecimiento de un Fondo Competitivo para GyTT, y ser facilitador para el establecimiento de más convenios tipo CENTA-PROLECHE con organizaciones de productores agropecuarios.

9. Impulsar en el corto plazo la aprobación de la Ley de Semillas, la Ley de Pesca y la Ley Forestal.

10. Crear el Instituto de Pesca como ente autónomo que norme lo relacionado al subsector pesquero.

11. Apoyar mecanismos de comercialización a través de la Bolsa Agropecuaria.

C. INDUSTRIA indice

La industria constituye una área estratégica e importante para el desarrollo de la economía, por su capacidad para generar altos niveles de empleo y creación de riqueza.

La industria ha mantenido una tasa de crecimiento promedio de 6% en los últimos tres años, lo cual representa una importante contribución al crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, cuyo crecimiento fue de 3% en el mismo período, a precios constantes de 1990.

Para 1999 el sector contribuyó con más del 22% del PIB y ha generado más de 350,000 empleos, lo cual representa el 25% de los empleos en ese año, según los trabajadores registrados en el Seguro Social. La industria por su efecto multiplicador, genera un número aún más alto de empleos indirectos que fortalecen el crecimiento económico nacional.

El aporte en salarios en 1999 fue de 3,500 millones de colones al año, equivalente al 24% del total de salarios pagados. Adicional a los indicadores señalados, es de considerar el impacto no registrado en la generación de empleos en el sector informal, integración sectorial que permite a miles de familias contar con ingresos estables.

Todo lo anterior resalta claramente la importancia que el sector tiene para la economía del país, por lo que  a través de esta propuesta se pretende impulsar los cambios inmediatos, de corto y mediano plazo, que permitan generar un clima más atractivo la inversión y la generación de condiciones para que la industria nacional sea más competitiva, creando con ello más y mejores empleos.

OBJETIVOS

1. Promover la reestructuración de la planta industrial para mejorar la competitividad, como base sólida para el crecimiento sostenido de largo plazo.

2. Asumir el liderazgo en el Sistema de Calidad Industrial, como el medio principal de competitividad.

3. Proteger a la industria de las prácticas internacionales de comercio desleal y de las acciones delictivas de contrabando.

4. Promover y proteger la libre competencia en los diferentes mercados.

PROPUESTAS

1. Crear un Fondo para la Reconversión Industrial, que incluya líneas de financiamiento en condiciones especiales para capital de trabajo, ampliación y modernización de la planta productiva, adquisición de tecnología de punta y protección del medio ambiente.

2. Diseñar un programa de incentivos para apoyar el desarrollo de procesos de mejora continua, el aseguramiento de la calidad y normas técnicas.

3. Implementar un programa de capacitación focalizada a las diversas actividades del sector de parte del INSAFORP.

4. Crear estímulos para la desconcentración espacial de la producción industrial, a través del desarrollo de infraestructura, incentivos fiscales y flexibilización del mercado laboral.

5. Promover la creación del Consejo Regional para la Integración y la Competitividad, CRIC.

6. Diseñar y desarrollar programas de fortalecimiento de la pequeña y median industria, mediante la asociatividad, transferencia de tecnología y capacitación de los cuadros gerenciales y recursos humanos en general.

7. Establecimiento de un marco jurídico y tributario para incentivar la inversión nacional y extranjera. En particular debe legislarse para lograr un tratamiento favorable a la reinversión de utilidades y compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, así como la utilización del crédito fiscal para el pago a cuenta de otros impuestos.

8. Revisar el marco regulatorio del mercado de la generación de energía, con el propósito de asegurar la competencia.

D. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA indice

El sector PYME produce en El Salvador, como en cualquier otro país, el mayor valor agregado, contribuyendo decisivamente a la generación de empleo, pero es sensible a los ciclos de la economía.

Con el proceso de apertura, la cerrada competitividad del exterior y el lento crecimiento global observado en los últimos años, las PYME han caído en deterioro, abarcando las distintas ramas y actividades que la conforman.

Adicionalmente, las PYME son poco flexibles para adaptar sus procesos productivos e incorporar nueva tecnología, por la limitada capacidad de movilizar recursos financieros y humanos.

OBJETIVOS

1. Procurar un mayor grado de formalización para las MIPYME.

2. Preparar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante los retos de la apertura comercial y la globalización.

PROPUESTAS

1. Promulgar la Ley para el Fomento del sector de la micro, pequeña y mediana empresa.

2. Simplificar los requisitos legales para la formalización y registro de las micro y pequeñas empresas.

3. Crear una banca de desarrollo dedicada a las MIPYME.

4. Propiciar la creación de instrumentos financieros tales como Sociedades de Garantías Recíprocas, Capital de Riesgo, Leasing y otros.

