Representantes de la Sociedad Civil reiteraron peligros de reformarse la Constitución

En el marco del 37 aniversario de la Constitución de la República, siete organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la intención del Ejecutivo de impulsar una reforma a la Carta Magna  que pondría en riesgo la democracia y el estado de derecho.

En un pronunciamiento en colectivo representantes de Acción Ciudadana,  Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ),  Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades),  el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y el Centro de Estudios Jurídicos,  manifestaron su preocupación sobre el proyecto de reforma a la Carta Magna impulsado por el Ejecutivo y dirigido por la vicepresidencia de la República.

Los representantes de las siete entidades de la sociedad civil advirtieron sobre lo peligroso que puede ser modificar la Constitución en el contexto actual y reiteraron su temor de que el proyecto sea impulsado por un gobierno que ha dado claras muestras de violaciones a las leyes y abusos de poder, mismos que se han visto reflejados en ataques a la democracia y la institucionalidad del país.

“Actualmente nuestra Constitución, que manda poner al Estado al servicio de la persona humana y de la sociedad, enfrenta ataques sistemáticos. En 2020 ha sido especialmente sombrío por acciones del presidente de la República que van desde la militarización de la Asamblea Legislativa, en clara violación a la separación de poderes, regímenes de excepción inconstitucionalmente impuestos, la desobediencia reiterada a sentencias judiciales, la instrumentalización de la policía para impedir la investigación de la corrupción y una iniciativa ilegitima y peligrosa, proveniente del mismo ejecutivo para cambiar la constitución sin que haya expuesto claramente lo que le interesa modificar y sin tener facultades para promover dichas reformas”, expresaron en el pronunciamiento los miembros de las siete organizaciones.

Respecto a los reiterados ataques a la Constitución,  German Rivera del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ),  explicó que desde el CEJ han estado señalando una serie de actuaciones, particularmente del Órgano Ejecutivo, del presidente y de sus funcionarios, en el sentido de  desatender los mandatos constitucionales y exceder sus competencias particularmente con el tema de la pandemia y los decretos ejecutivos que se emitieron  y que trascendían a la limitación de derechos  o eran prácticamente regímenes de excepción.

“Otras conductas muy precisas como invadir al Órgano Legislativo con el uso de la Fuerza Armada o el incumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son algunas muestras de ataques a la Constitución”, agregó el abogado.

Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional coincidió con Rivera y dijo que precisamente  la muestra más clara de las violaciones a las leyes ha sido la negativa del Ejecutivo a respetar las sentencias de la Sala.

“Hemos visto  una actitud de parte del ejecutivo que dijo que cinco funcionarios no podían darle órdenes al presidente y eso ha sucedido en varias ocasiones, ( la Sala) es la máxima instancia de control del ejercicio de los poderes públicos para todo el resto de órganos del Estado  y que un presidente diga que no va a cumplir al máximo tribunal del país es una forma de no querer someterse a los controles que la sala ha ejercido en estos 37 años , se pone en riesgo el estado de derecho. Son tribunales, si es uno de primera instancia, no hay más que discutir “, dijo el exmagistrado.

Javier Castro de Fusades mencionó que desde Fusades también han observado un patrón de acciones autoritarias que se agudizaron el 9 de febrero y luego en la pandemia.

“Se ha violado la constitución, atropellado derechos fundamentales, se ha violentado el principio de separación de poderes, se ha desobedecido sentencias de la Sala de lo Constitucional,  se están instrumentalizando con fines políticos a los cuerpos de seguridad, todas estas son señales sumamente preocupantes para el orden democrático”, afirmó Castro.

El representante de Fusades explicó además que el Ejecutivo no tiene las facultades para impulsar una reforma a la Carta Magna y está deslegitimado para impulsar un proceso de esta naturaleza. “El que sea impulsado desde el Ejecutivo representa un riesgo para la democracia pues se puede querer conducir este proceso para debilitar a las instituciones de control y para apuntalar un proyecto de acumulación de poder”, advirtió.

“Creo que no hace falta inferir demasiado para entender que un gobierno de talante autoritario no puede pretender una reforma a la Constitución que tenga un signo distinto”, dijo por su parte José Marinero de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.

“Nos genera mucha preocupación que un gobierno como este esmerado, en eliminar o reducir al mínimo cualquier control al ejercicio del poder ejecutivo pretenda ahora impulsar una reforma a la Constitución, de raíz este proceso tiene un vicio y es de legitimidad”, agregó Marinero.

Sobre los bloqueos en el Instituto de acceso a la información pública, particularmente la decisión de que los audios de las sesiones ya no podrán ser de carácter público,  Javier Castro de Fusades afirmó que eso es parte de acciones sistemáticas orientadas a debilitar el derecho al acceso a información pública que es un derecho de carácter fundamental.

“Son acciones reiteradas orientadas a desmantelar  todo lo que tenga que ver con el acceso a la información pública y el Instituto de Acceso a la Información que  ha perdido su independencia  y su eficacia, esto es preocupante porque abre puertas hacia la opacidad y corrupción”, expresó el representante de Fusades.

Daniel Olmedo, Gerente Legal de ANEP también se pronunció e hizo un llamado a estar vigilantes a que se respete la Constitución y que las reformas que se impulsen no obedezcan a intereses particulares.

Los representantes de las siete organizaciones reiteraron el llamado a los funcionarios del Órgano ejecutivo y en particular a los cuerpos de seguridad que se sometan al orden constitucional que juraron respetar.

Homenaje a la Carta Magna

Siempre en el marco del 37 aniversario de la Constitución los representantes de las siete instituciones de la sociedad civil realizaron también una solemne ceremonia en la que se contó con un ejemplar original de la Constitución de 1983.

“Estamos comprometidos con la defensa de la Constitución y no es defender el documento,  es defender el contenido, defender la Ley, el Estado de Derecho (…), sino hay estado de derecho no puede haber prosperidad por eso hacemos hincapié en que se respete la Ley, nos unimos al compromiso de seguir defendiendo la Constitución y el estado de derecho”, dijo el  doctor Javier Simán, presidente de ANEP en la apertura de la ceremonia.

Rodolfo González reiteró también que la defensa de la Constitución no solo corresponde a la Sala de lo Constitucional es un deber de todos. “Estamos involucrados todos los ciudadanos, somos parte del pueblo, de la población que tiene un interés claro en que los principios, valores, derechos y  garantías establecidos en la Constitución sean una realidad”, dijo el exmagistrado.

Carlos Sánchez Escobar, magistrado de la Sala de lo Constitucional afirmó que como país “vivimos tiempos difíciles  pero precisamente eso debe unirnos más y el instrumento que nos une es la Constitución, un estado tiene sentido si trata de procurar el mejor bienestar para sus habitantes. Hay dos fundamentos importantes:  la legalidad constitucional y la libertad. Nos gobiernan las leyes no los sentimientos de un gobernante”, acotó.