5. Abrir líneas de crédito especiales y cobertura de seguro de cobranza para el comercio exterior.

6. Establecer convenios entre la CONAMYPE y las gremiales representativas del sector, para la ejecución de programas integrados de Capacitación y Asistencia Técnica, ajustados a las necesidades de las MIPYME.

7. Fortalecer financieramente a CENTROMYPE, de manera que pueda propiciar el fomento a las exportaciones no tradicionales y el establecimiento de relaciones comerciales entre las PYME y las empresas grandes, a través de convenios con las gremiales representativas del sector.

E. TURISMO indice

El turismo apenas comienza a mostrar una nueva fisonomía, después de la crisis como consecuencia del conflicto armado. Sin embargo, el país continúa evidenciando rezagos respecto de otros países del área.

Con la creación de CORSATUR, el gobierno entregó una primera muestra del interés de ubicar al turismo en una nueva dimensión, pero se requieren medidas específicas que permitan sacar ventajas de todo el potencial que tiene el país.

Es importante la creación de nuevos instrumentos y acciones de apoyo que permitan aumentar el turismo receptivo, tomando en cuenta las relaciones a desarrollarse con los restantes países del área.

OBJETIVOS

1. Recuperar el turismo como fuente de generación de empleo.

2. Posicionar el turismo salvadoreño como uno de los más competitivos a nivel regional.

PROPUESTAS

1. Promulgar la Ley de Turismo que equipare los incentivos turísticos con los ofrecidos en otros países de Centro América.

2. Mejorar la infraestructura vial, como la carretera al aeropuerto, la salubridad, comunicaciones y servicios básicos, en aquellos puntos de interés turístico.

3. Diseñar y poner en marcha un programa institucional para mejorar la imagen de El Salvador a nivel internacional, a través de la Oficina de Promoción de Inversiones, con participación pública y privada en misiones conjuntas de atracción de inversiones.

4. Fomentar la participación como país en las principales ferias especializadas en forma permanente, con una presencia semejante a los países centroamericanos.

5. Fomentar el turismo vacacional de playa, montaña, ciudades y cultural, que produce un alto valor agregado.

6. Dotar a CORSATUR de un Presupuesto adecuado para cumplir con sus funciones.

CONSIDERACIONES FINALES indice

El compromiso de ANEP es apoyar los esfuerzos de todos los salvadoreños en la construcción de un país libre, democrático y solidario, con una economía que crece a partir del estimulo de las exportaciones y la inversión extranjera directa, como ejes centrales para la generación de riqueza, el aumento en el nivel de vida de la población y la superación de la pobreza.

En este contexto, ANEP presenta esta PROPUESTA para contribuir a la reactivación de la economía nacional, la cual nace de la participación directa de las gremiales asociadas y cuenta con el apoyo de los empresarios que asumen como retos los planteamientos y objetivos que se presentan en este documento.

De la misma manera, la PROPUESTA ha tomado en consideración esfuerzos en la misma dirección, como la Nueva Alianza, las Acciones Iniciales del Plan de Nación y el estudio Crecimiento con Participación: una Estrategia de Desarrollo Para el Siglo XXI, preparado por FUSADES.

El enfoque de RESPONSABILIDAD COMPARTIDA que subyace en esta PROPUESTA, debe contribuir a crear un marco de relaciones entre el sector público, el sector laboral y el sector privado, basado en la cooperación, el apoyo mutuo y la complementariedad.

En ese sentido, se espera que este documento, a diferencia de otras propuestas que en el pasado han sido presentadas, sea llevado a la práctica, de manera que se utilice todo el acopio y consenso que en el mismo se han vertido.

Por tanto, se considera fundamental llevar a cabo las siguientes acciones:

1. La conformación de equipos de trabajo integrados por miembros del gobierno y del sector privado, para estudiar la forma y procesos para implementar esta PROPUESTA.

2. Abrir canales de consulta con la Asamblea Legislativa para la aprobación de las leyes que sean necesarias para alcanzar los objetivos socioeconómicos propuestos.

3. Establecer relaciones de trabajo con la Corte Suprema de Justicia para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y reducir la inseguridad que existe en el país.

El sector privado mantiene una apertura para dialogar con todas las fuerzas vivas del país, con el objeto de encontrar los consensos necesarios para que se fortalezca la gobernabilidad democrática, y se encuentre el camino que conduzca a El Salvador al desarrollo económico y social, sostenible y con equidad.

En ocasión de la celebración del próximo ENADE 2001, ANEP presentará los resultados del seguimiento de la ejecución de las acciones recomendadas en esta PROPUESTA.

Se considera que los resultados serán favorables sólo en la medida en que se adopte un compromiso efectivo por parte de las autoridades para la aplicación de esta PROPUESTA.

EL SALVADOR:

UN COMPROMISO DE TODOS.

Julio de 2000, San Salvador, El Salvador

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